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Por eso atacan al Gobierno: Para volver a robarse dineros de la comida de los alumnos


Durante las elecciones de octubre de 2023 un candidato a la Alcaldía de Quibdó afirmó que un empresario le había ofrecido 300 millones para financiar su campaña a cambio de que este le entregara el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en caso de ser elegido. En la capital del Chocó, la operación del programa para 2023 fue adjudicado por valor de $12.295 millones a la Unión Temporal PAE Quibdó 2023, alrededor de la cual hay un manto de dudas y cuestionamientos que se extienden hasta los Gnecco en el Cesar.

Escribe: NATALIA REINA VILLAMIL

Investigadora Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Pares


A lo largo y ancho del país la Unión Temporal (UT) es la figura jurídica más utilizada por los contratistas, su as bajo la manga, con el fin de quedarse de manera sencilla y pasando de agache muchas reglas de juego. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) ha sido una víctima de esa figura, y en el caso de Quibdó (Chocó) no es la excepción. Básicamente, una UT es la asociación de dos o más personas con el fin de presentar una única propuesta para la ejecución de un contrato. Lo atractivo de esta figura es que no necesita personería jurídica, no hace parte del registro mercantil que se diligencia en las cámaras de comercio y no es contribuyente del impuesto a la renta. Pero, especialmente, solo están vigentes durante el periodo de ejecución del contrato, por lo que después de cumplido el tiempo pactado cada sociedad se limpia las manos y sigue su propio camino, más o menos: “si te vi, no me acuerdo”. Lo anterior, dificulta enormemente realizar vigilancia a sociedades que han hecho parte de uniones temporales beneficiadas con contratos públicos.


En la capital de Chocó la ejecución del PAE ha sido un apetecido botín de políticos y contratistas; de hecho, dos semanas antes de las elecciones regionales, un candidato a la Alcaldía de Quibdó afirmó que un empresario le ofreció $300 millones para financiar su campaña a cambio de que este le entregara el PAE en caso de ser elegido. En Quibdó, la operación del programa para 2023 fue adjudicada por valor de $12.295.000.000 a la Unión Temporal PAE Quibdó 2023, detrás de la cual resaltan múltiples preguntas y “casualidades”. Dicha UT está integrada por dos sociedades: la Fundación Unidos Nutriendo Sueños y la Asociación Mis Primeros Pasos, ambas representadas legalmente por Gineth Paola Pacheco Herrera y Manuela García Maturana, respectivamente.


Pacheco Herrera, una joven que muchos colombianos quisieran ser, pues tan solo con 24 años ha estado al frente de una fundación beneficiada con contratos del PAE que suman más de $45.000 millones en, al menos, cuatro departamentos. Mientras tanto, García Maturana fue la responsable de la operación del PAE de Quibdó en 2020, convenio por el cual estuvo involucrada en líos judiciales, pues en enero de 2021 un juzgado municipal de Quibdó le ordenó tres días de arresto a ella y al actual alcalde, Martín Sánchez, precisamente por hechos relacionados con la ejecución del programa a finales de 2020. En medio de ese escándalo, la misma administración municipal le adjudicó nuevamente un contrato con el mismo objetivo. Sumado a ello, García Maturana es sobrina del exrector de la Universidad Tecnológica del Chocó, Eduardo Antonio García Vega, imputado en febrero de 2023 por estar implicado, presuntamente, en un desfalco por más de $38.000 millones en la institución universitaria.



Ninguna de las dos sociedades es nueva en procesos contractuales con el Estado. En el caso de la Fundación Unidos Nutriendo Sueños, ha logrado amasar contratos del PAE en diferentes partes del país. Por ejemplo, en el departamento del Cesar dicha Fundación fue beneficiaria de altos montos de dinero durante la administración del suspendido gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco (2020-2023), quien fue acusado por la Fiscalía por presuntos actos de corrupción en contratación del PAE en primer mandato como gobernador entre 2012 y 2015. En 2022, la Fundación Unidos Nutriendo Sueños y LE & VE Alimentos Macsol S.A.S conformaron la Unión Temporal Todos Somos Cesar, representada por Gineth Paola Pacheco Herrera, a la cual la Gobernación de Cesar le adjudicó un contrato por $20.558 millones.



En enero de 2023, la Gobernación del Cesar le otorgó nuevamente a la Unión Temporal Alimentar RA, único proponente, la operación del PAE en la zona sur del departamento por un valor de $20.648 millones. Dicha Unión Temporal (UT) estaba integrada en un 20% por la Fundación Unidos Nutriendo Sueños, de Pacheco Herrera, y el 80% restante por Inversiones Ramfor LTDA, representada legalmente por María Camila Sánchez.


Ahora bien, la Fundación Unidos Nutriendo Sueños, ha tenido movimientos que llaman la atención. Por ejemplo, su nombre original era Fundación Alimentar Capital, pero, en marzo de 2021, se cambió la identidad en medio del escándalo que sacudió a la Unión Temporal PAE Santander 2021. Dicha UT ha sido denunciada por entregar a la convocatoria del proceso contractual documentos con irregularidades, uno de ellos, la hoja de vida de un ingeniero de alimentos que afirmó no haber autorizado a la UT la utilización de sus datos.



Durante los dos años en los que la entidad sin ánimo de lucro se denominó “Fundación Alimentar Capital”, también fue beneficiaria de millonarios contratos. En 2021, por ejemplo, la Alcaldía de Piedecuesta, a través de su Secretaría de Educación, le adjudicó la operación del PAE municipal por valor de $4.283 millones, a la Unión Temporal Alimentación Escolar Piedecuesta 2021 conformada por la Fundación Alimentar Capital; la Fundación Social de Apoyo, Desarrollo y Bienestar de la Niñez y el Adulto Mayor - Nuevo Amanecer; y la sociedad Servicios y Alimentos Nacionales SAS – Seryalina; durante la ejecución del contrato se presentaron graves denuncias de corrupción. En septiembre de 2021 la UT hizo entrega de alimentos en mal estado: panes y frutas en descomposición en al menos 24 instituciones educativas. Cientos de niños terminaron afectados.


