Hay más indicios de corrupción y un cartel que se robó 700.000 millones de la paz

El riesgo que se cierne sobre 700.000 millones de pesos destinados para financiar proyectos relacionados con la implementación del proceso de paz –en 9 departamentos– derivó en un voluminoso expediente fiscal.


Si bien el proceso de auditoría que la Contraloría desplegó sobre esos recursos aún no termina, y puede tardarse al menos un mes más para que se emitan conclusiones, ya hay pistas de un cartel de donantes que diseñó un método de presión sobre alcaldes municipales para apoderarse de jugosos contratos.

La ruta de los investigadores fiscales los llevó hasta Cesar, La Guajira, Magdalena, Sucre, Putumayo, Caquetá, Córdoba y Chocó, donde los presuntos integrantes de ese cartel dejaron huellas de cómo se estarían apoderando de los recursos de la paz para desviarlos hacia sus propios bolsillos.

Se conoció parte de ese dosier y estableció que el sistema es, en principio, sencillo. Lo primero que se hace es registrar uniones temporales con varias funciones; luego, se van a municipios beneficiarios de recursos de regalías de los llamados Ocad Paz (Órganos Colegiados de Administración y Decisión), que es la instancia en la que se aprueba el desembolso de los recursos.

Y aquí aparece la primera perla. Lo que estas “mafias” hacen es donar el proyecto de paz a la alcaldía municipal –algo así como el diseño a ejecutar– a cambio de que se les garantice el contrato para ejecutarlo. Esto lo hacen a través de las figuras de obra y no de suministro, como debería pasar para evitar un desfalco.

La Contraloría determinó que solo en La Guajira y en Cesar –2 de los 9 departamentos en los que se hacen rastreos– se encontraron 8 proyectos de paneles solares con un posible detrimento que supera los 66.000 millones de pesos. En ellos aparecen con insistencia tres nombres: Nilson Breiner González Fuentes, Pedro de Jesús del Gallego y Henry Pérez Castro. Y lo hacen a través de uniones temporales como –entre otras– Urumita Solar, Dibulla Renovable y Construeléctrico Solar.

Esas personas y las firmas, de acuerdo con información en poder de este diario, están siendo procesados fiscalmente y el expediente está a punto de derivar en una investigación formal. Pero, además, la Contraloría le dio traslado a la Fiscalía y la Procuraduría para que también sean indagados en esas instancias.

Fuentes enteradas del caso revelaron que esas mismas personas estarían en algunos contratos que son revisados en los otros 7 departamentos objeto del rastreo y, por eso, es que se habla de una posible cartelización.


Aníbal Quiroz, contralor Delegado de la Unidad de Regalías, le dijo a EL COLOMBIANO que esas personas y las entidades territoriales no han podido justificar la adjudicación de los contratos. De hecho, confirmó que es por eso que los alcaldes de Dibulla, Fonseca, San Juan del Cesar y Urumita –en La Guajira–, y de Pueblo Bello, La Paz, Agustín Codazzi, Becerril y Chiriguana –en Cesar–, están siendo indagados de forma preliminar dentro de este voluminoso expediente.

Los contratos bajo verificación hacen parte de los sectores de Minas y de Transporte que se avalan en los Ocad Paz, y –al parecer– hacen parte de la misma denuncia que se hizo desde Blu Radio y que, según esa emisora, implicaría recursos por más de 500.000 millones de pesos. No obstante, extraoficialmente se indica desde los organismos de control que los recursos de los Ocad son de 6,6 billones de pesos, de los cuales se han aprobado desembolso por $2 billones, Así las cosas, hay inquietud sobre si en realidad hay $500.000 millones en riesgo.




Pero, en todo caso, el exconsejero del Posconflicto, Emilio Archila, advirtió que él mismo ya había denunciado desde hace un año las supuestas presiones a alcaldes para aprobarles presupuesto Ocad.

Su versión coincide con una denuncia penal que el contralor General, Carlos Felipe Córdoba, y varios de sus delegados, instauraron ante la Fiscalía desde agosto de 2021 en la cual, según su versión, se advirtió que había anónimos intentando frenar la investigación en torno a este cartel de donantes.

Incluso, de acuerdo con el recurso judicial, se pidió indagar las IP desde las que salieron esos anónimos para saber quién está detrás del supuesto intento de afectar las pesquisas sobre el cartel que se estaría apoderando de los recursos de la paz.

