Comienza la ardua lucha por la pacificación definitiva de Colombia

El designado canciller, Álvaro Leyva, dio a conocer que el gobierno de Gustavo Petro buscará la paz generalizada con todos los grupos armados al margen de la ley.


Este pronunciamiento se registró después de que se conoció una carta en la que exparamilitares y el Clan del Golfo pidieron al gobierno de Petro iniciar negociaciones de paz. Desde Bogotá, Leyva aseguró que no se excluirá a ninguna estructura ilegal, pero detalló que habrá procesos diferentes de acuerdo al tipo grupo con el que se vaya a dialogar.

“Aquí lo que hay es una reiteración de la voluntad de paz, pero de manera colectiva incluyendo unos grupos que no se habían manifestado antes”, dijo el canciller designado. En esa línea, Leyva señaló que se trata de una oportunidad única para el país y agregó que “no podemos ser inferiores porque es de golpe el momento en que se puede llegar a la paz total”.

Se le consultó al Canciller si se incluirá a las disidencias de las Farc, que desistieron al Acuerdo de Paz firmado en 2016, y éste respondió que también serán incluidos en el diálogo. "Hay unos que tienen que ver con sometimientos, otros con diálogos políticos, con la justicia restaurativa. Aquí lo que se busca es abrir puertas y no cerrarlas. El que quiera entrar y hablar, estamos dispuestos a dialogar”, concluyó Leyva.

Tras el anuncio, Leyva aclaró que además de las funciones diplomáticas, cumplirá un papel estratégico en tema de paz. En ese sentido aclaró que será “ministro de Relaciones Exteriores y de Paz”.


Choque


La propuesta del sometimiento de grupos armados ilegales a la justicia que aterrizó en el nuevo Congreso, posesionado e instalado ayer 20 de julio, sigue sin convencer al presidente saliente Iván Duque. Durante su visita de este jueves a Medellín, el mandatario aseguró que a los alzados en armas hay que seguirlos combatiendo.

El jefe de Estado manifestó que es cierto que el Clan del Golfo está buscando el tratamiento benevolente de la justicia, “pero que la verdad es que a esos bandidos hay que seguirlos combatiendo” como se hizo con alias Otoniel y su hermana, extraditados a Estados Unidos hace poco.

Por eso subrayó que a ese tipo de personas no se les pueden dar tratamientos políticos, ya que son narcotraficantes y asesinos de líderes sociales.

El comentario se da después de que el presidente del Senado, Roy Barreras, anunciara en su discurso de posesión que para algunos violentos habrá la oportunidad de someterse a la justicia bajo un sistema transicional.

A la discusión se subió también Juan Camilo Restrepo, Alto Comisionado para la Paz, que en diálogo con este diario expresó que no son viables ese tipo de ajustes para que bajo un sistema transicional se sometan los ilegales, así como tampoco ve con buenos ojos las negociaciones que pretende el gobierno entrante con el Clan del Golfo, el ELN y Los Caparros.

Bajo su óptica, ellos siguen siendo narcotraficantes y por eso los caminos que tienen son tres: ser neutralizados por las autoridades, capturarlos para extraditarlos, o someterse a la justicia pero con todo el peso de la ley. La carta del Clan del Golfo

Frente al escrito que sería de ese grupo armado ilegal en el que revela sus intenciones de negociar con el gobierno de Gustavo Petro, el actual jefe de Estado ratificó que hasta el 7 de agosto –fecha en la que termina su periodo– no va a negociar con bandidos, aunque respeta el avance que quiera hacer su sucesor en esa materia.


“No voy a entrar en una controversia, creo que con los narcotraficantes uno no tiene nada que negociar porque el narcotráfico no está para la venta”, dijo Duque, recordando que en los años 90 hubo delincuentes que siguieron delinquiendo desde las cárceles. Dicho eso concluyó su intervención en la capital antioqueña aclarando que cualquier carta que envíe el Clan del Golfo tiene que partir de la base de que se tienen que entregar las rutas del narcotráfico y todo el negocio que hay alrededor de ellas.


