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Aumenta tensión entre Venezuela y Guyana, por territorio del Esequibo



La Corte Internacional de Justicia ordenó a Venezuela y Guyana abstenerse de realizar acciones que puedan agravar la disputa por el territorio Esequibo, pero no pidió suspender el referendo consultivo que será celebrado este domingo.


La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó el viernes a Venezuela y Guyana abstenerse de llevar a cabo acciones que pudieran agravar la disputa por el Esequibo, territorio que ambos países consideran suyo, pero no pidió suspender el referendo consultivo que Venezuela celebrará este domingo. La CIJ dictó medidas provisionales al concluir que existe un “riesgo de perjuicio irreparable” al derecho "plausible" de Guyana antes de que dicte su decisión final sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899 que cedió el territorio a Gran Bretaña, que en ese entonces mantenía a Guyana como colonia.

En la sentencia, la CIJ aseguró que Guyana "administra y controla" el territorio en disputa e insistió en que Venezuela debe “abstenerse de cualquier acción que modifique tal situación” hasta tanto se produzca una decisión final sobre la controversia.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro promueve un referendo para consultar a los venezolanos si están de acuerdo en no reconocer la CIJ para resolver la controversia territorial y si aprueba anexar la Guyana Esequiba, territorio en disputa de unos 160.000 kilómetros cuadrados, como un estado e incorporarlo al mapa de territorio venezolano. A finales de octubre Guyana presentó la solicitud de medidas provisionales por considerar que Venezuela no debe celebrar el referendo hasta que la CIJ se pronuncie sobre los temas de fondo para determinar si el Laudo Arbitral de 1899 es válido.

El Estado venezolano solicitó rechazar la solicitud y advirtió que “nada evitará la realización del referendo previsto para el 3 de diciembre”. Guyana argumentó que el referendo busca obtener respaldo popular para rechazar la jurisdicción de la CIJ en la disputa territorial y, tras la consulta, anexar el territorio en disputa por la fuerza. La jueza Joan Donoghue, presidenta de la CIJ, reiteró, al leer la sentencia, que las órdenes con medidas provisionales “tienen efecto vinculante” y por lo tanto “crean obligaciones jurídicas internacionales”.

Tras el veredicto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que triunfó la verdad de Venezuela, pero ratificó que el gobierno venezolano no reconoce la jurisdicción de esa instancia para dirimir el diferendo. “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela toma nota del pronunciamiento emitido por la CIJ en relación con las insólitas e intervencionistas medidas provisionales requeridas por Guyana contra el referendo consultivo (…) la Corte desechó en su conjunto esta solicitud inaudita y sin fundamento que se relaciona con un asunto del dominio exclusivo de Venezuela”, dijo en una declaración transmitida por el canal del Estado.

Especialistas han reiterado que el Estado venezolano también pudo haber presentado una petición de medidas provisionales para solicitar que Guyana deje de explotar recursos en el Esequibo. Venezuela, que tiene hasta abril del 2024 para presentar una contra memoria, no reconoce el mecanismo judicial como medio de resolución de la histórica controversia y sostiene que el Acuerdo de Ginebra es el “único instrumento válido” para resolverlo. En 1966 se firmó el acuerdo para dirimir el centenario conflicto sobre la soberanía, luego de que Venezuela consideró nulo e írrito el Laudo Arbitral de París de 1899. En 2018, Guyana acudió unilateralmente CIJ, principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para pedir resolver el diferendo que, en 2020, se declaró “competente” para examinar la disputa fronteriza, lo que ha sido objetado por Venezuela.



Historia


Expertos consultados consideran el referéndum por el Esequibo del 3 de diciembre como una estrategia de Nicolás Maduro para diluir el efecto de las primarias y señalan consecuencias en el derecho internacional.


La histórica disputa territorial entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo ha dado un nuevo vuelco en las últimas semanas. Si bien el conflicto lleva más de un siglo sin resolverse, la reciente convocatoria por parte de Nicolás Maduro de un referéndum no vinculante sobre este territorio -previsto para el 3 de diciembre de 2023- y la posterior solicitud de una audiencia por parte de Guyana para el 14 y 15 de noviembre en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) -que examina el caso desde 2020 -con el propósito de impedir los efectos de dicha consulta, han terminado por embarrar todavía más un proceso abierto desde 1899. "Estamos en un pico de tensiones diplomáticas sin precedentes en la historia del conflicto territorial entre ambos países", dice a DW Rocío San Miguel, presidenta de la ONG venezolana Control Ciudadano.

Un referéndum cuestionable El presidente venezolano convocó el referéndum el pasado 23 de octubreen lo que varios expertos apuntan a un movimiento clave tras el resultado de las primarias de la oposición. De hecho, un día antes, más de dos millones y medio de votantes eligieron a María Corina Machado -que sigue inhabilitada por el chavismo -para enfrentarse a Maduroen las presidenciales de 2024. "¿Por qué sacar un tema que convoca al espíritu más ferviente de la venezolanidad después de este resultado electoral? Sin duda, para instrumentarlo como un elemento que desviará la atención del profundo impacto político", recalca San Miguel.

