Nexos con paramilitares, narcos, evasión, despojo, lavado de activos, la vida "sabrosa" de Cabal

A María Fernanda Cabal la han rodeado personas vinculadas al narcotráfico, a los señalados como 'paraísos fiscales' y una red de negocios relacionados a sus familiares cuyos activos totales suman más de $5 billones.

Cuestión Pública encontró que Cabal está en dos sociedades registradas en Panamá. Vendió un apartamento al empresario Rodrigo José Sarasti Guerrero, quien entró en la Lista Clinton por gerenciar empresas fachada de los narcotraficantes Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali.

El padre de la senadora fue depositario de bienes expropiados a narcotraficantes por el DNE en los gobiernos Pastrana y Uribe. Una empresa en la que Cabal ha sido accionista, es socia de Riopaila Castilla S.A, donde sus familiares han tenido participación y han sido miembros de la junta directiva. Riopaila adquirió y concentró cerca de 41 mil hectáreas de tierra en Vichada por medio de 27 sociedades españolas y un holding en Luxemburgo.

Su esposo, José Felix Lafaurie, ha sido señalado por presuntos vínculos con exjefes paramilitares. Directivos de Augura, aportante de su campaña en 2018, fueron financiadores de las Convivir.

Redes

El círculo de María Fernanda Cabal Molina está compuesto principalmente por sus familiares, que han tejido negocios en las áreas que la senadora ha legislado como el sector agropecuario, energético e inmobiliario. También lo integran empresarios ganaderos y del agro, empezando por su esposo José Felix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán). Dentro de su red de poder hay personas rodeadas por el paramilitarismo y escándalos por acumulación de tierras:

• José Felix Lafaurie fue señalado por Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar de los bloques Córdoba y Catatumbo de las AUC, de haberlo buscado en 2005 para respaldar la elección Mario Iguarán como Fiscal General de la Nación, según un artículo publicado por Verdad Abierta el 3 de octubre de 2018. Lafaurie ha negado esos vínculos. En 2005 Cabal fue nombrada como directora de Asuntos Internacionales por la Fiscalía de Mario Iguarán, cargo que ocupó hasta marzo de 2007, según el perfil de la senadora en la página web de la Cámara de Representantes.

• La Asociación de Bananeros de Colombia, aportante de campaña, aceptó a través de un comunicado en 2017 que empresarios bananeros apoyaron financieramente a las Convivir, según informó la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

• José Ernesto Macías Medina, accionista y suplente del gerente de dos empresas aportantes de campaña, ha sido demandado en el proceso de reclamación de tierras por parte de campesinos sobre baldíos de la hacienda Las Pavas, en Bolívar, que fueron ocupados hace más de 10 años por 123 familias, explicó Verdad Abierta el 12 de diciembre de 2018. Sobre este caso hay dos procesos en curso: uno de extinción de dominio en el Consejo de Estado y una investigación en curso por el delito desplazamiento forzado en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena contra alias "Rapidito", paramilitar que dio la orden a los campesinos de abandonar los predios de Las Pavas, según un abogado representante de Asocab que representa a los campesinos.

• Riopaila Castilla S.A., donde han estado primos y tíos de Cabal, ha estado inmersa en presuntos negocios irregulares con los baldíos de la Nación en Vichada, donde adquirió y concentró más de 41 mil hectáreas de tierra por medio de 27 sociedades constituidas por Riopaila en 2010. Su único socio era el abogado Francisco José Uribe Noguera, quien el 30 de diciembre de 2011 cedió las acciones de las 27 SAS a cinco compañías españolas, cuyo único dueño es Asturias Holding S. A. R. L., ubicado en Luxemburgo, según un informe de la Contraloría en 2017. Este medio encontró evidencia de que las relaciones entre Riopaila Castilla SA y al menos dos de las empresas, creadas bajo la asesoría de Uribe Noguera de la firma Brigard & Urrutia que luego estuvieron involucradas en la presunta acumulación de tierras en Vichada, continuó cuando la senadora Cabal ya era accionista de Inversiones González Cabal y CIA S. C. A.

