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Como no pueden robar, ahora van por el derrocamiento de Petro


Escribe: CARLOS ALBERTO RICCHETTI*


Más que a las maniobras disuasorias de una férrea oposición en algún país del mundo, Colombia asiste a un plan sistemático de desestabilización tendiente a dar un golpe de Estado “blando”, ya no por deficiencias del Gobierno, sino precisamente a causa de sus aciertos.


Desde antes de los primeros días de la administración Petro, el arte de la calumnia barata sin ninguna clase de evidencia contundente, en la cual la mentira hace estragos entre mediocres e ignorantes desentendidos de la política, les resultó insuficiente para mantenerse en el poder. Pero cuando les quedó claro que la inmensa mayoría identificó a los polémicos autores de tan falsos señalamientos, no se dieron por vencidos.


Con el auge del desprestigio de la clase dirigente, ya no les resultó provechoso difundir comentarios groseros, generar cadenas de WhatsApp donde se alertaba a la ciudadanía del peligro de “volver al país otra Venezuela”, de “quitarles las casas”, de “dividirlas, poniendo desconocidos a vivir junto a las familias” u otros rumores, decidieron complotarse para impedir el cambio de cualquier manera. Así sea, pasando por arriba del sistema democrático, las instituciones, la voluntad popular, cuando no les son funcionales para defender sus intereses espurios.


Alza de precios


Asumido el nuevo Gobierno, la empecinada resistencia a la modernización de las estructuras políticas, sociales y económicas de Colombia, comienza a generar malestar en la población.


Tras el aumento record del salario mínimo a pesar de la grave crisis producto del endeudamiento, la corrupción, la inoperancia, cuando se hicieron los primeros anuncios, los gremios económicos, Carlos Sarmiento Angulo, la controvertida familia Char, por citar algunos, decidieron castigar al pueblo para atacar al Gobierno.


El Presidente Gustavo Petro, acompañado de su gabinete, vienen implementando medidas que posibiliten la distribución de la renta nacional de forma más equitativa, donde sin quitarle a quienes tienen mayor poder adquisitivo, cada cual paga el costo de progreso de manera proporcional a sus ingresos.


Frente al modelo favoreciendo la equidad, parecieran las grandes corporaciones, las multinacionales, los industriales, ganaderos, terratenientes, empresarios, pretender “cobrarle” al Estado una “compensación” por las “perdidas” destinadas a la inversión y la reconstrucción del tejido social, la efectiva reforma agraria o la modernización del campo.


Esto último, en abierto sabotaje a una administración heredera del desastre promovido desde el anterior gobierno uribista, que contó con su diligente complicidad, ahora opuesta no a un “experimento socialista predeterminado”, sino a salir del sistema feudal impuesto con el fin de desarrollar el capitalismo.


Desinformación comunicacional


La mentira como argumento de los grandes medios masivos, siempre en defensa de los mismos sectores a cambio de onerosas sumas de dinero, tampoco puede ser novedad para nadie.


A lo sumo, la novedad fueron las falsas encuestas difundidas por Caracol, RCN, los diarios El Tiempo, El Espectador, la W, sobre la presunta caída de la imagen presidencial a través de encuestas falsas, sumada hasta la “aparición” de cierto astrologo asegurando la caída de Petro en dos meses.


Los especialistas, testigos, conocedores de la dinámica política –incluyendo a ellos mismos- saben de la inexactitud de lo expuesto, a partir del acentuado descrédito y una administración demostrando en la realidad el compromiso ineludible de cumplir con lo encomendado en las urnas.


Constantes ataques a las cualitativas reformas a la salud, al trabajo, a las pensiones, el acaparamiento de dichos medios por ensañados defensores del privilegio en detrimento de los ciudadanos, permiten vislumbrar la clara intención de empleados defendiendo patrones ultraconservadores, quienes no descartan el uso de la violencia en todas sus formas para oponerse a las nuevas medidas.


