Escribe: CARLOS ALBERTO RICCHETTI*
Desde el cambio de gobierno, quienes históricamente son reconocidos enemigos de la paz, junto a sus satélites periodísticos nacionales o regionales, no escatiman formas ni métodos para neutralizar cualquier intento de cambio.
De allí la recurrencia casi permanente a la mentira, la desinformación malintencionada, la falsificación de los hechos y la exacerbación de los detalles negativos para intentar confundirlos con el todo, con el objeto de desacreditar ante la falta de argumentación válida, más proclive a ser tomada por cierta.
Mostrar al actual embajador de Venezuela, Armando Benedetti; al senador, Alex Flores en presunto estado de ebriedad, es correcto. No deja de ser noticia en especial si se tiene en cuenta el amarillismo de la prensa, aunque esté muy mal dicho comportamiento en funcionarios públicos, porque se supone representan la voluntad del pueblo.
Pero cuando esas críticas provienen de los mismos sectores encomendados a disipar, omitir cierta información cuando no es de la conveniencia de sus empleadores sin empañar la gravedad de semejantes hechos, queda en tela de juicio otra vez la libertad de opinión. Más, de tenerse en cuenta que los gobiernos de origen popular no se encuentran “blindados” por el establecimiento.
Quienes cometan errores e incurran en actos reprobables, como en cualquier trabajo, deben ser amonestados y llegado el caso, despedidos de acuerdo con la gravedad de la falta. A lo sumo, se lo podría catalogar como cierta “alcahuetería” de “consecuencias benignas”, desde luego replicada hasta el cansancio para “ganar plata”, aunque de manera indirecta contribuya al correspondiente llamado de atención.
Operar de igual forma contra la voluntad de paz del colombiano de las regiones de dejar de ser víctima del fuego cruzado, de los desplazamientos, los asesinatos, los secuestros extorsivos, los accesos carnales violentos, el atropello de los derechos humanos, no es una labor periodística. Ni siquiera constituye el chisme de galería intrascendente de momento, haciendo la comidilla de los habitantes de barrio. Es un acto criminal, porque apela a la falsa información con las claras intenciones de sumergir el país en la ruina.
Entonces, si se reprocha con agudeza la mera pretensión del derecho a la vida, a la paz, a la libertad; ¿por qué razón atacarlo? No es necesario saber demasiado de política a la hora de intuirlo: Para devolverlo a los responsables de llevarlo a tal grado de crisis humanitaria.
Mafiosos y guerreristas al acecho
Si existen promotores de la guerra hoy devenidos en defensores de la mal llamada propiedad privada, de advertir la mayoría de tierras robadas a campesinos y de propiedades adquiridas con el usufructo de dineros mal habidos, es la asociación ilícita camuflada de partido político llamada Centro Democrático.
De naturaleza situada en el extremo derecho del arco ideológico, profundamente antidemocrático, carga sobre sus hombros la responsabilidad del retorno a las armas de cientos de mujeres u hombres desmovilizados, a los cuales despojaron de toda garantía de reintegración a la sociedad.
Para conseguirlo, exacerbaron los odios –como lo hacen ahora de igual o peor forma los medios masivos de comunicación, junto a los inescrupulosos “periodistas regionales prepagos”- anteponiéndolos a la prioridad nacional de reconciliación a fin de poner a Colombia en los rieles del desarrollo.
Detrás del odio disfrazado de organización política, del encumbramiento de un criminal de lesa humanidad convertido a propósito en falso mesías, se construyó una creencia ciega, obsecuente, sin sentido, despojada del más mínimo fundamento filosófico, de comprensión sencilla e instintiva, con tal de rendir culto a lo inexacto y avalar de esa forma cualquier acto por inhumana que fuera.
No conforme con veinte años de haber empoderado a lo peor de la mafia del narcotráfico, la venta de armas ilegales, del vaciamiento nacional, la concentración del poder, la corrupción, la consolidación de la miseria, la desocupación crónica, la precarización del empleo, la desindustrialización, el abandono del campo, el auge del paramilitarismo, del asesinato como norma, el uribismo sigue vigente.
Ayer fue el hundimiento del país en una violencia fratricida sólo comparable al periodo de La Violencia (1948 – 1957). Después, fue el sabotaje al plebiscito a punta de inexactitudes, falsificaciones y mentiras. Una vez recuperado el poder, el desmonte progresivo de los Acuerdos de La Habana Cuba, montando operaciones político – mediáticas contra los desmovilizados cabecillas de la paz, que no eran “ángeles de la caridad”, pero los requerían de regreso en el monte para justificar sus fechorías desde el poder.