En el informe de gestión de 2017 que reposa en la Cámara de Comercio de Palmira, la empresa Agroforestal La Pradera SAS "generó ingresos por $104 millones producto del arrendamiento de los predios la Pradera y Samaria, en Vichada, según contrato de arrendamiento celebrado con Riopaila Castilla SA por 30 años". En esta Cámara de Comercio no reposa a fecha de esta publicación ningún documento que registre la cancelación del contrato de arrendamiento entre Riopaila Castilla SA y Agroforestal La Pradera SAS. Lo mismo sucede con Agroforestal El Paraíso SAS, empresa propiedad de Riopaila Castilla SA, según registros de la empresa de febrero de 2012, que recibió $26 millones del contrato de arrendamiento con Riopaila. Según registros de Riopaila Castilla SA, al 17 de octubre de 2018, la empresa Inversiones González Cabal y CIA S. C. A., aparecía dentro de los principales 20 accionistas. En 2017, según la Cámara de Comercio de Cali, Cabal tenía una acción en Inversiones González Cabal y CIA S. C. A. A fecha de esta publicación no reposaba en la Cámara de Comercio de Cali, registro de que haya cedido sus acciones. El cuñado de Cabal, Rafael González Ulloa, denunció ante el extinto Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, estos presuntos negocios irregulares. En un tuit del 21 de julio de 2013, cuando un usuario en esta red social le preguntó si le merecía algún comentario este caso particular, la senadora sugirió que había que separar la actuación de los abogados asesores de la de la empresa azucarera y agregó en otro tuit que "para eso hay responsabilidad jurídica" Dos miembros adicionales de su red han ocupado altos cargos públicos:

• Luisa Fernanda Lafaurie Rivera: cuñada de la senadora fue ministra de Minas de noviembre de 2001 a agosto de 2002. Ocho años, después, el 6 de septiembre de 2010, actuando como apoderada de la sociedad panameñaTucurinca SA, confirió un poder especial a María Paula Rubio para abrir la sucursal Tucurinca Sucursal Colombia SA, empresa involucrada en presuntas irregularidades en la adquicisión de tierras en La Gloria, Cesár, según una investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y Somo en 2016.

• Alejandro Ordoñez Maldonado: el destituído exprocurador general, amigo de la senadora, también ha sido uno de los más críticos de la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), ley que la senadora ha intentado modificar en al menos dos ocasiones en el Senado.

Contratos

Familiares y aportantes de campaña del segundo periodo legislativo de la senadora Cabal Molina han suscrito 83 contratos o convenios con el Estado entre 2011 y 2019 por $128.140.317.583, según el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop):

• La Asociación de Bananeros de Colombia, aportante de campaña, obtuvo dos contratos y seis convenios entre 2013 y 2019 por $49.356.286.837, de los que Augura aportó $16.656.768.672. Dos procesos fueron por contratación directa.

• María del Rosario Carvajal Cabal, prima paterna de la senadora, fue representante legal de la Fundación Carvajal en nueve contratos y 32 convenios entre 2015 y 2019 por $39.311.283.860. Los convenios fueron por $37.524.203.194, de los cuales la Fundación aportó $9.476.724.289. 21 procesos fueron por contratación directa.

• José Felix Lafaurie, esposo de la senadora, ha representado legalmente a contratistas en tres ocasiones entre 2011 y 2019. Uno como representante legal del Festival Cuna de Acordeones y dos como representante legal de Fedegán por $8.727.476.000. Uno de los procesos fue por contratación directa. El Estado dio el 100% del dinero.

• Fedegán, gremio que preside Lafaurie, ha obtenido ocho contratos y diez convenios por $31.796.702.073 entre 2011 y 2016. Nueve procesos fueron por contratación directa. Los convenios tuvieron un valor de $14.855.080.136, de los que Fedegan aportó $2.223.847.466.

• Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, cuñada de la senadora, firmó un convenio como representante legal de Cenit - Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S con el Fondo Colombia en Paz por $14 mil millones el 20 de diciembre de 2017. Cenit aportó $7.300 millones

• Cresconio Banquez Perna, gerente y aportante de $15 millones a la campaña, ha contratado en once ocasiones con entre 2011 y 2020 por $269.101.867. Los procesos han sido por prestación de servicios.

• Andrés Felipe Arcos Rentería, aportante de $9.450.000 a la campaña e involucrado en un escándalo luego de que, siendo contratista del Ministerio del Interior, trinó incitando a la violencia contra manifestantes en el Paro del 21 de Noviembre, firmó dos contratos públicos en 2019 por $27.462.946 mediante contratación directa.

