Pese a denuncias, Gobierno Duque no hizo nada para impedir robo a dineros de la paz

Desde 2021, a Presidencia llegaron denuncias de hechos de corrupción en esta instancia. Sin embargo, durante ese año se giraron $4,4 billones de regalías a financiar proyectos en los lugares más afectados por la guerra, dinero del cual miles de millones habrían sido para pagar coimas. Los recursos debían ir a financiar proyectos en municipios priorizados en los PDET.


Desde marzo de 2021, a Presidencia llegaron denuncias de posibles hechos de corrupción con los recursos de regalías destinados a financiar iniciativas en los municipios más afectados por el conflicto y la pobreza. Se trata del escándalo del órgano OCAD-Paz, donde al parecer se exigían millonarias coimas para aprobar proyectos que presentaban los territorios priorizados por el Acuerdo de Paz en los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Una investigación periodística de Blu Radio publicada recientemente asegura que se habrían pagado alrededor de $500.000 millones en sobornos a congresistas, funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP) —uno de los filtros previos al OCAD-Paz— y de la Contraloría. Incluso, se hablaba con nombre propio de Álvaro Ávila, exdirector de regalías del DNP; Juan Carlos Gualdrón, excontralor delegado para el posconflicto y Aníbal Quiroz, contralor delegado de regalías. Sin embargo, en el Gobierno habían recibido las alertas hace más de un año. La Secretaría de Transparencia de Presidencia informó que, el marzo, recibió la primera alerta: la hizo el entonces consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila. Él integraba el OCAD-Paz y, según ha dicho, hizo que se tomaran las medidas necesarias para que se investigara cualquier hecho de corrupción. Por ejemplo, a través de la Secretaría, denunciaron lo que sabían en la Fiscalía y la Procuraduría. (En contexto: “No hay una prueba”: DNP archivó denuncias de saqueo a OCAD-Paz) El 1 de abril, Secretaría de Transparencia le contó a la Fiscalía que en Presidencia habían recibido un correo electrónico que decía: “Dr. Archila...a usted le han llegado rumores del chantaje que tiene el Dr. Ávila con algunos alcaldes que tenemos pendientes de adjudicación de recursos de los 178 proyectos que usted anuncio el 18 de marzo de 2021 (…) hoy queremos denunciarlo, ya que está solicitando el 5% del valor de cada proyecto o en su defecto el proyecto quedaría sin recursos. Las llamadas las hace a través de unos calanchines que citan a los alcaldes a su oficina”. Otras noticias de Judicial.

Tres meses más tarde, en junio de 2021, a Presidencia llegó un nuevo correo electrónico en el que se denunciaba: siguiente: “En la última semana vemos con preocupación cómo el contralor delegado para Posconflicto, Juan Carlos Guadrón y el director de regalías del DNP Álvaro Ávila, están en una cruzada de presiones e intimidaciones al Ministerio de Transporte para que retire la favorabilidad de más de la mitad de los proyectos de vías que cuentan con favorable del sector. Todo, porque no se negociaron con Gualdrón y Ávila pagos de dádivas o incentivos por la aprobación de estos”.

La Secretaría de Transparencia envió copias de ambos correos a la Fiscalía, a la Contraloría y a la Procuraduría y pidió conocer si se estaban adelantando investigaciones sobre el tema. Además, pidió información al entonces consejero Archila y le hizo sugerencias para garantizar la transparencia del proceso y prevenir hechos de corrupción. Asimismo, solicitó detalles a los alcaldes y gobernadores de todos los municipios PDET que habían recibido recursos del OCAD-Paz sobre los procesos que atravesaron en esa instancia.

Sin embargo, el país solo conoció estos hechos hasta que fueron publicados por Blu Radio en las últimas semanas. En 2021 el OCAD-Paz asignó recursos por $4,4 billones, mientras que en 2020 y 2019, se había asignado solo $1 billón cada año. Es decir, mientras crecían las denuncias por supuestos hechos de corrupción, que tenían nombre propio, se cuadruplicaron los recursos que giró esta instancia creada para entregar a los lugares más afectados por la guerra el dinero que necesitaban para financiar sus propios proyectos de desarrollo.


Implicado


Luis Alberto Rodríguez, economista de 32 años de edad y uno de los implicados en el hurto de los dineros de la paz dispuestos para una década (500 mil millones de pesos), construye en Valledupar -su ciudad natal- una mansión valorada por expertos en aproximadamente dos millones de dólares.


Rodríguez hoy es candidato del presidente Iván Duque para ser Contralor General de la Nación.

La construcción, próxima a concluir, está localizada en las afueras de Valledupar, en el sector conocido como Jardines Ecce Homo.


Expertos consultados explicaron que las características de la mansión y las dotaciones que necesita para su funcionamiento y decoración pueden costar cerca de dos millones de dólares, incluyendo terrenos, vías, diseños y licencias.


El video de la mansión que acompaña esta nota muestra que tiene al menos ocho habitaciones, salones, garajes múltiples, piscinas y zonas construidas que pueden ser para un gimnasio profesional.


La investigación y la denuncia sobre el hurto de los dineros de la paz para 10 años fue hecha por la periodista Valeria Santos.


Luis Alberto Rodríguez hace parte del partido conservador y responde a las órdenes de la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez, de quien fue asesor y basado en las influencias de ella ingresó al gobierno de Iván Duque como viceministro de Hacienda, donde estuvo a órdenes de Alberto Carrasquilla. También, fue director del Departamento Nacional de Planeación, entre septiembre del 2019 y julio del 2021.


Marta Lucía Ramírez también, entre otros hechos, está incursa en negocios de construcción en Bogotá con el narcotraficante Guillermo Acevedo, alias “Memo Fantasma”, y en el robo de una playa pública en la isla de San Andrés que fue agregada a un condominio construido por ella y su marido.


Por medio de dos líneas de WhatsApp y correo electrónico, Luis Alberto Rodríguez fue invitado a expresar su versión pero no contestó. La invitación dice así:


“Buenas tardes. Soy Gonzalo Guillén, periodista. En breve publicaré una investigación sobre la mansión que usted está construyendo en las afueras de Valledupar. Para que tenga derecho a dar su versión, si así lo quiere, lo invito a revelar cuánto le costó, de dónde sacó el dinero y revelar su declaración de renta. También, me permito preguntarle si mantiene su candidatura para Contralor General. Le ruego contestar por escrito. En caso de no contestar se informará que usted fue consultado para que tuviera derecho a dar su versión. Cordial saludo”.

La presencia de personas de Valledupar en altas posiciones del actual gobierno y grandes hechos de corrupción es notable en la administración de Iván Duque. Uno de ellos es el ministro del interior, Daniel Palacios, señalado en diversos hechos de corrupción y para quien Duque promulgó un decreto reciente por medio del cual le otorga una esquema de protección vitalicio de alta gama cuyo costo mensual actual ese estima en cien millones de pesos.


Otro funcionario de Valledupar es el director de a Unidad Nacional de Protección, donde pululan las denuncias de corrupción administrativa y de otro orden, como espionaje y saboteo a protegidos.


Duque llegó a la presidencia con votos que le compró en cinco departamentos de Colombia el narcotraficante más poderoso de Valledupar: José Guillermo Hernández alias “Ñeñe” Hernández, quien fue asesinado en Brasil.



Fuente: DIARIO EL ESPECTADOR / LA NUEVA PRENSA

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