En resumen, en lo corrido de 2023, la joven Gineth Paola Pacheco Herrera ha sido beneficiaria a través de la Fundación Unidos Nutriendo Sueños de al menos cuatro contratos relacionados con el PAE en diferentes regiones del país, de manera que ha estado vinculada a la operación de este en los departamentos de Bolívar 2023 y Cesar 2022 y 2023; igualmente, en esos mismos años, en los municipios de El Retén (Magdalena) y Lorica (Córdoba). Actualmente ejecuta el contrato en Quibdó (Chocó).


Por otro lado, la segunda sociedad que conforma con el 60% la Unión Temporal PAE Quibdó 2023 es la Asociación Mis Primeros Pasos de origen chocoano. También tiene una larga experiencia en la ejecución del PAE en diferentes municipios del departamento, incluso ha estado relacionada en el complemento del PAE indígena en algunas entidades territoriales. En diciembre de 2019, la Alcaldía de Quibdó contrató a dicha Asociación para operar el PAE 2020; sin embargo, el contrato tuvo algunas complicaciones y las partes terminaron en los estrados judiciales.



Los hechos se presentaron cuando la administración municipal amplió el calendario escolar hasta el día 6 de diciembre del 2020, con el objetivo de combatir el hambre y entregar alimentos para la preparación en casa durante el mes de noviembre. No obstante, el operador decidió no hacer caso a tal modificación, bajo el argumento de no contar con los $400 millones restantes para materializar tal pretensión. La discusión culminó con la decisión de un juez que le ordenó a las partes disponer a los estudiantes de las raciones hasta el 6 de diciembre; no obstante, las dos se negaron a ceder. En consecuencia, en la segunda semana de enero de 2021, el Juzgado Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Quibdó ordenó tres días de arresto y multa de tres salarios mínimos a Martín Sánchez y Manuela García como representantes legales del operador, por el desacato del fallo que estipulaba ejecutar el PAE hasta la fecha establecida.


Pese al antecedente, distintas entidades municipales continuaron entregando altas sumas de dinero público a la Asociación Mis Primeros Pasos para ejecutarlos en periodos de tiempo extremadamente cortos. En julio de 2022, la Alcaldía de Bojayá le otorgó un contrato de $120.784.800, para ejecutarlos en tan solo doce días. El objeto: mejoramiento alimentario de la ración servida por el operador PAE-Indígena. El municipio de Lloró también le ha adjudicado la operación del programa en cuatro oportunidades: en enero y marzo de 2023, cada contrato por valor de $137.826.000 y con duración de 30 días; después, en mayo del mismo año por concepto de $161.053.900 para ejecutarse en 23 días; y, finalmente, en julio de 2023 por $160.690.800, para ejecutarlos en 34 días.



Entre 2022 y 2023, la Asociación Mis Primeros Pasos obtuvo más de $1.450.473.762 en contratos a su nombre y relacionados con recursos para la implementación del PAE en diferentes entidades municipales de Chocó.


Cabe destacar que las dudas y cuestionamientos alrededor del PAE en Quibdó no solo radica en el nutrido historial de contratos de las dos sociedades que componen la Unión Temporal a cargo de la ejecución del programa. Sumado a esto, desde mayo de 2023, las manipuladoras de alimentos contratadas por esta han venido denunciando los retrasos en sus respectivos pagos. Una manipuladora de alimentos le dijo a la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) que durante su vinculación con el PAE no se hizo efectivo el pago correspondiente a salud y ARL, y que hasta la fecha le adeudan $1.456.000. Ante su reclamo la única respuesta por parte de la operadora ha sido: “no hay plata”.



Mientras tanto, la administración municipal ha sostenido que esto se debe a dificultades en trámites administrativos. Aunque en el mismo mes de mayo el secretario de educación afirmó que si el operador no solucionaba tal situación con prontitud, se verían en la obligación de emitir sanciones, tal como lo estipulan las cláusulas del contrato. Sin embargo, hasta hoy las manipuladoras siguen en las mismas condiciones ¿Por qué la administración municipal no ha actuado, pese a tener a su disposición herramientas legales que podrían contribuir a la solución de la problemática?


En entrevista con el medio local Citará TV, uno de los transportistas de alimentos vinculados a la operación del PAE aseguró que le adeudaba más de tres meses de salario. Del mismo modo, en algunas instituciones educativas, como en el corregimiento de Tutunendo (Quibdó), la comunidad ha denunciado la insuficiencia de alimentos para preparar, lo que ha obligado a los docentes a reducir la intensidad horaria de las clases por falta de insumos para entregar a los niños.


Mientras el Programa de Alimentación Escolar continúa convirtiéndose en uno de los banquetes más apetecidos en Chocó, los estudiantes y los contratistas tercerizados son los más afectados. Las gobernaciones y alcaldías parecen atrapadas en ese círculo vicioso de contratistas que meten dinero en campaña para luego secuestrar la contratación pública. De manera que, los mismos operadores con amplios y cuestionables historiales continúan atornillándose en la ejecución de contratos del PAE, firmando hasta tres o cuatro contratos en un mismo año con la vista gorda de los funcionarios públicos. De hecho, pareciera que estas uniones temporales en lugar de ser objeto de seguimiento por los entes de control o excluidas de los procesos de adjudicación, se premiaran con nuevos contratos.



Fuente: REVISTA RAYA

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