• Ana María Molina, hermana de la senadora, firmó en 2016 un contrato con la Gobernación del Valle del Cauca por $12.480.000 para servir de abogada en el despacho de la gobernadora de entonces, Dilian Francisca Toro.

La ley y el orden

La senadora Maria Fernanda Cabal ha presentado seis proyectos de ley que tienen impacto directo en los negocios de su familia y aportantes:

1. Los proyectos de ley 131 de 2018 y el 20 de 2019, para modificar la llamada Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), con el fin de defender a compradores de "buena fe", cuyas tierras luego son objeto de reclamo por parte de víctimas de despojos.

Las personas y empresas relacionadas con la senadora que se encuentran vinculados a presuntos casos de adquisiciones irregulares de tierras son: Riopaila Castilla S.A., donde han estado primos y tíos de Cabal, ha estado inmersa en presuntos negocios irregulares con los baldíos de la Nación en Vichada, donde adquirió y concentró más de 41 mil hectáreas de tierra por medio de 27 sociedades constituidas por Riopaila en 2010. Su único socio era el abogado Francisco José Uribe Noguera, quien el 30 de diciembre de 2011 cedió las acciones de las 27 SAS a cinco compañías españolas, cuyo único dueño es Asturias Holding S. A. R. L., ubicado en Luxemburgo, según un informe de la Contraloría en 2017. Este medio encontró evidencia de que las relaciones entre Riopaila Castilla SA y al menos dos de las empresas, creadas bajo la asesoría de Uribe Noguera de la firma Brigard & Urrutia que luego estuvieron involucradas en la presunta acumulación de tierras en Vichada, continuó cuando la senadora Cabal ya era accionista de Inversiones González Cabal y CIA S. C. A. En el informe de gestión de 2017 que reposa en la Cámara de Comercio de Palmira, la empresa Agroforestal La Pradera SAS "generó ingresos por $104 millones producto del arrendamiento de los predios la Pradera y Samaria, en Vichada, según contrato de arrendamiento celebrado con Riopaila Castilla SA por 30 años". En esta Cámara de Comercio no reposa a fecha de esta publicación ningún documento que registre la cancelación del contrato de arrendamiento entre Riopaila Castilla SA y Agroforestal La Pradera SAS. Lo mismo sucede con Agroforestal El Paraíso SAS, empresa propiedad de Riopaila Castilla SA, según registros de la empresa de febrero de 2012, que recibió $26 millones del contrato de arrendamiento con Riopaila. Según registros de Riopaila Castilla SA, al 17 de octubre de 2018, la empresa Inversiones González Cabal y CIA S. C. A., aparecía dentro de los principales 20 accionistas. En 2017, según la Cámara de Comercio de Cali, Cabal tenía una acción en Inversiones González Cabal y CIA S. C. A. A fecha de esta publicación no reposaba en la Cámara de Comercio de Cali, registro de que haya cedido sus acciones. El cuñado de Cabal, Rafael González Ulloa, denunció ante el extinto Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras, estos presuntos negocios irregulares. En un tuit del 21 de julio de 2013, cuando un usuario en esta red social le preguntó si le merecía algún comentario este caso particular, la senadora sugirió que había que separar la actuación de los abogados asesores de la de la empresa azucarera y agregó en otro tuit que "para eso hay responsabilidad jurídica"

• Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, cuñada de la senadora, es apoderada desde 2015 de Tucurinca S.A., sociedad suspendida, domiciliada en Panamá e involucrada en una presunta adquisición irregular de tierras en el Cesar, según una investigación de Indepaz y Somo de 2016.

• Aportes San Isidro S.A, aportante a la campaña en 2018, tiene como uno de sus mayores accionistas a José Ernesto Macías Medina, empresario vinculado al caso de reclamación de tierras de la finca Las Pavas, ubicada en el sur de Bolívar, documentado por Verdad Abierta el 12 de diciembre de 2018. Sobre este caso hay dos procesos en curso: uno de extinción de dominio en el Consejo de Estado y una investigación por el presunto delito de desplazamiento forzado en el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cartagena.

