Escribe:
CARLOS ALFREDO CROSTHWAITE FERRO*
Mediante documento del pasado 27 de enero el Juzgado Primero Administrativo municipal resolvió que fue mal denegada la solicitud de copias que solicite al Aeropuerto Internacional Matecaña del documento que contiene las condiciones y garantías exigidas por el Banco al concesionario CSS Constructores, dentro del contrato de concesión bajo esquema de APP celebrado en abril de 2017 para la modernización del aeropuerto y que no pudo cumplir, decidiendo que en 10 días siguientes a la notificación entregue la copia respectiva.
No olvidemos que este concesionario fue socio de Odebretch en la cuestionada Ruta del Sol II. Esta decisión tiene su origen en los siguientes hechos. Solo el 13 de junio de 2021 publicaron en el portal SECOP I los Otro Sí 3, 4 y 5 a este contrato, firmados por el entonces gerente Mauro Correa Osorio en agosto 30 de 2017, julio 11 de 2018 y julio 10 de 2019, siendo alcalde Juan Pablo Gallo. Esta irregularidad impidió ejercer nuestro derecho a control ciudadano sobre el desarrollo del contrato, pues el Otro Sí 4 modificó la cláusula que exigía el cierre financiero dentro de los primeros 6 meses de la iniciación, incumplirlo generaba multas diarias de 70 salarios mínimos mensuales por 90 días, y adquirir recursos por $86.144 millones de diciembre de 2014 provenientes de préstamos bancarios, emisiones de mercado o deudas de fondos de capital privado.
Modificar el contrato permitió obtener el cierre financiero al año y con recursos del contratista y de los ingresos propios del aeropuerto, o sea que la vinculación de capital privado para financiar esta obra no se cumplió, al consentir modificar el modo de financiación exigido. Según el régimen de contratación en la etapa contractual deben publicarse entre otros documentos el contrato, adiciones, prórrogas, modificaciones, suspensiones, cesiones, sanciones ejecutoriadas, y al ocultar esta información se incumplió la constitución y la ley, poca cosa indicarán ellos.
Posteriormente la actual gerencia niega acceso a la carta expedida por el Banco con la excusa de ser una información en construcción, decisión indefendible una vez confrontada con la realidad de los hechos, pretendiendo dar calidad de reservada a información pública consolidada y definitiva, por lo que se termina convirtiendo en falso el derecho de acceso a información pública, necesaria para ejercer correctamente el trabajo de veeduría al que tenemos derecho como ciudadanos, y negando el derecho a conocer las exigencias del banco financiador.
Acceder sin barreras a información pública en Colombia es complicado, a pesar de la expedición de la Ley de Transparencia. En escrito reciente la Corporación Vigía Cívica sobre la información del municipio de Pereira expresa que encontraron que en lo que hace relación a sus procesos de contratación, omiten la actualización mensual de la información, los informes de interventoría y de avance de los contratistas, necesarios para evaluar el cumplimiento de los contratos, con lo que ocultan de manera intencional el estado de estos.
Todas las obras contratadas tienen graves problemas por ausencia de estudios de calidad, incumplimiento de plazos, sobrecostos, y en algunos casos pésima calidad. A lo anterior debe agregarse que se niega acceso a las contrataciones celebradas en lo relacionado con prestación de servicios, obras públicas, adquisición y arrendamiento de bienes, y consultoría, obligando a buscar esta información en la plataforma del SECOP II, diseñada para permitir a Compradores y Proveedores realizar el Proceso de Contratación en línea. O sea que a realizar curso para la búsqueda de información. Negación del derecho constitucional a la información y menos posibilidad de enfrentar la corrupción que nos entierra.
*Ingeniero. Dirigente político y cívico. Ex concejal de Pereira por el Polo Democrático Alternativo.
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