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¿Peligra la verdadera democracia en El Salvador?



Desde su llegada a la presidencia el 1° de junio de 2019, Nayib Bukele, ha profundizado su poder político a costa de estrategias que han erosionado el estado democrático y de derecho.

A principios de este año, el oficialismo logró alcanzar la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, lo que le ha permitido aprobar leyes sin negociar con la oposición y renovar en su totalidad a la Sala en lo Constitucional cuyos fallos le habían sido adversos. El impacto de esta medida no tardó en verse, cuando los nuevos jueces habilitaron la reelección presidencial pese a que está expresamente prohibida por la Constitución. 


Por el momento nada parece hacer mella en la elevada popularidad del presidente que en su cuenta de Twitter se autodefine como “el dictador más cool del mundo mundial”. Es más, esto sirvió de argumento a los nuevos jueces de la Sala para argumentar que “las reglas en la alternancia están dirigidas a superar los casos de presidentes que no gozan más de la aprobación del pueblo”. Con todo, las últimas semanas mostraron escenas – hasta ahora inéditas – de descontento social que podrían anticipar un cambio en el clima local. 


¿Cómo llegamos hasta acá? A continuación, analizamos algunos de los principales hitos político-institucionales de los últimos dos años. 


Seguridad y regulación de la pandemia: puntos de quiebre en la relación entre los tres poderes del Estado


Empecemos recordando que Nayib Bukele asumió la presidencia el 1° de junio de 2019 luego de derrotar en primera vuelta y con el 53,1% de los votos a las dos principales fuerzas políticas que alternaban el poder, ARENA y FMLN. Este caudal electoral no se vio, sin embargo, plasmado en la composición de la Asamblea Legislativa que recién se renovó en 2021. En otras palabras, durante sus dos primeros años de gobierno, Bukele debió coexistir con un poder legislativo que aún estaba dominado por la oposición. 


Las tensiones no tardaron en hacerse visibles. Blandiendo denuncias de supuesto bloqueo a su agenda de gobierno, el 9 de febrero de 2020 tropas del Ejército Nacional irrumpieron en el edificio legislativo durante una sesión extraordinaria con el objetivo de forzar la aprobación de un crédito internacional destinado a financiar el plan de Bukele contra el crimen. 


Las controversias se acentuaron tras la llegada de la pandemia de COVID-19, dado que la Asamblea, con competencia exclusiva para declarar el estado de emergencia, se negó a extenderlo en el mes de mayo de 2020. Haciendo caso omiso, el poder ejecutivo decretó la prórroga y, con ello, la restricción al derecho a circular o reunirse, entre otros. La controversia escaló a la Sala de lo Constitucional que declaró la inconstitucionalidad de la medida y de otros decretos derivados, pese a lo cual el gobierno persistió en la misma línea de acción.


El oficialismo alcanza mayoría propia en la Asamblea y avanza sobre el poder judicial 


Los resultados de las elecciones legislativas de febrero de 2021, introdujeron un nuevo giro en la relación entre el poder ejecutivo y la Asamblea. Con un discurso centrado en la crítica a la “vieja política” y sus intentos desestabilizadores, el partido del presidente Nuevas Ideas logró una aplastante victoria al imponerse con más del 70% de los votos. En la práctica, esto supuso que desde el 1° de mayo, el oficialismo cuenta con mayoría propia y mayoría  calificada con el apoyo de su aliado GANA. 


Fortalecido legislativamente, no tardaron en verse nuevas señales de erosión del sistema de pesos y contrapesos institucionales. Tan pronto los/as nuevos/as asambleístas tomaron posesión de sus bancas, votaron a favor de destituir a los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, Raúl Melara. 


El argumento fue que los magistrados habían actuado “contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de toda la población”, en una clara referencia a los fallos que revocaron los decretos presidenciales vinculados a la cuarentena. La remoción del Fiscal General se justificó por sus supuestos vínculos con el partido opositor ARENA, lo que afectaría su imparcialidad e independencia. 


Nada de esto pasó desapercibido para la comunidad internacional, lo que se hizo evidente en las fuertes críticas planteadas por la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Alta Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU y la vicepresidenta de Estados Unidos. Sin embargo, Bukele respondió a los cuestionamientos con la frase “estamos limpiando nuestra casa… y eso no es de su incumbencia”.


Otros cuatro hechos posteriores terminan de oscurecer el cuadro de situación general. 


Primero, el 4 de junio de 2021, se dieron por terminadas en forma abrupta las labores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), creada mediante un acuerdo con la OEA de septiembre de 2019. 


Segundo, el 31 de agosto la Asamblea aprobó una nueva Ley de la Carrera Judicial que jubila automáticamente a jueces que tengan más de 60 años o más de 30 de carrera. Según medios locales, esto alcanzará a más de 200 magistrados, lo que equivale a un tercio de los jueces del país. 