Comisionado de "Paz"


El tema de los diálogos de paz con el ELN y los demás grupos armados ilegales es uno de los que más genera discordia entre el gobierno actual, en cabeza de Iván Duque, y el entrante, liderado por Gustavo Petro.

El Alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, insistió en que no está de acuerdo en negociaciones políticas con el ELN ni con ninguno de los demás grupos ilegales como el Clan del Golfo y Los Caparros.

Según él, “en Colombia no hay un marco jurídico para realizar desmovilizaciones colectivas de estos grupos armados focalizados distintos al ELN”. “Para ellos existen tres opciones: que sean neutralizados por nuestra Fuerza Pública, que sean capturados y extraditados como le pasó a Otoniel, o que se sometan a la ruta de la legalidad de manera individual”, dijo Restrepo, quien aseguró que se han desmovilizado 2.100 integrantes de esos grupos durante el gobierno Duque.

El tema ha estado tan movido, que el presidente del senado, Roy Barreras; el ministro de relaciones exteriores designado, Álvaro Leyva, y hasta el mismo presidente Petro han insistido en diferentes modos de lograr la paz con los ilegales.

En la mañana de este jueves, Barreras sí dejó claro que son diferentes las maneras de negociar con la guerrilla del ELN que con los demás grupos alzados en armas.

Mientras los primeros “pueden apelar a una justicia transicional porque han tenido alguna historia de insurgencia”, con los segundos solo se puede hablar de reincorporación a través de la justicia penal ordinaria, según dijo. Esto último teniendo en cuenta que la mayoría de ellos tienen más intenciones de aumentar las ganancias del narcotráfico que de sostener un movimiento insurgente. Pese a eso, Restrepo está en contra de que se intente esa vía de justicia transicional con el ELN. “Con estos grupos armados organizados, incluido el ELN, no se debería avanzar en negociaciones políticas. Se podría avanzar en negociaciones jurídicas o sometimiento a la justicia colectiva cuando se cree el marco jurídico. No puede haber negociaciones políticas porque estos grupos no cometen delitos políticos. Y hoy no puede existir conectividad entre las actividades a los que estos grupos se dedican y los delitos políticos”, dijo el Alto Comisionado.

Sobre la idea de reformar la Jurisdicción Especial para la Paz para que incluya al ELN –como ha propuesto Roy Barreras–, Restrepo dijo que “hablar hoy de una JEP especial para el ELN, cuando el ELN es un cartel de la droga y cuando no hay una negociación con dicho grupo, es ensillar la bestia sin tenerla”.

Sobre la pregunta de qué hará después del gobierno Duque, Restrepo dijo que se tomará un periodo de receso para compartir con su familia y pensar los próximos pasos. En todo caso, respondió que no trabajaría para el gobierno Petro: “No trabajaría en este gobierno porque no me identifico, ni estoy de acuerdo, ni es lo que sueño para un sistema democrático en el país”, concluyó.


Propuesta


El gobierno entrante ya está dando pinceladas de cómo piensa negociar con los grupos ilegales del país. En comunicaciones distintas, el nuevo presidente del Congreso, Roy Barrerras, y el designado ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, explicaron cuál será la posición del Gobierno de Gustavo Petro sobre estos temas.

Los comunicados han llegado como una especie de respuesta a una carta firmada por varios de los principales grupos armados del país que, según aseguran, están dispuestos a abandonar las armas y transitar hacia la paz.

Leyva afirmó que el gobierno sí buscará dialogar con cada uno de esos grupos –dentro de los que se encuentran el Clan del Golfo, Los Caparros y varios más– pero que será con condiciones específicas. Sobre esto último, Barreras aseguró que hay dos tipos de grupos y que cada uno de ellos recibirá un trato diferente para volver a la vida civil.

En el primer grupo están “los que tienen alguna posibilidad de apelar a justicia transicional porque han tenido alguna historia de insurgencia, como el ELN”, mientras que en el segundo se ubican “las bandas criminales que viven de la maldición del narcotráfico y que solo pueden acceder a su reincorporación social a través de la justicia penal ordinaria, sometiéndose a la justicia”, como explicó Roy Barreras.

