Antes de ser extraditado, Alias "Otoniel" vinculó empresarios con paramilitares

Ciento ochenta y tres días después de su captura —calificada como la más valiosa de los últimos años—, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, tendría las horas contadas para abordar el avión que lo llevará extraditado a Estados Unidos, donde responderá por cargos de narcotráfico.


Y aunque el jefe máximo del ‘clan del Golfo’ se lleva varias verdades sobre el conflicto armado, en su paso por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante la última semana le dio la vuelta a su actitud frente a la justicia y comenzó a destapar revelaciones sobre temas de los que inicialmente dijo no tener información.


El contenido del testimonio del capo llamó la atención de la magistratura a tal nivel que la JEP va a compulsar copias contra exgobernadores, empresarios, contratistas y militares salpicados por ‘Otoniel’, quien indicó los supuestos vínculos que tuvieron esas personas con los grupos paramilitares de los que él hizo parte y su presunta participación en hechos de corrupción (como el otorgamiento de dineros de contratos a grupos ilegales) y violencia (como masacres, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos, asesinatos de líderes sociales y sindicales, entre otros).


Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, el capturado exjefe del 'clan del Golfo', declaró en diciembre, en una audiencia que duró cinco horas ante la JEP.

Para las víctimas, la extradición de alias Otoniel “significa, muy probablemente, perder la esperanza de que se sepa la verdad sobre varios hechos que este señor conocía por la trayectoria criminal tan amplia que tenía”, como contó un líder de la región del Urabá que pidió no mencionar su nombre.

En esa misma línea, el abogado del Comité de Solidaridad con Presos Políticos Fernando Rodríguez Kekhan, que representa a algunas de las víctimas del capo en la JEP, aseguró que los testimonios que alcanzó a entregar el cabecilla “no son suficientes y, además, en cada uno de ellos surgieron inquietudes, preguntas, cuestionamientos y la necesidad de contrastar información”.


La preocupación de Kekhan es la de miles de víctimas del conflicto, sobre todo del Urabá y los Llanos Orientales: que desde Estados Unidos se restrinjan las posibilidades de que el capo colabore con el esclarecimiento de la verdad en Colombia.

Lo cierto es que, si ‘Otoniel’ tiene disposición genuina de aportar, podrá hacerlo incluso desde suelo norteamericano, como señala el concepto de la Corte Suprema de Justicia que le dio luz verde a su extradición, y como ya ha ocurrido con algunos de los exparamilitares que fueron enviados a Estados Unidos luego de la desmovilización de las Auc, como Salvatore Mancuso, que aún comparece ante los tribunales de Justicia y Paz a través de medios virtuales.


Los primeros aportes del cabecilla en la JEP se dieron en el marco del macrocaso 04, sobre el conflicto en la región del Urabá. Para la magistrada Nadiezhda Henríquez Chacín –relatora del caso 04 y primera togada en recibir el testimonio del capo– aún “falta mencionar responsables respecto de todos los hechos que señaló y de los que esperábamos más información”.

Según Kekhan, con la llegada del capo a Estados Unidos –que se daría en los próximos días–, las víctimas creen “que no va a ser mucho lo que cuente, y va a estar siempre controlado por el Boreau de prisiones norteamericano. No va a tener la posibilidad de ejercerse con libertad suficiente para que la JEP determine sus fechas de citación, sino que vamos a estar sometidos al tiempo y disposición que quieran ofrecer las autoridades”.

Sin embargo, la magistrada Henríquez considera que estas verdades “son susceptibles de ser recibidas, independientemente del lugar donde se encuentre recluido el señor Úsuga David, y son verdades que tienen la capacidad de traspasar las fronteras, entendiendo en todo caso la existencia de normas y protocolos de cooperación y asistencia internacional, para la recolección de medios probatorios que se requieran”.

Fuentes del caso 03 de la JEP –que investiga los ‘falsos positivos’ y en el que también dio su versión el cabecilla del clan– indicaron que el acceso a su testimonio, incluso desde Estados Unidos, es crucial para satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.


Y también para terminar de armar el rompecabezas sobre los asesinatos de civiles inocentes que miembros del Ejército presentaron como delincuentes dados de baja para aumentar sus cifras de éxito y recibir beneficios. Sobre todo a principios de siglo, en los Llanos Orientales, donde ‘Otoniel’ delinquió como miembro del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

De hecho, los testimonios que alcanzó a recibir la JEP —y que serán analizados y contrastados— dejaron nuevos elementos sobre eventos pasados, claves para esclarecer fenómenos como los ‘falsos positivos’, la connivencia entre agentes del Estado y miembros de la Fuerza Pública con organizaciones criminales y los entramados de corrupción que se fraguaron en el marco del conflicto.


¿Qué contó esta semana?


Pese a que en diciembre de 2021, en su primera versión ante la jurisdicción, ‘Otoniel’ se quedó completamente en silencio, en una actitud renuente a declarar lo que sabía, personas cercanas al proceso aseguraron que tras un cambio de abogado el capo empezó a ‘aflojar verdades’.

Eso, dijeron, se intensificó en las dos audiencias que se desarrollaron esta semana (el martes y el miércoles), en las que se vio un giro radical en su actitud, que incluyó la entrega de una lista de nombres de personas que habrían tenido vínculos ilegales con los paramilitares de las Auc.


Aunque la versión del capo se hizo bajo extremas condiciones de reserva, este diario pudo establecer que ‘Otoniel’ mencionó por lo menos cinco temas controversiales: la supuesta participación del general (r) Mario Montoya Uribe y otros altos oficiales en hechos irregulares, el plan paramilitar con el auspicio de uniformados del Ejército para la masacre de Mapiripán, el presunto apoyo de la Fuerza Aérea a grupos ilegales en los Llanos, las alianzas de políticos y empresarios con los ‘paras’ y las nóminas paralelas (que se mantendrían actualmente).

Ante los magistrados de la JEP Alejandro Ramelli Arteaga y Hugo Escobar Fernández de Castro, el procurador delegado Alonso Pío, tres abogados de víctimas y su defensor Camilo Santacoloma, el capo aseguró en su declaración que el excomandante del Ejército Nacional Mario Montoya Uribe supuestamente recibió un apartamento blindado y una millonaria suma de dinero a cambio de trasladar al cuestionado general (r) Leonardo Barrero Gordillo (señalado en las últimas semanas de pertenecer a la red del fugado capo alias Matamba).

‘Otoniel’ también mencionó al general (r) Rito Alejo del Río, a un coronel de apellido Pérez, de la Brigada 27, que habrían tenido vínculos con paramilitares y recibido beneficios ilegales del grupo ilegal, y al general (r) Jaime Uscátegui, condenado por la masacre de Mapiripán. Sobre ese hecho, que dejó más de 60 víctimas, ‘Otoniel’ dijo que 90 paramilitares se desplazaron en aviones desde el Urabá antioqueño hacia los Llanos, en un avión del Ejército y sin importar que en el aeropuerto había vigilancia de la Policía.

Esa anuencia de la Fuerza Pública al accionar paramilitar, según ‘Otoniel’, llegó al punto de recibir información de inteligencia para hacer operaciones e, incluso, recibir listas de personas que debían ser asesinadas en las vías del Llano, muchas de las cuales fueron víctimas de ‘falsos positivos’.

“Hay muchos casos de los que habló de forma genérica, pero sobre los que expresó conocer la identidad de los responsables y hacer revelaciones más concretas”, dijo una fuente de la JEP.

Dar a conocer esa información es una de las deudas que ‘Otoniel’ tiene con las víctimas y con el país.


Fuente: DIARIO EL TIEMPO

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