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"Cese al fuego no significa permisión para realizar delitos”: MinDefensa


La implementación de la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro sigue avanzando, eso sí, no tan rápido como se esperaba, pues, según aclaró el ministro de Defensa Iván Velásquez desde Tarazá (Antioquia), pese a que está en marcha el mecanismo de verificación al cese al fuego bilateral con las disidencias de las FARC —el Estado Mayor— y el Clan del Golfo, aún no se han establecido las mesas de conversación con estos grupos armados.

”La única Mesa de diálogos que está activa en este momento es la del Ejército de Liberación Nacional (ELN)”, aclaró el ministro Velásquez, que también explicó que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es la dependencia encargada de estos procesos.

El ministro también advirtió que, pese al cese al fuego, las operaciones militares y policiales contra el narcotráfico, así como las encaminadas a proteger a las comunidades, seguirán, poniendo como ejemplo que si la Fuerza Pública encuentra un laboratorio para la producción de droga este será destruido:

“Sin que nadie pueda afirmar que hay una violación del cese por parte de la Fuerza Pública, porque es inadmisible que siquiera pudiera entenderse que el cese al fuego signifique una permisión para que continúen realizando sus actividades delictivas”, indicó el ministro Velásquez, según lo citan en Caracol Radio.

El ministro Velásquez, también desde Tarazá, exhortó a la Fiscalí a reabrir de nuevo su sede en el municipio, que permanece cerrada después del secuestro y posterior liberación de tres funcionarios judiciales.


Destrucción


Desde Tarazá, el ministro Velásquez anunció, durante un recorrido por la región junto a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, el gobernador Aníbal Gaviria y los altos mandos militares, el reinicio de las operaciones de la fuerza pública para destruir la maquinaria de gran escala en la minería ilegal en la zona, luego de analizar la situación de seguridad y las graves afectaciones al medioambiente. Velásquez también aseguró que los organismos de inteligencia deben actuar para afectar las finanzas de las redes criminales.


El ministro Velásquez también advirtió que se reconsideró un compromiso al que se había llegado en el 2022 con los habitantes del municipio de Cáceres que se extendía al Bajo Cauca antioqueño y había frenado las operaciones del Ejército y la Policía que destruían maquinaria de la minería ilegal como las dragas, retroexcavadoras y volquetas, usada para la extracción de minerales de la región.

“Lo que hemos observado es un territorio realmente deteriorado, gravísimamente deteriorado. Hemos hablado sobre este tema, frente a un acuerdo que se había celebrado en Cáceres, que comprendía también la región del Bajo Cauca, respecto de las operaciones que venía realizando la Fuerza Pública de destrucción de maquinaria amarilla y de dragas; un acuerdo que suspendió casi en general y que es necesario, haciendo los ajustes pertinentes, diseñar ya la reactivación contra la gran minería de parte de la Fuerza Pública”, explicó el ministro.

La ministra Muhamad aseguró que hay una afectación muy grave a las microcuencas que abastecen los acueductos en los municipios y en cuerpos de agua como las ciénagas, lo que ha llevado a que desde el Gobierno Nacional se tomen decisiones:

“Con base en esto, la autoridad ambiental, el Sistema Nacional Ambiental, el Ministerio de Ambiente clasificará a todos los que están ejerciendo la minería, en esas zonas excluibles”, y ratificó que se hará una oferta clara a los mineros para trabajar formalmente.

En cuanto al acuerdo firmado en el 2022 no implica el freno de las grandes operaciones contra la minería ilegal, algunas de ellas que se asocian al extranjero. “Aquí no se ha suspendido ni la Constitución ni la ley (...) y, como lo anuncia el ministro de Defensa, se reactivan las operaciones contra la gran minería ilegal, nunca fueron parte del acuerdo ni la gran minería ni la maquinaria amarilla”, finalizó la ministra.


Fuente: INFOBAE

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