En una decisión histórica, la Corte Constitucional de Colombia ha resuelto incluir la emergencia climática como un elemento crucial en los estudios de impacto ambiental (EIA) para la concesión de licencias ambientales. Esta medida responde a una demanda presentada por Dejusticia, Ilex Acción Jurídica y un grupo de expertos, que argumentaron la necesidad de actualizar la normativa ambiental del país para enfrentar de manera efectiva el cambio climático.
La Ley 99 de 1993, que estableció el marco del licenciamiento ambiental en Colombia, no contemplaba el cambio climático como un factor determinante en los EIA. Hasta ahora, estos estudios se centraban en tres elementos: bióticos, abióticos y socioeconómicos. Sin embargo, en el contexto de una emergencia climática global, estos criterios resultan insuficientes.
La Corte Constitucional, en su sentencia C-280 del 11 de julio de 2024, reconoció que la normativa actual presentaba un “déficit de protección constitucional” y ordenó la inclusión de una evaluación de los impactos climáticos en los EIA. La decisión obliga al Congreso de la República a desarrollar una regulación específica y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a actualizar los términos de referencia para los EIA en un plazo de seis meses.
Esta resolución coloca a Colombia como el primer país de América Latina y el Caribe en integrar formalmente el cambio climático en su proceso de licenciamiento ambiental. La medida permitirá una mejor planificación y mitigación de los impactos ambientales de proyectos de gran envergadura, considerando variables críticas como la afectación a las economías locales, la seguridad alimentaria y los riesgos asociados a eventos climáticos extremos.
Según Laura Santacoloma, directora de Justicia Ambiental de Dejusticia, esta decisión asegura que las autorizaciones de proyectos con impactos graves sean evaluadas en el contexto de la emergencia climática actual, promoviendo un enfoque territorial en la adaptación climática y reduciendo los riesgos para las comunidades aledañas.
Entre tanto, la inclusión del cambio climático en los EIA es una respuesta necesaria y urgente frente a los fenómenos climáticos extremos que afectan a Colombia. Proyecciones del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) indican un aumento significativo de la temperatura media en el país para 2070, lo que podría reducir drásticamente los niveles de lluvia y exacerbar problemas como la sequía, la inundación y la inseguridad alimentaria.
La decisión de la Corte también tiene implicaciones regionales. Como pionero en esta área, Colombia establece un precedente que puede inspirar a otros países de la región a revaluar y fortalecer sus propias normativas ambientales para incluir criterios de mitigación y adaptación al cambio climático, promoviendo un desarrollo sostenible y la protección de los derechos humanos.
Fuente: CUARTO DE HORA
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