• Miembros de la junta directiva de la Asociación de Bananeros de Colombia (Augura), aportante de campaña en 2018. El 3 febrero de 2017, el portal Verdad Abierta publicó la lista de los presuntos financiadores señalados por Hasbún, recopilada por la Fiscalía General de la Nación. Entre los mencionados están Jaime Henríquez Gallo, Juan Esteban Álvarez Bermúdez, José Gentil Silva Holguín, Javier Restrepo Girona y Diego Luis Restrepo. Estas personas hicieron parte de la junta directiva de Augura en junio de 2019, según un acta de la asociación que reposa en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. En 2017, a través de un comunicado, Augura señaló: “Bajo la presión social y la urgencia de acciones que permitieran salir de la crisis, los empresarios bananeros nos vimos prácticamente obligados a hacer aportes a las Convivir".

Además, Nataly Delgado Pinzón fue aportante de campaña de 2018 y es directora ejecutiva y representante legal de la Fundación Colombia Ganadera (Fundagan) desde 2008, que brinda asesoría gratuita a propietarios que han adquirido de buena fe sus predios y que hoy son objeto de reclamación en cumplimiento de la ley 1448, de acuerdo con su página web.

1. Proyecto de ley 19 de 2019, con el fin de conocer en tiempo real la disponibilidad de recursos que tiene un productor rural para acceder a un crédito. Seis empresas del sector agrícola están relacionadas a la familia de la senadora, según las Cámaras de Comercio de Cali y Palmira:

• Riopaila Castilla S.A

• Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S

• Cabal Rivera Hermanos Ltda

• Central Azucarero S.A.S

• FDN Nutrición Animal S.A.S

• Agropecuaria Molina Mejía S.A

• Agroindustria Victoria S.A

1. Proyecto de ley 157 de 2018, para crear el Fondo Nacional del Carbón. Para entonces su cuñada Luisa Fernanda Lafaurie Rivera era integrante de la junta directiva de Enel-Emgesa S.A, productora de energía, puesto que ocupó hasta 2019, según registros de la propia compañía.

2. Proyecto de Ley 213 de 2019: para incentivar el abastecimiento de gas combustible en el país y ampliar su utilización. Luisa Fernanda Lafaurie Rivera, cuñada de Cabal, hizo parte de la junta directiva de Emgesa S.A. entre 2018 y 2019, productora de energía eléctrica que tiene dos centrales térmicas que utilizan combustibles fósiles, entre ellos el gas, según publicaciones oficiales de la empresa. Emegesa S.A pertenece a Enel, distribuidora de gas natural.

3. Proyecto de ley 060 de 2016: buscaba la creación del fondo especial de financiamiento agrícola (Fefa), destinado a los pequeños productores campesinos. El artículo 14 establecía que las asociaciones de pequeños productores agrícolas deben estar conformadas por un número mínimo de 10 integrantes, sin delimitar cuándo una asociación deja de ser pequeña. Además, el artículo 21 del proyecto señala que el Fefa solo financiará proyectos de tipo agrícola que estén determinados por la producción de alimentos, la cadena de abastecimiento y comercialización. Para entonces, familiares de la senadora estaban vinculados en seis empresas que se dedican a la producción agrícola, según las Cámaras de Comercio de Cali y Palmira:

• Riopaila Castilla S.A

• Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S

• Cabal Rivera Hermanos Ltda

• Central Azucarero S.A.S

• FDN Nutrición Animal S.A.S

• Agropecuaria Molina Mejía S.A

1. Proyecto de Ley 222 de 2015 para modificar algunas normas vinculadas al impuesto predial y el catastro. Para entonces, seis empresas relacionadas a familiares de la senadora estaban relacionadas al sector inmobiliario, según las Cámaras de Comercio de Valledupar y Cali:

• Lafaurie Cabal S en C

• Agropecuaria Molina S.A.S

• Inversiones Guabinas S.A.S

• Antolena S.A.S

• Amsel Inversiones S.A

• Inversantamonica S.A

Transparencia

En el semáforo de transparencia de Cuestión Pública, la senadora María Fernanda Cabal Molina obtuvo un 4/8. En su declaración juramentada de bienes y rentas, Cuestión Púbica encontró que la senadora no consignó que es directora y tesorera de Salamina Investments Inc y tesorera de la Fundación Kappa Pi desde 2008, domiciliadas en Panamá, país de jurisdicción offshore.

Tampoco registró que tiene participación desde 2012 en Inversiones González Cabal & Cia SCA, empresa que a su vez es una de las principales 20 accionistas de Riopaila Castilla S.A en 2019, según la Cámara de Comercio de Cali, donde a fecha de esta publicación no reposaba ningún acta que evidenciara una eventual salida de la senadora.

