Diario Criterio revela documentos y correos electrónicos que demostrarían que en la compra de la nueva sede de la Contraloría en Pereira (Risaralda), no todo se hizo por encima de la mesa y se habría pagado por ese inmueble un 62 por ciento más del valor justo.
El escandaloso negocio es fácil de explicar. Un reconocido constructor le compra a un banco un edificio en obra negra (sin terminar) y semanas después ese constructor se lo vende a una entidad pública por un valor que supera el 62 por ciento de lo que pagó por ese mismo inmueble.
Como si lo anterior no fuera suficiente, a ese mismo constructor la entidad pública compradora lo contrata a dedo para que termine de construir el edificio y lo acondicione para el funcionamiento de las oficinas de su sede oficial.
En síntesis, en menos de tres meses, ese afortunado constructor hizo el negocio del año porque invirtió una gruesa suma de dinero, pero logró multiplicarla un 400 por ciento en menos de doce semanas.
Y lo que es mejor, con la mera firma del contrato de compraventa con la entidad pública, se hizo a un anticipo del 42 por ciento de todo el proyecto. Es decir, con ese dinero pagó el inmueble recién adquirido al banco y le quedó plata en el bolsillo.
Todo ese curioso negocio sucedió en Pereira (Risaralda) y los protagonistas directos son la Contraloría General de la República (CGR) y una reconocida constructora denominada Grupo Rivera.
Como dato adicional, hay que recordar que el contralor Carlos Felipe Córdoba es oriundo de la capital risaraldense, donde forjó a pulso su trayectoria en la vida pública, bajo la sombrilla del liberalismo, y como tal ha sido objeto de duros ataques de sus contradictores políticos.
La sociedad Grupo Rivera es una constructora e inmobiliaria de origen familiar que se constituyó en 2010 y en la actualidad cuenta con un capital accionario que supera los 2.500 millones de pesos.
Entre sus clientes públicos figuran la rama judicial, la Procuraduría, la Fiscalía y ahora la Contraloría. Es uno de los arrendadores y constructores de algunas de las sedes donde funciona la Fiscalía en Risaralda.
Hasta la fecha nadie duda de la idoneidad y prestigio de esa firma constructora que tiene decenas de proyectos públicos y privados para mostrar en el Eje Cafetero.
Sin embargo, en el caso concreto de la nueva sede de la Contraloría en Pereira, este medio tuvo acceso a varios documentos y correos electrónicos que demostrarían que en ese negocio habría presuntas irregularidades que requieren explicaciones y dejarían entrever que todo pudo tratarse de una simple triangulación para pagar una cifra mayor a la justa.
Los documentos a los que se accedió hacen parte del extenso expediente de una Acción Popular instaurada, pero engavetada hace más de un año, y con la que se pretende defender los derechos colectivos a la moralidad pública, aparentemente vulnerados con ese negocio entre la Contraloría y el Grupo Rivera.
Una sede mega costosa de la Contraloría
Esa nueva sede de la Contraloría en Pereira justamente fue inaugurada el pasado miércoles 11 de mayo y contó con la presencia, entre otros, del propio contralor Carlos Felipe Córdoba y las autoridades políticas de Pereira y Risaralda.
Se trata de un edificio de seis pisos, tres locales comerciales, dos sótanos y un semisótano. El inmueble consta de 2.528 metros cuadrados construidos y a juzgar por las fotos y videos de su inauguración, es sin duda una moderna sede que cuenta con una especie de jardín escolar para los hijos de los empleados de la entidad.
El valor de ese mega proyecto fue de 12.157 millones de pesos. De ese rubro, 5.184 millones de pesos se fueron exclusivamente para pagar el inmueble y los restantes 6.973 millones se usaron para terminar el edificio y acondicionarlo como sede de la Contraloría con capacidad para 150 espacios de trabajo.
“(…) el marco legal de la adquisición del edificio que albergará a los funcionarios de la CGR en Pereira es absolutamente claro. (…) El proceso que condujo a su construcción fue cuidadoso e incluyó el análisis de más de 15 propuestas formuladas por funcionarios, sindicatos y particulares”, dijo el contralor Carlos Felipe Córdoba.
El funcionario fue más allá al enfatizar que “no hubo asomo alguno de sobrecostos, la operación tuvo el debido sustento técnico que, además del avalúo del IGAC, incluyó el estudio del sector de los bienes de la zona, que presentaban vetustez”.
Sin embargo, hoy parece claro y está documentado que el valor que pagó la Contraloría supera en un 62 por ciento el precio que el Grupo Rivera le pagó a Bancolombia por ese mismo inmueble.
Albeiro Rivera, uno de los accionistas de la constructora, le dijo en su momento a Noticias Uno, cuando estalló el escándalo, que “no compro huevos para vender huevos” y justificó el bajo precio que pagó por el edificio, argumentando que lo hizo en un remate.
Dicho en cifras claras y concretas, el 19 de diciembre de 2020, el Grupo Rivera le pagó a Bancolombia 3.200 millones por ese inmueble, pero tres meses después se lo vendió a la Contraloría por 5.184 millones. Una diferencia de 1.984 millones de pesos.