Ataques contra el Presidente de la República, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez; a su similar de Salud, Carolina Corcho, verdaderas campañas de desprestigio a punta de insultos, descalificaciones personales, frente a la carencia absoluta de proyectos alternativos o propuestas distintas al descrédito, para recuperar el poder perdido. Sobre todo, a sabiendas de estar frente a un gobierno democrático, popular e indefenso, porque nunca los sometería a las usuales presiones ni los censuraría, como les sucedió a varios de sus integrantes a manos de los que hoy se oponen a todo cuando ejercían el poder.


Violencia opositora


La polarización tan criticada, al punto de rasgarse muchos las vestiduras frente a la intolerancia, no tiene origen en el deseo de renovar la política, democratizar el país, generar más oportunidades. Proviene de aquellos negándose a perder influencia, a dejar de administrar el aporte de los contribuyentes como propios, al mejoramiento de la calidad de vida, de la salud, del trabajo, de la posibilidad de adquirir vivienda, viniendo a romper la dependencia de la clase política.


Mientras desde las redes sociales se pone a circular videos de los distintos acontecimientos de Venezuela, de balsas atiborradas de inmigrantes cubanos huyendo a Miami (Estados Unidos) a cauda del bloqueo, incitan a la población siempre víctima de las medidas recesivas a marchar contra el gobierno. Correspondería preguntar si en lugar de Petro, el gabinete presidencial, no fueron los bancos, los organismos privados, los personajes haciendo parte de la oposición, los responsables de quitarle a los colombianos lo obtenido con su esfuerzo.


El ejercicio contradictor debería llevarse a cabo desde el debate de ideas, las correspondientes denuncias, las interpelaciones a ministros, dentro del marco del respeto, de la tolerancia. Pero al no estar a la altura de las circunstancias, de las demandas del país, de la ciudadanía y a esa carencia de talento político natural, de ideas propias se le suma la defensa de prebendas, intereses, negociados, no caben más armas que la deshonestidad, el execrable empleo de la violencia.


Más allá de la obsecuente defensa colectiva de tres o cuatro postulados, inherentes a aliviar el actual estado de situación del cual son culpables, dirigentes uribistas como las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia; el representante Miguel Polo Polo; sus aliados, el ex presidente César Gaviria, Miguel Uribe Turbay, Enrique Gómez, están llamando deliberadamente a dar un golpe de Estado.


Dejando de lado la constante falta de respeto a la investidura presidencial –si fuera al revés, el lector no quisiera pensar el destino deparado a alguien si acusaba de manera frontal a Álvaro Uribe, por ejemplo- el uribismo llega al extremo de atacar un gobierno lejos de expropiar, le compró más de 1.7 millones de hectáreas de tierras a sus acaparadores, destinándolas a campesinos.


El Paro Nacional fue la respuesta de dos millones de ciudadanos, la mayoría carente de bandera política, quienes se organizaron para manifestar el justo inconformismo ante la carestía, el encarecimiento del costo de vida, el desempleo, la corrupción, los asesinatos selectivos, de un presidente de espaldas a la realidad. Partiendo de esa premisa; ¿cuál es el sentido de manifestarse contra Petro, al margen de volver a empoderarse para someter el país a su ineptitud, a mantener el negocio de armas y drogas del conflicto armado, con la complicidad con algunos jefes guerrilleros?


¿Cómo es posible se hable más de la marcha encabezada por un puñado de testaferros desesperados, utilizando al pueblo, arrebatando de los primeros planos la primicia del hallazgo de drogas en un envío de ganado al exterior, donde los principales responsables –Cabal y José Félix Lafaurie- comandan estas protestas?

¿De qué se puede tratar esta asonada, paralela en los hechos a la suspensión del presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas Medellín, a manos de una Procuraduría, tomando partido para complotar contra el gobierno electo?