La senadora Cabal entregó parcialmente los documentos solicitados por CP y a la fecha ya hizo pública su declaración juramentada de bienes y rentas y su declaración de renta en el Departamento Administrativo de la Función Pública (Dafp), como lo ordena la Ley 2013 de 2019. En este último documento de 2018, la senadora reportó un patrimonio líquido de $2.374.516.000.

Socios y negocios

Cuestión Pública encontró que la senadora realizó un negocio inmobiliario con un miembro de la estructura económica del Cartel de Cali: Rodrigo José Sarasti Guerrero. Según el Registro de Instrumentos Públicos de Cali, el 20 de febrero de 1992, Cabal le vendió un apartamento y un garaje en Cali a Sarasti Guerrero, quien gerenció empresas fachada de los narcotraficantes Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El 17 de septiembre de 2003 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés) de este Departamento incluyó a Sarasti Guerrero en la lista de Narcotraficantes Especialmente Designados (Sdnt por sus siglas en inglés), conocida como la Lista Clinton, explicando que Sarasti era el gerente general y accionista de una empresa fachada del Cartel de Cali. Lo retiró el 30 de octubre de 2009. Cuestión Pública encontró que en 1989 Sarasti Guerrero intengró junto a Francisco Javier y Andrés Hernández Bohmer la junta directiva de Obursatiles S.A, dedicada a actividades bursátiles, según la Cámara de Comercio de Cali. Dos añosa antes, en 1987, Sarasti Guerrero, Francisco Javier y Andrés Hernández Bohmer constituyeron la empresa Ovalores S.A en Cali, de acuerdo con registros de la Cámara de Comercio de la ciudad.

En 2007, en el Gobierno Uribe, Andrés Hernández Bohmer fue designado agente especial por la Superintendencia de la Economía Solidaria para intervenir a Copservir, dueña de la cadena Drogas La Rebaja, creada por los narcotraficantes Rodríguez Orejuela. El 11 de enero de 2011, la Dirección Nacional de Estupefacientes (Dne) designó a Andrés Hernández Bohmer como depositario provisional de los bienes en extinción de dominio del clan Nasser Arana, narcotraficantes de Barranquilla, a través de la empresa Promocon S.A. en Liquidación, según registros en la Cámara de Comercio de esa ciudad.

Esto se dio luego de que Camilo Bula, el primer liquidador de Promocon S.A, estuviera inmerso en una estructura en la que funcionarios de la Dne negociaban los bienes incautados para después venderlos por debajo de los avalúos oficiales, informó Noticias Uno, el 14 de septiembre de 2013. Según dijo el ex vicefiscal de entonces, Jorge Perdomo, en la publicación del noticiero, una de las inmobiliarias que sirvieron para vender los bienes de los Nasser Arana fue la Inmobiliaria Araujo y Segovia S.A, de la familia del senador Fernando Araujo Rumié, del Centro Democrático.

Luego de reemplazar a Bula como liquidador de los bienes, Andrés Hernández Bohmer confirió el poder a Francisco Hernández Bohmer el 15 de febrero de 2011 y se lo revocó en mayo de 2012. Andrés Hernández Bohmer confirió el poder a Francisco Hernández Bohmer el 15 de febrero de 2011 y se lo revocó en mayo de 2012. La senadora Cabal estuvo vinculada a dos organizaciones sin Ánimo de Lucro y una sociedad mercantil:

• Fundagán: Según la Cámara de Comercio de Bogotá, fue una de las socias fundadoras de esta organización sin ánimo de lucro, el brazo social de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán), cuyo presidente es José Felix Lafaurie Rivera, esposo de la senadora. El 16 de agosto de 2007 fue nombrada presidenta de su junta directiva en reemplazo de Carlos Tomás Severini Caballero, hermano del exjefe paramilitar del bloque norte, Saúl Severini, según el portal Verdad Abierta, y permaneció allí hasta 2013.

• Viajes Estudiantiles Ltda: fue una agencia de turismo constituida por Adriana Escobar Ospina y María Fernanda Cabal Molina el 5 de septiembre de 1996, según la Cámara de Comercio de Bogotá. La sociedad fue disuelta el 9 de abril de 2003, tras desencuentros entre ambas socias que terminó el 26 de mayo de ese año con una demanda de Escobar Ospina contra Cabal Molina, que fue rechazada el 5 de noviembre de 2010 por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio.