La propuesta reveladora
No obstante, este medio tuvo acceso a un documento en el que se revelaría que la Contraloría ya había hecho una oferta inferior por ese mismo inmueble y directamente al propietario, Bancolombia.
Ese documento demostraría que en la Contraloría ya sabían de la existencia del edificio, quién era su propietario real en ese momento (Bancolombia) y que el valor del mismo era inferior al pagado finalmente.
Se trata de un documento rotulado con el número 81113, cuya remitente es Sandra Patricia Bohórquez González, gerente administrativa y financiera de la Contraloría General de la República.
El revelador documento con fecha de recibido el 13 de noviembre de 2020, tiene como asunto “Propuesta de compra edificio Maraya proyecto Neurocentro – Pereira Risaralda”.
En el cuerpo de ese documento, además de detallar los aspectos del inmueble en cuestión, tiene un aparte con la siguiente descripción: “La oferta se realiza por valor de cuatro mil millones de pesos m/cte ($4.000.000.000)”.
La gerente administrativa y financiera de la CGR remata el documento aclarando que, “De ser aceptada dicha oferta, la compra será realizada a través de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, quien cuenta con los recursos de la entidad para la adquisición”.
Paralelo a ese documento, fue posible conocer varios correos electrónicos que se cruzaron una contratista de la CGR y trabajadores del Grupo Rivera.
Esas comunicaciones no tendrían nada de malo, de no ser por dos llamativos detalles: todas se referían al negocio del edificio Maraya, pero cuando dicho inmueble aún era propiedad de Bancolombia.
Por un lado, la contratista de la CGR identificada como Katherin Johanna Martínez Tarazona, solicita al Grupo Rivera la entrega rápida de la documentación necesaria para la compra del inmueble.
Por el otro, esos correos se cruzaron con fechas anteriores al 19 de diciembre de 2020; es decir, cuando el edificio aún era propiedad de Bancolombia.
Correo Contraloría a Grupo Rivera para compra inmueble nueva sede Pereira. Correo Grupo Rivera a Contraloría, para compra inmueble nueva sede Pereira.
De ahí surgen varias preguntas. ¿Los funcionarios de la Contraloría sabían que el edificio que querían comprar era de Bancolombia? ¿Si sabían, por qué se comunicaban con el Grupo Rivera y no con el banco? ¿Sabían que pagarían un valor superior?
Antes de publicar esta investigación, se estableció comunicación con la contratista de la CGR, Katherin Johanna Martínez Tarazona, para que respondiera algunas de esas preguntas, pero ella amablemente dijo que no estaba autorizada para referirse al tema y nos remitió con Sandra Patricia Bohórquez González, gerente administrativa y financiera de la Contraloría General.
A través de la contratista Martínez Tarazona y por correo electrónico institucional le hicimos llegar un pequeño cuestionario a la gerente Bohórquez González, pero hasta el cierre de esta edición aún no había respondido.
Los veedores y la Acción Popular
Quienes sí contestaron fueron los veedores que interpusieron la Acción Popular contra la Contraloría y la Agencia Nacional Inmobiliaria (ANIM); esta última también es una entidad pública.
Para Abelardo Rivera, uno de los veedores, es claro que en ese negocio se cometieron varias irregularidades y se violaron normas contractuales y administrativas.
Rivera cuestionó que el avalúo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi a través del cual se planteó todo el negocio, fue presentado por el vendedor (Grupo Rivera) y no por el comprador (Contraloría), tal como lo exige el artículo 13 del Decreto 1420 de 1998.
También reclamó que, en el orden de presentación de la propuesta para comprar ese inmueble y la aprobación de la misma, existan fechas invertidas, como si todo se hubiera hecho a última hora.
“La propuesta tiene fecha del 25 de enero de 2021, pero la aprobación de esa propuesta aparece fechada un día antes, osea el 24 de enero de 2021”, denunció el veedor Rivera tras asegurar que lo mismo sucedió con los estudios técnicos y el concepto favorable del mismo.
Otra irregularidad que llamó la atención y que al parecer ya fue subsanada, según explicó el propio contralor Córdoba, se relaciona con la licencia de construcción urbanística. La licencia inicial solo permitía el desarrollo comercial de un proyecto privado y no institucional, como es el caso de la sede de la Contraloría.
Sumado a lo anterior, para los veedores ese negocio violó las normas de la contratación pública, por cuanto, según ellos, las obras de acabados y diseños se debieron adjudicar mediante un concurso de méritos, “y no de manera directa y a dedo, al mismo dueño vendedor del inmueble”.
Un dato adicional es que el llamado a garantizar la transparencia de ese millonario negocio entre una entidad pública y un particular, para este caso fue la Agencia Nacional Inmobiliaria (ANIM), cuya labor le fue bien recompensada con una comisión del 12 por ciento por las obras de remodelación y otra del 5 por ciento por la adquisición del inmueble.
La absurdo de todo este escándalo en torno al presunto manejo irregular de recursos públicos en la compra de ese inmueble, es que el competente para conocer las denuncias alrededor de la gestión fiscal realizada por la ANIM, es la Contraloría.
Fuente: DIARIO CRITERIO