De manera inequívoca, el pueblo colombiano interpreta la dilación de la Corte Suprema de Justicia como una burla hacia su voluntad soberana y lo hizo sentir en todas las calles del país
Escribe: CARLOS ALBERTO RICCHETTI*
Si hay algo que el país no puede ni debe darse el lujo de permitir, es a los criminales salirse con la suya. Adrede, la Corte Suprema de Justicia se volvió a negar a elegir una nueva fiscal de la terna enviada en su momento por el presidente, Gustavo Petro, asumiendo una actitud peligrosa para la democracia lejos de “hacerle el juego” a la industria del poder.
Resulta vano, estresante, o solicitar argumentos a los letrados expertos en constitucionalismo, porque Colombia es la pionera sudamericana de incumplir las leyes cuando no conviene a quienes ostentan el poder político, económico y se nutren de la mendicancia social para hacer valer sus espurias razones, sin contar el Ejército, pasando por la Policía, las armas, hasta la herramienta paramilitar.
Maniobra
No conformes con ello, tanto el uribismo como sus satélites políticos salen a los medios cómplices a victimizarse, poniendo al acusado en lugar del acusador. De ahí el vil intento de culpar a la gente de rodear el sitio donde debió haberse realizado la elección de la fiscal, pasado 8 de febrero, cuando el verdadero asalto al poder es a través de funcionarios corruptos, comenzando por el ex fiscal Barbosa, “a dedo” y sin un pueblo detrás haciendo valer semejante adefesio.
En todo caso escuchar una vez más el culto a la mentira realizado por RCN, Caracol, Semana, junto a otros medios masivos de comunicación, salir a hablar de un eventual atropello a la institucionalidad cuando por otra parte, desde la asunción del Gobierno se dedicaron a desacreditarlo sin motivo, para luego alentar un golpe de Estado. Pero haciendo énfasis en lo antes dicho, al tratarse de Petro, del deseo de la gente de vivir en un régimen democrático, no se lo mide “con la misma vara”.
Desde antes de la manifestación, se dedicaron a decirle a la gente que se trataba de una manifestación petrista, de respaldo al primer mandatario, cuando al margen de las consignas de organizaciones de la talla de FECODE -afín al gobierno- el principal objetivo no era la defensa de la actual administración sino de la democracia o sus instituciones, secuestradas por los representantes de la mafia y los carteles.
Propósito
Al dilatar la elección de la nueva fiscal, por normativa el cargo queda en manos de la vicefiscal, Marta Mancera, lo cual es el equivalente en la práctica a “devolvérselo” a Barbosa para seguir con su cometido: Archivar expedientes de políticos corruptos, ocultar notorios escándalos durante veinte años de gobiernos uribistas, además de un largo etcétera.
No es necesario reiterar los vínculos comprobados de Barbosa y Mancera con carteles del narcotráfico, sectores políticos corruptos a quienes se les encomendó proteger, ni dejar evidencia que la Corte Suprema de Justicia está integrada por “cuotas” de los partidos Centro Democrático, Liberal o Conservador. Es decir, poner a los “amigos” de los criminales de cuello blanco a “vigilarlos”, para hacerlos “comportar bien”, lo cual es algo similar a dejar el perro cuidando el asado…
El objetivo real es el boicot deliberado hacia las autoridades constituidas, difamar injustamente al presidente a los funcionarios de gobierno, a sabiendas de la completa inacción de una justicia representada por jueces de bolsillo, capaz de pasarse las leyes de la República por el forro del traste, impedir en el Congreso las reformas votadas por el Pueblo y de no ser suficiente, provocar un golpe de Estado.
Alternativa
Aunque se haya vuelto a lanzar el artilugio de solicitar una nueva fecha -esta vez para el próximo 25 de enero- según los estamentos vigentes, la Corte Suprema de Justicia bien puede dilatar el proceso de elección de la terna “hasta el Día del Juicio Final”.
Impera la urgencia de apartar la delincuencia organizada del Estado, avanzar hacia las reformas que tanto demanda el país, poner punto final al enredo impuesto por la clase política en contravía a la voluntad popular. En ese sentido, podría ser conveniente una pronta reunión donde el presidente Petro, el Gabinete Nacional, sus más cercanos colaboradores, representantes de las fuerzas del orden o de distintos sectores de la vida nacional, puedan alcanzar el acuerdo conjunto necesario para actuar con todo el peso de la ley.
Desde luego, no se trata de apoyar a un gobierno determinado, respondiendo a colores políticos e intereses particulares, como lo hacen quienes pretenden imponer los máximos responsables de este cuadro de situación. Inplica salvaguardar para los tiempos una democracia auténtica, sus valores, las libertades colombianas y la defensa de la institucionalidad, descomprimiendo la crisis jurídica imperante. Tampoco establecer “de hecho” lo mismo que se intenta combatir. A lo sumo, sería dar el primer paso para facilitar a la brevedad posible la libre elección popular de magistrados o jueces, estableciendo un modelo exitoso observado en países como los Estados Unidos, en lugar de seguir con la justicia secuestrada por jueces o fiscales nombrados “a dedo”.
Interrogante
El autor de esta crónica se toma la impertinencia de preguntar al lector en su fuero íntimo; ¿qué hubiera hecho el ex presidente Uribe, si fuera hoy gobierno, frente a personas ya no irrespetando, sino llamando abiertamente a una sedición como lo hicieron María Fernanda Cabal, Paloma Valencia o Miguel Polo Polo? ¿Tienen autoridad moral para hablar defendiendo la democracia, las organizaciones gubernamentales, cuando quieren derrocar al Gobierno porque no les conviene a sus oscuros propósitos, como el récord de incautación de drogas? ¿O les viene a importar ahora, tras haberse encargado en el pasado de organizar grupos privados de exterminio a opositores?
Por mucho menos durante las jornadas del Paro Nacional decenas de jóvenes fueron torturados en las distintas sedes de la cadena de almacenes “Éxito”, por citar algunas empresas cómplices, cayeron a merced de las balas de la fuerza pública aliada al paramilitarismo y los cuerpos, si no permanecieron sobre el asfalto caliente de sangre, fueron incinerados en los hornos crematorios del cementerio de Bogotá o los clandestinos de los Santanderes.
Quizás en esta oportunidad, sea bueno saber si cuando el pueblo vuelva a salir la calle para hacer valer su autoridad indiscutible, reclamar sus derechos a través de la vocación democrática que siempre lo caracterizó, no sólo lo van a acusar de vándalo, sino lo van a reprimir violentamente por pretender vivir en un país más justo.
En resumen de cuentas; ¿hasta cuando el pueblo colombiano va a seguir tolerando en silencio una dictadura tácita con apariencia democrática, debiendo obedecer a la fuerza tutores de facto, llevándose la mejor tajada de la riqueza producida por quienes trabajan y pagan impuestos, a cambio de un bienestar que no terminan de recibir?
*Periodista, escritor, poeta, actor y cantautor. Director general de Diario EL POLITICÓN DE
RISARALDA y de su suplemento, ARCÓN CULTURAL. Intregrante del CIRCULO DE
POETAS IGNOTOS.