La decisión del presidente izquierdista ha coincidido con la decisión del Tribunal Supremo de dejar en libertad en 464 personas detenidas por los asaltos del 8 de enero
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, destituyó este sábado al comandante del Ejército, el general Júlio César de Arruda, en medio de la purga que ha iniciado por su falta de confianza en las instituciones castrenses tras el intento de golpe de Estado del pasado 8 de enero.
Dos semanas después del asalto perpetrado por bolsonaristas radicales a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo en Brasilia, el mandatario comunicó a Arruda su cese, Arruda, que deja el cargo antes de completar su primer mes en el mismo. Según el periódico 'Folha de Sao Paulo', Lula tomó esa decisión porque Arruda «no demostró disposición» en tomar medidas «inmediatas» para aplacar sus dudas sobre la actuación de algunos sectores militares en la intentona golpista.
El hasta ahora jefe del Ejército, había asumido el cargo interinamente el 30 de diciembre, dos días antes del fin del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, y fue confirmado por Lula la primera semana de enero. Será reemplazado por el comandante militar del sudeste, Tomás Ribeiro Paiva, según GloboNews.
La destitución de Arruda se supo horas después de que el Tribunal Supremo de Brasil decidiera mantener en la cárcel a 942 personas por su participación en el asalto a la sede de los tres poderes del Estado. El juez del órgano judicial Alexandre de Moraes adoptó la resolución tras concluir el análisis de la situación de las 1.406 personas que se encontraban aún detenidas. De ellas, 464 han obtenido la libertad provisional, aunque deberán cumplir con ciertas medidas cautelares, informó el diario 'O Globo'.
Las 942 personas que no han sido puestas en libertad han visto convertida su detención flagrante en detención preventiva, la cual no tiene un plazo determinado de liberación. De acuerdo con la información difundida por la oficina de Moraes sobre las personas que continuarán arrestadas pesan delitos relacionados con «actos de terrorismo», «destrucción de predios públicos», «asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado». También les han sido imputados cargos por «amenaza, persecución e incitación al crimen».
Confinamiento y tobilleras electrónicas En cambio, sobre los internos puestos en libertad, no habría indicios de que hubieran cometido actos de violencia, invasión de inmuebles o depredación de los mismos. No obstante, deberán cumplir una serie de medidas como el confinamiento domiciliario nocturno y los fines de semana, el uso de tobilleras electrónicas, así como la suspensión de cualquier tenencia de armas. Tampoco podrán salir del país, ni usar las redes sociales para comunicarse con los demás sospechosos, entre otras determinaciones, según el citado diario. Otras 684 personas, de acuerdo con la Policía Federal, fueron liberadas por «razones humanitarias», por tratarse de ancianos, enfermos o mujeres con niños, pero sus nombre fueron incluidos también en las pesquisas.
Fuente: HOY