Escribe: CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO*
La Corte Suprema de Justicia ha comunicado que “indaga al senador Juan Pablo Gallo por presunto enriquecimiento ilícito”, consecuencia que al ser elegido como congresista pasó a ser aforado por este alto tribunal, su nuevo juez natural.
Este proceso tiene origen en denuncia interpuesta en febrero del 2017 y radicada en la Fiscalía 28 Seccional de Delitos contra la Administración Pública, este despacho pidió preclusión ante el Juzgado 7° Penal del Circuito, negado el 11 de junio de 2019, providencia confirmada por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior en agosto de ese mismo año.
Transcurrieron 5 1/2 años desde el momento en que se radicó la denuncia y el Señor Gallo se posesionara como senador, para que la Corte conociera por competencia este proceso y exista posibilidad de pronta y cumplida justicia.
Durante el tiempo que descansó este proceso en Fiscalía 28, poco o nada avanzó. Práctica común en estos despachos, como en Procuraduría y Contralorías, en especial en esta capital, pudiéndose aseverar que en estas tierras, nuestra clase política mafiosa y ciertos sectores de poder gozan de inmunidad e impunidad.
No importó que en el Auto expedido, la Sala del Tribunal Superior resolviera indicarle a la fiscalía su deber de continuar con la actuación y considerara todo lo indicado en la misma, nada pasó. También señalo esa Corporación su extrañeza que la oficina de apoyo al Sistema no cumplió con la orden del Juez de informar al denunciante de la convocatoria a la Audiencia, violando los principios de publicidad y transparencia.
Interesante es la síntesis que hizo la sala en el Auto sobre este asunto al expresar que “la situación es en verdad compleja y amerita dilucidarse, porque se trató de una cadena indefinida de créditos en donde todos tenían de todo sin pagar nada, y las propiedades tenían un derecho de dominio meramente aparente o con una simple expectativa de adquisición, pero aun así fueron transferidas. Y muy a pesar de ello, el constructor aseguró que le habían pagado absolutamente todo, el prestamista sostiene lo mismo, a consecuencia de lo cual el aquí indiciado quedó con un apartamento nuevo cuyo precio corresponde al doble del anterior, sin que todavía hubiese pagado ni siquiera el primer bien…”.
Esta aseveración de la Sala puede aplicarse a la forma como se enriquecen todos nuestros altos funcionarios, la mayoría conocidos sin profesión o actividad económica y como por arte de magia aparecen multimillonarios, sin que ninguna autoridad indague.
Expresa el Senador y jefe único del partido liberal en Risaralda Juan Pablo Gallo, que por este caso ha sido ya investigado y no se encontraron irregularidades, afirmación carente de veracidad, pues lo que se puede deducir de la actuación de la fiscalía 28 es que nada se hizo para avanzar en la investigación, y el archivo de la denuncia por parte de la Procuraduría es condición y actividad normal en este organismo de origen político.
Hay una verdad irrefutable, en Colombia no hay justicia, y en Risaralda es práctica normal. En el caso de Gallo no avanzaron en poder de la Fiscalía no solo esta denuncia, sino la referente a la adquisición del lote ubicado en la carrera 9/calle 10, donde hoy está ubicada una estación de policía, la contratación de los alumbrados navideños, la del constreñimiento electoral en las elecciones de octubre de 2019, donde resultó elegido Carlos Maya. No se reclama que en toda denuncia haya condena, sino que se investiguen seria e imparcialmente las mismas, y los fallos correspondan a la verdad procesal. No habrá democracia y avances en derrotar nuestro actual estado de atraso y pobreza mientras persista esta infame impunidad.
El saqueo de nuestro patrimonio y rentas públicas se realiza en nuestras propias narices, no es sino mirar las fabulosas mansiones en que habitan nuestros dirigentes, para ellos es signo de poder y arribismo.
*Ingeniero. Dirigente político y cívico. Ex concejal de Pereira por el Polo Democrático Alternativo.