• Corporación Compromiso Ciudadano en Liquidación: fue una organización sin ánimo de lucro, constituida en Bogotá el 22 de enero de 2002 por Cabal Molina y cinco personas más, entre ellas el exsenador conservador Juan Manuel Ospina Restrepo, exdirector del Incoder, vinculado laboralmente a su esposo, José Felix Lafaurie, según un perfil de Ospina Restrepo realizado por La Silla Vacía, actualizado el 13 de julio de 2016. Paradójicamente, el exsecretario de Desarrollo Económico de Gustavo Petro en la Alcaldía de Bogotá, Carlos Simancas, también compartió la corporación con Cabal. La Corporación dejó de estar activa en 2003, según la Cámara de Comercio de Bogotá.

Negocios de familia

Familiares de la senadora Cabal están vinculados a 32 empresas colombianas con activos declarados por $5.903.661.963.698. Las cinco de mayor patrimonio neto son:

• Carvajal S.A, multinacional presente en 14 países en América, con $837.828.000.000

• Riopaila Castilla S.A., productora de caña de azúcar, involucrada en la presunta acumulación de baldíos en Vichada, con $395.004.357.000

• Carvajal Empaques, fabricadora de papel, cartón y envases, con $513.629.000.000

• Carvajal Pulpa y Papel, productora de pulpas o pastas, con $411.981.212.000.

• Inversantamónica S.A., del sector inmobiliario, con $377.823.530.548

Además, según el Registro Público de Panamá, hay 13 empresas activas relacionadas con su familia, que suman un capital social de 141.574.548 dólares Las cinco de mayor capital son:

• Telapis Holdings Inc , con 65 millones de dólares.

• Carvajal Empaques Holding S.A, con $53.688.468 dólares

• Assenda Holding S.A, con 10 millones de dólares.

• IBC Solutions Inc, con 10 millones de dólares.

• Carvajal Educación S.A, con 1.990.580 dólares.

La senadora está vinculada a cuatro empresas en Colombia que suman activos por $12.965.265.975 y a dos en Panamá, según las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali, Valledupar y el Registro Público de Panamá: En Colombia:

• Ha sido accionista de Inversiones González Cabal & CIA S.C.A, con activos totales por $3.295.586.997.

• Es fundadora de Inversiones Lafaurie Cabal S.A.S, que empezó en 2018 con un capital de $10 millones y registró activos totales por $2.602.315.275 ocho meses después.

• Es cofundadora de Lafaurie Cabal S en C, de construcción de edificios residenciales, constituida como Potro Salvaje Ltda. En 2018 registró activos totales por $6.452.559.570 y se categorizó como microempresa.

• Es cofundadora de la agencia de viajes Student Travel Center Ltda, de la que fue accionista hasta marzo de 2020. En 2019 registró activos totales por $614.804.133 En Panamá:

• Desde 2008 es tesorera de la Fundación Kappa Pi y directora y tesorera de Salamina Investments Inc, constituidas por su cuñado Rafael González Ulloa.

Patrimonio

La senadora María Fernanda Cabal Molina tiene nueve propiedades:

• Un apartamento en Barranquilla de 58,50 metros cuadrados con un parqueadero de 12,50 y un depósito de 2,75 metros cuadrados que compró el 20 de abril de 2018. En el mismo conjunto residencial, los apartamentos están avaluados aproximadamente en $197 millones, según el portal de clasificados Finca Raíz.

• Dos apartamentos en Bogotá, uno de 260.85 metros cuadrados que compró por $195 millones el 3 de diciembre de 1996 y otro de 45.06 metros cuadrados que adquirió por $110 millones el 19 de junio de 2009.

• Cuatro garajes en Bogotá de 9.58 metros cuadrados que adquirió con dos oficinas de 70.25 y 70.59 metros cuadrados respectivamente por $154.391.000 el 7 de diciembre de 1999. Una de las compraventas la hizo con su mamá, Amparo Molina de Cabal, quien tiene el 42% de una oficina y un garaje.

Cuestión Pública encontró que el 20 de febrero de 1992 María Fernanda Cabal le vendió un apartamento y un garaje en Cali a Rodrigo José Sarasti Guerrero, quien el 17 de septiembre de 2003 fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la Lista Clinton. Según ese departamento, Sarasti era el gerente general y accionista de una empresa fachada del Cartel de Cali y también era funcionario de Kesman Overseas y Zaratan Corporation, compañías holding offshore con sede en las Islas Vírgenes Británicas que actuaron en nombre o representación de los narcotraficantes Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (Ofac por su sigla en inglés) retiró a Sarasti y a otros colombianos de la Lista Clinton el 30 de octubre de 2009.