¿Cómo esperar que los delincuentes de cuello blanco, sus socios terratenientes, empresarios, los propietarios de tierras improductivas obtenidas a punta de fusiles, motosierras, desplazamiento forzado, quienes se enriquecen del conflicto armado interno, de la venta de sustancias, de armamentos, estén a favor de la paz, de perder sus “ingresos”, del riesgo de tener que devolver la suma de lo robado?
El gobierno cambio de manos. No así el poder. Por este motivo la necesidad de descomponer el gobierno Petro, avalado por la voluntad de más de once millones y medios de sufragio en demanda de paz, de poner término a los excesos de la clase política tradicional, de lograr cambios inminentes como los observados durante los primeros días, aunque la ardua faena apenas esté comenzando.
Realidad
Del otro lado, la fuerza incontrastable de lo objetivo. Si bien existen sectores residuales, grupos armados al margen de la ley conservando más por tradición que convicción supuestos rasgos ideológicos de izquierda, hace décadas abandonaron la idea de “tomarse el poder”.
En especial sus cuadros jerárquicos están más cerca de lo esperado de la derecha reaccionaria, a la cual acaban por ser funcionales para poder fundamentar la teoría de la “guerra perpetua”, el refuerzo constante de la fuerza militar en lugar de aumentar el presupuesto de áreas de enorme demanda (educación, salud, trabajo; etc.).
Mientras los corruptos del poder viven del ajuste permanente a la ciudadanía, de la carestía de vida, de la lucha armada para financiar negocios espurios, disidencias, ELN, EPL, hasta la herramienta paramilitar asociada a la Policía, el Ejército Nacional, se enriquecen con el sobrante constituyendo una verdadera simbiosis parasitaria.
La “paz total” propuesta por el presidente, Gustavo Petro, se comprometió a implementar el Acuerdos de Paz, a negociar con las distintas fuerzas insurgentes, las autodefensas, para acabar no sólo la grave crisis humanitaria sino evitarle al país el gasto de billones de pesos que cuesta sostener el gobierno de unos pocos.
Acabada la guerra, quedan sin efectos los negocios a expensas del sufrimiento de la inmensa mayoría de colombianos, de sus huellas en las generaciones posteriores. Para lograrlo, es obligatorio sustraer la “materia prima”: Los combatientes, la “carne de cañón”. También a los obligados a retomar el inconducente camino de la rebelión ante la traición de un Estado, el cual les da una palabra primero, volviéndose cuatro años más tarde a aniquilarlos porque los prefiere en las montañas y no, dentro del Congreso.
Miente la derecha cuando habla del progresivo debilitamiento de las instituciones de seguridad. Se trata de hacerlas eficientes fuera del ámbito bélico, de instruirlas en la convivencia pacífica, democrática; de limpiarla de mandos corruptos vinculados al tráfico de drogas, a los falsos positivos. Definitivamente, que se abstengan de seguir viendo al maestro, el sindicalista, el obrero, el activista, el vendedor informal, el estudiante, el joven, a la inquietud social en general como enemigos, con posibilidades de apreciar a los verdaderos.
Engaña el uribismo al hablar de impunidad, cuando se sirve para defender la propia. La JEP no es una alternativa exclusiva de los guerrilleros, sino de los implicados en el conflicto llamados a dar testimonio como elemento sustancial de acceder a la verdad y a la pacificación de una sociedad minada por el rencor o los deseos de venganza, frente a la ausencia del gobierno, de las leyes.
Si bien no hay hechos comprobados hasta el momento; ¿por qué no suponer a quienes abusan de forma reiterada de pregonar falsedades para hacer de la confrontación el “pan de cada día”, ser capaces de matar incluso a su propia gente, incluyendo policías, militares, con tal de asegurar la continuidad de la guerra en Colombia? De no estar en lo cierto, se ofrecen al lector las más sinceras disculpas por el intento deliberado de interpretar mentes, vidas o almas vueltas pedazos.
La “paz total” implica la inmediata suspensión indefinida de los combates en todo el territorio colombiano, de destinar la totalidad de las fuerzas de seguridad a la protección de los ahora ex combatientes, de los líderes sociales. Iniciar cuanto antes las respectivas negociaciones con cada grupo por separado, legalizar las drogas y crear una figura jurídica para penalizar la mentira disfrazada de libertad de expresión, empeñada en la defensa de hábitos ilícitos pero que se defiende como partido político, apelando a la democracia o las libertades a las cuales detesta.
*Periodista, escritor, poeta y cantautor. Director general de Diario EL POLITICÓN DE RISARALDA y de su suplemento, ARCÓN CULTURAL. Integrante de ¡UYAYAY! COLECTIVO POÉTICO, así como del CÍRCULO DE POETAS IGNOTOS.
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