La única respuesta válida es que gracias a la excelente gestión de Gustavo Petro, no tienen la misma libertad de hacer negocios vinculados con el soborno, el tráfico de influencias, de sustancias ilícitas. Eso les molesta. No les alcanza el apoyo de los que siempre beneficiaron marchando bien vestidos, llevando camionetas 4x4. También de las víctimas de sus trágicas administraciones, aquellos empeñados en creerles a pesar del hambre, la pobreza, la miseria, el desplazamiento, el crimen, la falta de empleo, salud, educación, del embrutecimiento al cual fueron sometidos.


Oficialismo

La situación es grave. Mientras Colombia Humana, el resto de los partidos, los movimientos que posibilitaron el triunfo del petrismo, continúan envueltos en rivalidades al interior de las regiones, las burocracias del continuismo están decididas a recuperar el terreno perdido.


Sin el impacto inicial a partir de la figura del Presidente de la República, depositario del liderazgo de las demandas de cambio, ni el sometimiento de su nombre a consideración de la ciudadanía, por peso propio los dirigentes del Pacto Histórico estarán obligados a asumir la imagen, la defensa de la gestión Petro, de cara a las próximas elecciones.


Al menos en lo referente al departamento de Risaralda, sobran las candidaturas como estrellas sobre el cielo. Más allá de las figuras a nivel nacional, no existen liderazgos locales capaces de congregar la suma de voluntades que les dieron el triunfo a las fuerzas del cambio. El problema de la unidad sigue siendo el eterno problema de la izquierda y el centro izquierdo, en comparación a la centro derecha, la derecha o la extrema derecha, aglutinadas por intereses de sectoriales.


Aunque buena parte de los dirigentes oficialistas vivieron quejándose históricamente del abandono de los aparatos políticos de las provincias, de imponerles cuadros ajenos al acontecer regional, la inmensa mayoría de las ocasiones no fueron capaces de romper el aislamiento, volcándose a las masas para construir una militancia de base, consciente, incapaz de ser cooptada.


Como sucede en las carreras de caballos, la competencia se gana durante la última vuelta. No se puede pretender, conformarse con hacer campañas de dos, de tres meses si se pretende ganar, mientras los aspirantes del continuismo retroalimentan seguidores sin necesidad de abrir comités, dispuestos a comprar llegado el caso la adhesión alegre de estructuras de izquierda vacías, a cambio de unas pocas monedas.


Basta con mirar los municipios de la capital pereirana, del vecino “Municipio Industrial”, a la hora de advertir la reorganización de estructuras responsables del vaciamiento de los erarios públicos, privatizando lo público, alimentando contratistas parásitos, robándose los recursos.


No son las personas. Son los procesos políticos, el tiempo, los encargados de seleccionar a los más aptos al momento de conducir, de haber realizado un trabajo digno de recibir el respaldo incondicional de las estructuras partidarias. La importancia radica en la unidad, para hacer frente de forma más efectiva a las fuerzas de la reacción, obligando a los verdaderos creadores de la riqueza nacional, los que trabajan, a mantener políticos trasnochados, vagos, corruptos, narcotraficantes, paramilitares, malvivientes de toda laya e incompetentes absolutos.


Sin embargo, lo increíblemente extraño, es que mientras la oposición consideraba las manifestaciones del Paro Nacional como “tomas guerrilleras”; ¿por qué no consideran a la del próximo 15 de febrero no sólo financiada desde los sectores proclives a fomentar la injusticia social, la usura, el abuso, sino de talante narco paramilitar, el brazo armado de dichas asociaciones ilícitas, disfrazadas de partido?








*Periodista, escritor, poeta y cantautor. Director general de Diario EL POLITICÓN DE RISARALDA y de su suplemento, ARCÓN CULTURAL. Integrante de ¡UYAYAY! COLECTIVO POÉTICO, así como del CÍRCULO DE POETAS IGNOTOS.

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