Nueva operación de prensa opositora, pretende desprestigiar Gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía General de la Nación que abra una investigación en contra de su hijo y hermano por el escándalo que rodea los posibles sobornos a narcos y a presos, a cambio de incluirlos en el bus de la paz total.

El pasado cinco de febrero la Oficina del Alto Comisionado para la Paz denunció que algunos presos, de distintas cárceles del país, habrían recibido visitas de abogados que ofrecieron sus servicios –de manera engañosa– para incluirlos en un eventual sometimiento a la justicia en el marco de la política de la paz total.

“Debido a la información que se rumora en la opinión pública sobre mi hermano Juan Fernando Petro Urrego y mi hijo mayor Nicolás Petro Burgos, le pido al Fiscal General de la Nación adelantar todas las investigaciones necesarias y determinar posibles responsabilidades”, señaló el presidente en un comunicado.

Los abogados corruptos se estarían valiendo de la Ley 2272 de 2022 (Ley de Paz Total) para vender la falsa idea de que ellos están facultados por el gobierno para acercarse a las bandas criminales.

El presidente recordó que el único autorizado para establecer los puentes con las bandas y grupos criminales es el comisionado de paz, Danilo Rueda.

“Quien quiera intervenir en ese propósito, o sacar provecho personal de este, no tiene cabida en el Gobierno, incluso si son miembros de mi familia”, detalló el presidente.

Los caminos que conducen a Juan Fernando y Nicolás Petro en este escándalo tendrían que ver con el rumor de posibles acercamientos ilegales que adelantaron los familiares del presidente con algunos criminales.

El hermano del presidente ya había rendido indagatoria ante la Fiscalía por este escándalo y durante la audiencia pidió que lo reconocieran como víctima del caso porque han usado su nombre para entablar los acercamientos irregulares.

Desestabilización

Desde su llegada al poder, si algo caracterizó al gobierno del Presidente Gustavo Petro fue su lucha contra la corrupción. En primer término, derogó nombramientos burocráticos dejados por el último gobierno uribista de más de 18 billones de pesos. Recientemente, anulo también puestos administrativos que constituían gastos innecesarios.

Por otra parte, la reforma laboral, pensional y de salud, atenta directamente contra los intereses de muchos políticos de oposición, quienes tienen su "caja de ganancias o negocios" en dichos sectores en detrimento de trabajadores, pensionados o usuarios, que por intermediación del Gobierno Nacional podrán acceder a mejores servicios, además de ejercer su derecho cualitativo a las correspondientes prestaciones.

Ante la carencia de propuestas distintas a las de un retorno forzado a los tiempos de Iván Duque, la oposición se dedicó a descalificar incluso de forma grosera tanto al Presidente de la República, como a los integrantes del gabinete, senadores o todo aquel teniendo una figura mayúscula en la escena política, a fin de desprestigiarlo.

De hecho, para nadie es ningún secreto el llamado de conocidos políticos de primer orden nacional, cometiendo delito de rebelión al llamar de manera abierta a consumar un golpe de Estado, sin importar las consecuencias para bien y mal de una interrupción abrupta del orden constitucional, en busca de incumplir el mandato popular de cambio, frente al descrédito de la clase dirigente

Por esa razón es que ahora se pretende sacar provecho de una rencilla familiar -con las secuelas del resentimiento muchas veces generados a raíz de un divorcio- para deteriorar la imagen de una administración decidida a tomar "el buey por las astas", superando la pesada herencia política, social y económica de veinte años de neoliberalismo, corrupción, paramilitarismo, narcotráfico o asesinato.

Al mismo tiempo, muy previsiblemente quedan en un limbo jurídico exentos de ser investigados casos resonantes como el de las "narcovacas" -el envío por mar de ganado con drogas ocultas al exterior, donde los principales implicados son los opositores José Félix Lafourie y la senadora uribista, María Fernanda Cabal- el nuevo aplazamiento del juicio y posterior "cajoneo" de la causa contra el ex presidente, Álvaro Uribe, sumado el de las presuntas implicancias del gobierno uribista en la muerte del primer mandatario haitiano. Esto, sólo por citar algunos de los cientos de episodios jurídicos teniendo a la oposición como protagonista estelar.

Para finalizar, es necesario aclararle a los lectores la hipersensibilidad de los gobiernos populares, al no estar blindados ni protegidos por cómplices tan peligrosos como los medios masivos de comunicación, empresarios, terratenientes, industriales, banqueros, opuestos al interés del país, al progresivo aumento de la calidad de vida o el bienestar general.

En su lugar, requieren un pueblo dócil y profundamente dependiente de la clase política, fácil de ser manipulado. De allí el interés mayúsculo en hacer fracasar al Gobierno de Gustavo Petro, con el objetivo de que nunca más nadie en muchos años intente revertir la situación catastrófica en la cual dejaron Colombia entera, siendo capaces hasta de inventar, falsificar, tergiversar, mentir, cuando no tienen nada que decir, ni existen pruebas.

¿Cuál es el motivo de semejante comportamiento ruin, sin contar el mantenimiento del poder para seguir viviendo del saqueo del erario público, de los miles de colombianos que trabajan y encima los llaman "vagos"? El alto porcentaje de incautos, viviendo del chisme de galería, de la comidilla, "comiéndoles cuento" o vendiendo el voto a cambio de un mercadito de cinco mil pesos, a los cuales no obstante desprecian por hacer parte del corazón del país..

Fuente: LA VANGUARDIA / DIARIO EL POLITICÓN