Escribe:
CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO*
Denuncia La W radio que la Contraloría General de la República (CGR) adjudicó un contrato de prestación de servicios al Sr. Raimundo José Francisco de Paula Vélez Cabrales, para asesorar y asistir al despacho del Contralor por 11 meses y $17 millones por mes. Según investigaron periodistas de este medio, Vélez Cabrales tiene varios procesos penales por posibles delitos contra la administración pública, como celebración indebida de contratos; uno entre 2011 y 2015, cuando ejerció el cargo de Gerente de Gestión Administrativa y Financiera en el mandato de la ex contralora Sandra Morelli. La Fiscalía General señaló que Vélez y otros 5 funcionarios, están acusados en delitos de peculado por apropiación, en favor de terceros, y celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Esta situación, la de contratar una persona para que preste servicios a una entidad pública mientras está procesada por una falta penal, disciplinaria o fiscal contra el Estado, o su nombramiento en un importante cargo, no es nueva y se da a diario. Presumiendo que todo ciudadano es inocente mientras no sea vencido en juicio, pero sí llama poderosamente la atención que estos individuos con procesos activos tengan tanta preferencia por parte de los nominadores, muy por encima de miles de profesionales con sobrados méritos en las más diversas áreas universitarias y que sus hojas de vida no son tenidas en cuenta, no obstante que deambulan por muchos despachos públicos. Su gran pecado es no tener un político con gran influencia en las altas esferas de la administración pública en general.
Ofende el aterrizaje forzoso de personas como Vélez Cabrales y muchos otros en condiciones similares a la función pública, pero no tan grave como el hecho de suscribir contrato de asesoría en el Despacho del contralor, cuando mediante Decreto 2038 de 2019 expedido por el Presidente Iván Duque en uso de facultades expedidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, para reformar jerárquica y funcionalmente la Contraloría, se crearon 1.606 cargos en esta entidad y de estos, 61 como asesores del despacho del contralor, pero ninguno de los actuales asesores le sirve al señor Carlos Hernán Rodríguez Becerra, actual contralor. Además en el 2020, mediante Decreto 406 el mismo presidente Duque amplió la planta de personal de este organismo de control e incorporó servidores a su planta transitoria en 709 cargos. Todo lo anterior como resultado del Acto Legislativo No. 04 de 2019 de reforma al régimen de control fiscal, que solo ha servido para demandar cuantiosos recursos del presupuesto nacional y repartir a diestra y siniestra puestos entre los congresistas nominadores y electores del titular de la Contraloría, una nauseabunda orgía burocrática que desangra por todos los frentes los recursos públicos.
Hoy Colombia naufraga en medio de la más espantosa corrupción en todos los niveles de su administración pública, ya que en nada ha contribuido la mentada reforma a la Contraloría promovida por su extitular Carlos Felipe Córdoba, quien finalmente consiguió que el trámite de la reforma a la Constitución, sirviera solo para alimentar el voraz clientelismo de caciques políticos con pésimos antecedentes y actuar público. Pero peor aún, es que pasados 5 meses de la administración del actual contralor general Rodríguez Becerra, (apoyado por el Pacto Histórico en su elección) las directivas de cada una de las 31 gerencias departamentales de la Contraloría General de la República se mantienen al día de hoy inmodificables, dando continuidad a nefastos gerentes y contralores provinciales que acaban perpetuando por otros cuatro años más las dinámicas del “tapen tapen” en las regiones.
Definitivamente, advertimos cómo terminan siendo premiados los recomendados de la mafia política en los organismos de control, a costas de recibir garrote y persecución, quienes denunciamos tal oprobiosa forma de gestionar el servicio público. ¡Qué grado tan alto de infamia institucional!
*Ingeniero. Dirigente político y cívico. Ex concejal de Pereira por el Polo Democrático Alternativo.
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