¿Qué hallazgos son los que tienen en riesgo la plata para la paz?

“Nos dimos cuenta de que existían 178 proyectos del Ocad Paz que tenían falencias. Y los alcaldes de municipios PDET tenían proyectos formulados por 30 o 40 mil millones de pesos; pedimos que soportaran la formulación de proyectos y ahí aparecen almas caritativas por todo el país como donadoras”.

¿Ya hay evidencia de un cartel?

“Cuando empezamos la investigación en Cesar y La Guajira encontramos un patrón, que era una misma persona donando proyectos de paneles, y un mismo contratista camuflado en nueve municipios diferentes, y ahí es donde se materializa el primer hallazgo. El segundo es que los paneles son unas importaciones, eso es un contrato de suministro que en algunos proyectos se hace, pero que en esto que estamos investigando lo contrataron como obra pública”.

¿Con qué fin?

“Para hacerle un incremento del AIU, o sea del valor de todo el proyecto, estamos hablando de $66 mil millones en Cesar y La Guajira. Y en la investigación que estamos desarrollando en Córdoba, Magdalena, Sucre, Chocó y Magdalena, por alrededor de los $300 mil millones, está apareciendo el mismo patrón”.

¿Hay riesgo sobre los $700 mil millones auditados?

“Basados en lo que estamos encontrando en la investigación, más la hemos desarrollado y cuyo resultado se determina en un mes, aparecen los mismos patrones de aprobación. Cuando empezamos a ahondar el tema de vías terciarias, surgió el patrón de una misma persona donando y de una empresa que se repite en varios contratos”.

Hay una persona en específico detrás de este presunto cartel de las donaciones...

“Sí, en el hallazgo que ya trasladamos a la Fiscalía y Procuraduría encontramos a un señor que se llama Henry Pérez, esa persona va a lo largo de toda la Costa firmando cartas en las que él dice que él donó el proyecto. ¿Dónde está el patrón? Se repite una empresa, es decir, en uniones temporales que evidentemente es legal, lo que no es normal es que empiece a repetirse esa misma empresa con las mismas características del contrato: uno que debió ser suministro fue un contrato que se hizo por obra pública para hacer un incremento del 30 % del AIU sobre todo el proyecto.

Además, como son proyectos de paneles solares, el Ministerio les asigna un subsidio por usuario conectado a la red. Si uno empieza a revisar este entramado, por qué cuando dijimos que el Ministerio de Minas y la Dirección Nacional de Planeación estaban pasando conceptos sectoriales con proyectos que se iban por suministro y otros por obra pública?, ¿por qué esa discrecionalidad, qué está pasando realmente con proyectos amañados con este tipo de personajes que parecen almas caritativas y que se repita la misma empresa?

Esos patrones son los que nos llevan a concluir la conducta que se configura como un hallazgo fiscal, uno disciplinario que le mandamos a la Procuraduría, y uno penal que enviamos a la Fiscalía. En lo que tiene que ver con Contraloría el tema es la pérdida de recurso, la falta de planeación y la sostenabilidad porque hoy está en riesgo esa inversión que se hizo para que esos paneles se mantengan a lo largo del tiempo”.

¿Y quién es Henry Pérez?

“Es un ingeniero, estamos pidiendo su hoja de vida para efectos del juicio fiscal, y tenemos las certificaciones de distintos municipios en las que ellos dicen que ese personaje fue el que formuló el proyecto y se los donó de manera caritativa. Eso es una preinversión de 70 o 100 millones de pesos, así que eso no lo hace cualquiera para venir a donar ocho o 15 proyectos como lo estamos encontrando”.

En todo esto, ¿MinMinas, el DNP y los nueve alcaldes tienen alguna relación irregular a investigar, o solo son las uniones temporales?

“Nosotros lo que hoy tenemos sobre la mesa es una conducta que se repite, y evidentemente hoy están siendo notificados del inicio del juicio de responsabilidad fiscal –la siguiente fase una vez se materializan los hallazgos–, vincular tanto a funcionarios del orden municipal, como al contratista, al interventor y a funcionarios del orden nacional”.

No descartan vincular entonces a funcionarios del Gobierno si es necesario... Así es, incluyendo a las personas que votaron en el Ocad Paz...


Fuente: DIARIO EL COLOMBIANO

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