Procesos judiciales

Cuestión Pública encontró que la senadora tiene cinco investigaciones con carácter reservado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Estos son otros procesos en su contra:

• Una impugnación de tutela interpuesta el 4 de septiembre de 2018, por Gilma Rosa Tellez Carrascal, representante legal de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamat, contra María Fernanda Cabal en el despacho de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cúcuta. Las razones no se especifican en el expediente de la Rama Judicial, pero el 10 de octubre se "confirmó el fallo de origen" y el 22 del mismo mes se remitió el expediente a la Corte Constitucional para su revisión.

• Una impugnación ante la Corte Suprema de Justicia - Civil, interpuesta por Néstor Alonso Díaz Lizarazo, al fallo de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, del 4 de noviembre de ese año, contra María Fernanda Cabal Molina, Thania Vega de Plazas y Marco Fidel Ramírez, la Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, y Caracol Televisión S.A., para que se retractaran por haberse referido como “vándalos” a los manifestantes del plantón que organizó el 13 de noviembre de 2016 como "beneplácito" por la destitución del exprocurador Alejandro Ordóñez. El 30 de noviembre de 2016 la Corte Suprema confirmó la sentencia impugnada y desestimó las pretenciones de Díaz Lizarazo.

• Una demanda interpuesta por Adriana Escobar Ospina el 26 de mayo de 2003, con quien Cabal Molina constituyó el 5 de septiembre de 1996 en Bogotá la sociedad de Viajes Estudiantiles Ltda (Vela Ltda), según la Cámara de Comercio de esa ciudad, por "actos contrarios a la prohibición general, desviación de clientela, desorganización, confusión, explotación de la reputación ajena, inducción a la ruptura contractual y violación de normas". La Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio desestimó la demanda el 5 de noviembre de 2010.

Además, el 19 de marzo de 2019 el Juzgado 53 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá condenó a Julián Alberto Gutiérrez Amaya y a John Rafael Garzón Rodríguez a 39 y a 43 meses de prisión respectivamente por los delitos de constreñimiento y corrupción de sufragante. Esto por haber presionado a un grupo de personas para que votaran por Diego Caro (para la Cámara de Representantes) y María Fernanda Cabal (Senado) en los comicios que se celebraron en marzo de 2018. Según un artículo del 3 de abril de 2019 de Rcn Radio, Julián Alberto Gutiérrez y John Rafael Garzón le pidieron perdón a la senadora por haber utilizado su nombre.

Ante todo lo expuesto; ¿que autoridad moral puede tener este personaje público para criticar así sea mínimamente no sólo al "Gobierno del Cambio", sino acerca de cualquier otro aspecto irrelevante devenido de la titidianidad? Pero sobre todas las cosas; ¿qué o quiénes impiden, de ser reales la suma de todas estas exposiciones, al menos la prisión preventiva para María Fernanda Cabal, junto a sus eventuales secuaces?

Desde luego, en un país donde los más apasionados críticos son los que utilizaron armas del Ejército para masacrar jóvenes marchantes durante las jornadas del Paro Nacional, los mismos con cómplices entre los grupos armados al margen de la ley, aliados a le fuerza pública para reprimir y desaparecerlos en hornos crematorios de Bogotá, antes de torturarlos en almacenes de cadena como el Éxito, donde criminales como Andrés Escobar puede aspirar al concejo en Cali -apoyado por el Centro Democrático y la propia senadora uribista- mientras se le pone trabas al Presidente Petro para reformar el trabajo, la salud o las pensiones, amarradas a la ruleta del negocio de los poderosos; ¿cómo entonces "gente de bien" como la paramilitar, socia de narcotraficantes, despojadora de tierras, evasora, corrupta, promotora de bandas criminales responsable de verdaderos despojos al interior de la administración pública como María Fernanda Cabal, no va a estar libre en este preciso instante, mientras se llevan preso a un pobre vendedor de tintos por intentar llevarle un miserable pedazo de pan a la familia?

Fuente: CUESTIÓN PÚBLICA / DIARIO EL POLITICÓN DE RISARALDA