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Corrupción, el gran mal de Dosquebradas



Escribe:

CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO*


La reciente presencia en Pereira del Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República Andrés Idárraga, pese a lo “luctuoso” de los hechos que la generaron, es una inyección de ánimo para quienes hemos creído en que denunciar si tiene valor y el cambio es una realidad cuando hay voluntad política y compromiso social.


Los casos relacionados por él responden a hechos denunciados en esta columna de opinión el pasado mes de abril, escrito en el cual se puso de manifiesto la feria de contratos suscritos en Dosquebradas mediante la modalidad de las declaratorias de calamidad pública y urgencia, esgrimidas de manera tramposa para fingir trámites legales en estos procesos contractuales. En ese entonces relacionamos cuatro casos, así: la primera tanda cuatro contratos por $11.722 millones en el año 2019; en los 2021 seis contratos por $18.800 millones; y en el 2022 dos contratos por $19.865 millones. Y para rematar con los recursos obtenidos de un crédito de $21.000 millones, celebraron tres contratos por $1.195 millones para instalar una sala de crisis, comprar un software y adquirir una camioneta.


No solo el Secretario de Transparencia anunció públicamente que “como resultado de una exhaustiva revisión a los procesos de contratación y ejecución de recursos en medio de las declaratorias de calamidad pública y urgencia manifiesta en varias zonas del país, se encontraron algunas irregularidades que serían indicios de posibles casos de corrupción, dos de ellos en el municipio de Dosquebradas”. Su compromiso y seriedad quedó en f irme cuando en menos de 10 días regresó a la ciudad a una segunda reunión.


Esta segunda visita del Secretario de Transparencia, se realizó como respuesta a petición que le hicieran muchos veedores el 10 de septiembre en reunión efectuada en la Universidad Libre, para que se recibieran las quejas de manera reservada, pues muchos denunciantes se abstuvieron de participar en esa reunión, en razón a que ese día la mesa principal estaba integrada entre otros por los delegados de las entidades de control del orden nacional, departamental y municipal, los mismos organismos que con su ineficiencia y complicidad tienen hoy a Risaralda en los más altos índices de corrupción. Hay temor y desconfianza de la ciudadanía en el cumplimiento estricto y transparente de las funciones de estos servidores públicos.


Los hechos punibles antes mencionados, se presentan por la violación de la Ley 80 de 1993, y 1150 de 2007, que en su artículo 2º, dispone que la escogencia del contratista se hace por licitación pública, salvo con las excepciones que establece la misma ley bajo ciertas condiciones señaladas en los numerales 2, 3 y 4 del mismo artículo. El artículo 42 de la Ley 80, consagra la “URGENCIA MANIFIESTA”, sólo para estos casos: Ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presente situaciones relacionadas con los Estados de Excepción, y cuando se trata de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas.


Al suscribir estos procesos contractuales, los funcionarios responsables presuntamente vulneraron las anteriores normas, pues en estos contratos de urgencia manifiesta no se presenta la ejecución de obras en el inmediato futuro, como lo ha reconocido el Consejo de Estado en importantes sentencias, en las cuales expresa que la urgencia manifiesta procede en aquellos eventos en los cuales puede suscitarse la necesidad de remediar o evitar males presentes o futuros, pero inminentes, entre otros los provenientes de situaciones de calamidad, o de desastres, y que no dé espera en su solución, de tal manera que resulte inconveniente el trámite del proceso de selección de contratistas reglado en el estatuto contractual, por cuanto implica el agotamiento de una serie de etapas que toman tiempo, y hacen más largo el lapso para adjudicar el respectivo contrato, circunstancia que, frente a una situación de urgencia, resulta entorpecedora, porque la solución, en estas condiciones, puede llegar tardíamente, cuando ya se haya producido o agravado el daño. Solo esperamos que la justicia desde el nivel nacional esta vez investigue con celeridad, para frenar la utilización descarada y abusiva de esta figura, que tiene como objeto soluciones inmediatas a desastres y no a evadir la licitación en la adjudicación de multimillonarios contratos a dedo por las entidades territoriales.


Situaciones como esta, que no deben seguir sucediendo son las que nos animan a buscar el favor de la comunidad para que desde una entidad como el Concejo de Pereira pueda ejercerse control político y ponerle freno a la corrupción de una vez por todas.









*Ingeniero. Líder político y cívico. Ex concejal de Pereira por el Polo Democrático Alternativo y actual aspirante independiente al cabildo de la capital de Risaralda



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