Cuestionado por actos de corrupción, Duque sigue vaciándo las arcas del Estado

A menos de un mes de terminar el actual gobierno avanza la adjudicación de dos contratos en un proyecto de conectividad para San Andrés, Providencia y Santa Catalina.


Se trata de dos procesos, ya publicados en la plataforma del Secop II, por $50.263´638.950 y por $66.175´546.170, respectivamente, con el mismo objeto contractual:


"Ejecutar el proyecto de conectividad de internet fijo y soluciones de acceso publico (Zonas Wifi) en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, obligándose a realizar la planeación, instalación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio bajo las condiciones técnicas establecidas en el anexo técnico".


La licitación, en la que ya se cumplieron las etapas de estudio de mercado y la publicación del borrador del pliego de condiciones, este último con respuestas de los interesados el pasado 8 de julio, le queda la publicación del pliego de condiciones definitivo programada para este 18 de julio.


De acuerdo con la programación del proceso licitatorio, el plazo para la presentación de ofertas se cumplirá hasta el 8 de agosto, es decir un día después de la posesión del presidente electo Gustavo Petro.


Entre las particularidades manifestadas por varias de las firmas que han mostrado interés en participar de la licitación, se encuentra que para el estudio de mercado se tuvo en cuenta a la empresa Inred, nombrada anteriormente en otro controvertido episodio a cargo del Ministerio de las TIC.


Se trata de la adjudicación del contrato para la instalación de 10.000 centros digitales en todo el país, que terminó en el conocido escándalo de Centros Poblados.


En su momento se mencionó que como asesor jurídico de Inred, interesada también en esa licitación, figuraba Camilo Valencia, quien en ese momento era el asesor jurídico de la entonces ministra, Karen Abudinen.


Los dos contratos que superan los $110.000 millones de pesos, están a cargo de la Unidad de Contratación Fontic.


Estos recursos serán adjudicados, si sigue el proceso como va, en los próximos días a menos de tres semanas de terminar el gobierno Duque.


A responder


La Corte Constitucional publicó un auto mediante el cual le otorgó al presidente de la República, Iván Duque, un plazo de 48 horas para que asegure el cumplimiento de la Sentencia SU-016 de 2021.

Ese documento amparó el pleno respeto a los derechos fundamentales y al debido proceso de las personas desalojadas que fueron retiradas de sus viviendas en 2020, en el momento más crítico de la pandemia. Lo que le pide la Corte Constitucional a Duque es garantizar el cumplimiento de esa sentencia en un término máximo de dos meses, lapso para el que se deberá garantizar que a quienes fueron desalojados se les cumpla su derecho a un techo digno.

Asimismo, la Sala Especial inició un incidente de desacato en contra de la ministra de Vivienda, Susana Correa, el director de Fonvivienda y el director de la Unidad para las Víctimas por este mismo caso, al considerar que esas instituciones también estaban implicadas en la tarea de garantizar un techo para los desalojados.

Entre tanto, la Corte Constitucional compulsó copias de la decisión a la Procuraduría, con el objetivo de que se investiguen y se efectúen posibles sanciones disciplinarias por el incumplimiento a la sentencia de 2021 en relación con los desalojos.


Fuente: RCN / DIARIO EL COLOMBIANO

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