Bajo ese contexto, tanto Leyva como Barreras insistieron en que el Congreso y la Presidencia estarán abiertos a “tramitar las adecuaciones normativas que resulten necesarias para que sea una realidad y Colombia sea una potencia de la vida y no de la muerte”.

Leyva habló, por ejemplo, de alcanzar una “paz grande y completa”, que implicaría iniciar diálogos de paz y rutas de sometimiento con cada uno de los grupos ilegales que actúa en el país.

Pese a eso, Barreras aseguró que no se suspenderán las acciones militares contra grupos como el Clan del Golfo. “Ellos tienen que frenar la violencia, pero eso se hará de manera unilateral, mientras negocian su sometimiento a la Ley”, dijo.

¿Reformar la JEP?

Dentro de esas “adecuaciones normativas”, como las ha llamado Roy Barreras, entraría una reforma a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Desde su entrada en funcionamiento, en 2017, la JEP solo ha tenido jurisdicción sobre los excombatientes de las Farc y sobre otros implicados en ese conflicto armado, como el Ejército, los agentes del Estado y algunos paramilitares y de la población civil.

Sin embargo, Barreras estaría dispuesto a hacerle una modificación legal a la JEP para que también pueda recibir los casos de la guerrilla del ELN, un tema que cambiaría de fondo el funcionamiento de la institución.

Por ahora, ese tipo de decisiones aún están en el tintero de Petro, quien deberá dar la palabra final de lo que se tramita y lo que no. Sin embargo, dichas actuaciones muestran un cambio transcendental entre este nuevo gobierno y el saliente, pues Duque fue enfático en terminar los diálogos de paz con el ELN y en priorizar el combate de los grupos armados por encima de las negociaciones.


Cese al fuego y diálogos


Un documento de cuatro páginas y firmado por más de 40 agrupaciones al margen de la Ley le proponen al presidente electo, Gustavo Petro, un cese al fuego y restablecimiento de los diálogos de paz.

Según reza el documento –que llegó a manos de Petro y de varios políticos más este miércoles 20 de julio– dichos grupos están dispuestos a “dialogar y reconciliarnos, con el objetivo de parar la violencia cíclica que algunos de nosotros controlamos”.

Pese a que la carta está firmada por varios actores más, por lo menos seis grupos armados ofrecen un cese al fuego inmediato desde el próximo 7 de agosto, fecha en que se posesiona el nuevo Presidente de la República.

Dichos grupos son: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Caparros, Los Rastrojos, Los Shottas de Buenaventura, La Inmaculada de Tuluá y Los Mexicanos de Quibdó.

“Estamos dispuestas a coordinar un cese al fuego contra la institucionalidad a partir del 7 de agosto de 2022. Estamos dispuestos a desarmarnos en el momento indicado. Estamos dispuestos a pedir perdón. Estamos dispuestos a aportar verdad total e integral. Estamos dispuestos a reparar y sobre todo a no repetir los actos criminales. Estamos dispuesto a cumplir con los fines de la justicia restaurativa. Estamos dispuestos a unirnos con las instituciones para proteger el medio ambiente, contra las prácticas ilegales que lo deterioran enormemente. Estamos dispuestos a construir un futuro mejor para las nuevas generaciones”, escribieron los grupos armados en la misiva.

Por ahora, el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez han anunciado su intención de lograr la paz con la guerrilla del Eln y de avanzar en el sometimiento a la justicia de los demás grupos armados. Sin embargo, no hay pronunciamientos oficiales sobre el tema de parte de ninguno de los dos gobiernos.


La carta también fue dirigida a Roy Barreras, delegado como futuro presidente del Congreso, Luis Hernesto Vargas, embajador ante la OEA; Piedad Córdoba Ruiz, senadora; Iván Cepeda, senador; María José Pizarro, representante a la Cámara; Leonor Zalabata Torrez, embajador ante la ONU; Patricia Tobón, directora de la Unidad de Víctimas; Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz; padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad y a la periodista Jineth Bedoya, embajadora ante la ONU en la lucha contra la Violencia Sexual.


Fuente: DIARIO EL COLOMBIANO

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