Analistas también cuestionan la redacción de las preguntas que formula la consulta -un total de cinco-, incluso la inconstitucionalidad de las mismas, así como las posibles repercusiones en el derecho internacional público. Son "perversas en su concepción", y alguna, como la tercera, "está diseñada para abandonar el caso ante la Corte Internacional de Justicia, lo cual será un error histórico para Venezuela", señala San Miguel.


La cuarta y quinta son "un cheque en blanco", que pueden agravar el conflicto hasta con consecuencias militares", agrega. Esta opinión también es compartida por Yoel Lugo, politólogo de la Universidad Rafael Urdaneta (URU) de Maracaibo: "El Gobierno de Maduro aspira a obtener un cheque en blanco para luego poder barajear varias opciones, incluso la militar, y así poder alargar su mandato y retrasar la elección presidencial del 2024 por un posible 'estado de excepción'", dice a DW.

Para Jesús Castillo Molleda, politólogo y director de la agencia venezolana Polianalitica, el referéndum tiene una consecuencia más, ya pone en jaque a la opinión pública opositora: "Una cosa es que estés en contra del Gobierno y otra que estés en contra de la defensa de un territorio que históricamente los venezolanos se les ha dicho que es de Venezuela", dice a DW, y añade que el próximo 3 de diciembre servirá al Gobierno nacional para calibrar sus estructuras políticas.

Disputa histórica El Esequibo, denominada Guayana Esequiba en Venezuela, es un territorio rico en fauna, flora y minerales y cubre una extensión de unos 160.000 kilómetros al oeste del río homónimo, unas dos terceras partes de la propia Guyana.


Durante el siglo XIX, esta antigua colonia británica delimitó su territorio al este del caudal fluvial, pero poco a poco fue extendiéndose hacia el oeste, el cual ya formaba parte de la Capitanía General de Venezuela.


Una disputa en 1841 "deja claro que las autoridades británicas ya reconocieron la frontera fluvial del río Esequibo", dice Lugo. Pero el descubrimiento de yacimientos de oro y la llamada "Línea Schomburgk", que hizo avanzar hacia el oeste la frontera de la Guyana Británica, anexionándose el actual territorio en disputa, desenvocó en el Laudo Arbitral de París de 1899, foco de la actual polémica, pues "despojó a Venezuela de todo el Esequibo", dice a DW Jorge Morán, politólogo de la Universidad Rafael Belloso Chacín.


Venezuela lo consideró "írrito y fraudulento", añade Morán, al haber indicios de inexactitudes y juicios parciales. Con el Acuerdo de Ginebra de 1966 -que es el que Venezuela defiende actualmente -se buscó una resolución política viable y efectiva del conflicto, admitiendo además la existencia de controversia por el laudo de 1899.


Pero las conversaciones se extendieron sin resultados y agotados todos los procedimientos la ONU remitió el caso al CIJ, impulsado también por la propia Guyana. En 2020 el organismo aceptó examinar el caso. Con el referendo del 3 de diciembre, Venezuela buscaría consensuar la negativa histórica al Laudo de 1899, ratificar el apoyo al Acuerdo de Ginebra y negarse nuevamente a la participación del CIJ en el caso.

El conflicto también se ha agudizado por los numerosos descubrimientos de yacimientos petrolíferos, que han atraído grandes consorcios internacionales, como ExxonMobil, expandiendo los intereses de los guyaneses, y convirtiendo la zona, a su vez, en un atractivo para el Gobierno de Nicolás Maduro, indica Morán. "Creo que Guyana se ha aprovechado del desinterés y la irresponsabilidad de los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, en especial del primero, que abandonó en la práctica el reclamo sobre el Esequibo”, dice Morán. Desde 2020, Venezuela ha asistido a dos audiencias de la CIJ, señalando, no obstante, que este organismo no tiene competencias sobre el asunto, y enfocándose en el Acuerdo de Ginebra.

Resolución pacífica La resolución de la disputa debe basarse en las normas de derecho internacional que establece el CIJ. Así, para San Miguel, Venezuela debe usar este organismo como medio para resolver la controversia, en lugar de distanciarse del mismo. Por un lado, "para pedir que cesen la concesión de recursos de explotación para recursos naturales en territorio Esequibo" y, por otro, "para que termine la presencia de efectivos militares por parte de Guyana en el territorio en reclamación", señala. Para Lugo, "ninguna decisión que sea unilateral será provechosa para los más de 125.000 habitantes del territorio esequibo ni los más de 30 millones de venezolanos que añoran ver en su mapa anexado el territorio históricamente y legítimo venezolano", dice.



Fuente: LA VOZ DE AMÉRICA / DW (ALEMANIA)

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