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Empresa deberá responder ante la JEP por despojo de tierras


La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), vinculó formalmente y ordenó rendir versión voluntaria a los exrepresentantes legales de la empresa Urapalma S.A. Héctor de Jesús Íñigo y su Katia Sánchez Mejía, sobre los casos de despojo de tierras en la zona de Urabá.


De acuerdo con la información revelada por el tribunal de paz, al parecer ambos exrepresentantes legales de esta empresa tienen una responsabilidad probada en un plan criminal de las Autodefensas de Córdoba para la utilización y adecuación de tierras que le fueron despojadas a campesinos en el Bajo Atrato, estos terrenos terminaron siendo usados para cultivo de palma africana con el estímulo principal de el exjefe paramilitar Vicente Castaño.


Por una parte, Héctor de Jesús Íñigo fue condenado por su estrecha relación con el grupo paramilitar y por hacer parte de una operación criminal de apropiación de tierras en Juiguamiandó y Curvaradó en el Bajo Atrato chocoano, en su condición de socio y exrepresentante legal de Palmadó.


A su vez, Katia Sánchez Mejía esposa de Íñigo y exrepresentante legal también de Urapalma S.A. fue condenada por ser accionista de la empresa y ser representante legal en el 2006, el archivo señaló que se acercó al Incoder a solicitar un saneamiento de tierras que tenía pasado de despojo, particularmente tras el desplazamiento forzado de la Operación Genesis.


Esta operación fue perpetrada en febrero de 1997, cerca de tres mil quinientas personas fueron desplazadas como consecuencia de una acción coordinada entre paramilitares y el Ejército colombiano. Aquel 28 de ese mes los paramilitares aterrorizaron a la población civil, decapitando sin piedad al campesino afrodescendiente Marino López, luego de lo cual jugaron fútbol con su cabeza y arrojaron su cuerpo desmembrado al río.


Por estos lamentables hechos, la Corte Interamericana declaró en 2014 la responsabilidad del Estado Colombiano por las macabras violaciones a los derechos humanos perpetradas en la cuenca del río Cacarica, ubicada en el municipio de Riosucio , Chocó.


Ante la claridad de los hechos y otros aportes realizados por los actuales señalados de estos hechos, el magistrado encargado del caso indicó que su plan de aporte a la verdad por escrito hable de otros temas de los que sabe. Por su parte las víctimas y la Procuraduría tienen un término de 20 días para formular sus preguntas adicionales para los sindicados en este caso.


Fuente: CUARTO DE HORA

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