El presidente Gustavo Petro sancionó la Ley 2367, una normativa que busca fomentar el acceso a la educación superior en Colombia. Esta ley otorga la gratuidad del derecho de inscripción a las instituciones de educación superior públicas para las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad.
La Ley 2367 de 2024 está dirigida a los grupos poblacionales más vulnerables, según la focalización socioeconómica Sisbén IV o un instrumento equivalente definido por el Departamento de Planeación Nacional. Los beneficiarios podrán acceder hasta a tres derechos de inscripción, utilizables de manera simultánea o en diferentes momentos. No obstante, una vez matriculados en un programa académico, no podrán recibir nuevamente este beneficio. Además, aquellos que ya posean un título profesional no serán elegibles para asegurar la equidad en el acceso a la educación superior.
Los recursos para financiar esta iniciativa provendrán del Presupuesto General de la Nación (PGN), alineados con la disponibilidad presupuestal y los marcos fiscales y de gasto de mediano plazo del Gobierno Nacional. Adicionalmente, los municipios, distritos y departamentos podrán cofinanciar el pago de los derechos de inscripción de la población beneficiada.
El Gobierno Nacional tiene un plazo de seis meses para reglamentar la ley. El Ministerio de Educación, bajo la dirección de Daniel Rojas, será responsable de coordinar la difusión clara y accesible de la información relacionada con esta exención, utilizando diversos medios y formatos para asegurar que llegue a todas las poblaciones vulnerables.
Esta ley es una parte crucial de la estrategia del gobierno de Gustavo Petro para promover una educación pública gratuita, especialmente para las personas más vulnerables y aquellas de territorios afectados por el conflicto y el abandono estatal. La gratuidad de la inscripción complementa la política previa que permitió la matrícula gratuita en programas de pregrado en universidades públicas.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, tiene la tarea de implementar y asegurar el éxito de esta ley, enmarcada en un contexto de reformas educativas más amplias. El primer intento de reforma educativa del gobierno se estancó debido a la falta de consenso, pero la administración Petro sigue comprometida con avanzar en este objetivo fundamental para mejorar el acceso y la equidad en la educación superior en Colombia.
Fuente: CUARTO DE HORA
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