Tercero, en la misma sesión se sancionó una Ley de Reforma a la Fiscalía General que contempla la posibilidad de traslado temporal o permanente de miembros de la carrera fiscal “por razones justificadas de conveniencia del servicio”, lo que fue interpretado como un mecanismo para redireccionar a aquellos funcionarios de la entidad que fueran potencialmente adversos a los intereses del gobierno. Es importante mencionar que el ex Fiscal General, Raúl Melara, antes de ser destituido, investigaba múltiples denuncias por corrupción en distintos ministerios. 


Finalmente, el 21 de septiembre la Asamblea Legislativa eligió a los/as nuevos/as integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), institución encargada de seleccionar jueces ante la Corte Suprema de Justicia, quienes – a su vez – eligen a los titulares de los juzgados de menor rango en la pirámide judicial. 


Cerrando el círculo: las restricciones al acceso a la información pública


Desde mediados del año pasado, también se han advertido múltiples y sistemáticas acciones para socavar el acceso a la información pública y la autonomía del órgano garante, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). 


En septiembre de 2020, Bukele modificó por decreto el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública aumentando las potestades del presidente en detrimento de las decisiones colegiadas y designó a tres comisionados afines que, tres meses después, votaron a favor de no grabar más las sesiones del cuerpo. 


Además, en abril de este año, Bukele ordenó la destitución de la comisionada Liduvina Escobar, bajo el argumento de “probable cometimiento de actos que afectan el funcionamiento del Instituto e incumplimiento de sus funciones en el cargo”. Escobar aún no fue separada del cargo, aunque el proceso podría avanzar luego de que la Sala de lo Contencioso Administrativo optara por no fallar sobre un pedido que esta interpuso para invalidarlo.  


El cuadro se completa con un proyecto de ley presentado el pasado 13 de julio por el Ministerio de Gobernación que busca modificar aspectos sustanciales de la Ley de Acceso a la Información Pública. Entre ellos, incorpora como información confidencial la declaración patrimonial de las personas que ejercen una función pública, crea nuevos mecanismos que dificultan el acceso a la información y aumenta las facultades del presidente del IAIP, quien podrá tomar decisiones sin el aval del resto de los comisionados. La reforma aún no ha sido sancionada, pero todo permite suponer que lo será en el corto plazo y sin mayores impedimentos. 


Lo que hay por delante: reelección, reforma constitucional y ¿resistencia civil? 


Con una inusual concentración de poder y a dos años del fin de su mandato, Bukele dirigió entonces su atención a la Constitución que, en su artículo 154, prohíbe expresamente  la reelección presidencial. Sin embargo, al parecer el impedimento depende de la perspectiva con que se lo mire. 


Es así como el pasado 3 de septiembre la nueva Sala en lo Constitucional abrió la puerta para que el presidente Nayib Bukele compita por un segundo mandato consecutivo en 2024. Contradiciendo la jurisprudencia anterior, ordenó al Tribunal Supremo Electoral que habilite la candidatura de “una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido Presidente en el periodo inmediato anterior” (en este caso 2014-2019) siempre y cuando el candidato al nuevo período inmediato haya tomado una “licencia durante los seis meses previos a la elección”. 


En paralelo, el gobierno impulsa una reforma constitucional que incluye la extensión del mandato presidencial a 6 años y la reducción del término de espera para la reelección, ignorando así el artículo 248 que establece que no se pueden reformar los artículos que refieren a la alternabilidad del ejercicio presidencial. Cabe destacar que el borrador también contempla el otorgamiento de rango constitucional al IAIP y al Tribunal de Ética Gubernamental, la creación de una Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el reemplazo de la Sala de lo Constitucional por un Tribunal de lo Constitucional.


¿Por qué, entonces, acudir a la vía judicial si el oficialismo cuenta con mayoría calificada para aprobar la reforma constitucional? La respuesta es simple. Porque para que la reforma entre en vigencia debe ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los Diputados electos, lo que recién podría ocurrir en 2024. 


En este punto, donde los límites de la democracia parecen ser discutibles, que empezó a capilarizarse el impacto en el humor social. Durante el mes de septiembre hubo varias manifestaciones – inéditas hasta ahora – bajo la consigna “Por la democracia y el restablecimiento del Estado de Derecho”. La ciudadanía protestó contra los abusos de poder del gobierno, la remoción ilegal de jueces, la captura del órgano judicial y la consolidación del poder en torno a una sola figura. 


Del otro lado, se encontraron con un presidente que criminalizó la protesta y trató a los/as manifestantes de terroristas, además de culpar en forma expresa a un miembro del comité ejecutivo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). El 30 de septiembre, la capital amaneció militarizada y con fuerte presencia policial.


De esta manera, la ciudadanía es la que devuelve la mirada y apuesta nuevamente por la democracia, una ciudadanía que apoyó mayoritariamente al oficialismo pero que hoy le recuerda al presidente que el voto no es un cheque en blanco. 



Fuente: DIRECTORIO LEGISLATIVO

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