Presidente de la SAE; ¿suspendido por evitar la corrupción?

Este viernes 10 de febrero la Procuraduría General de la Nación suspendió por tres meses al presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas.

Esta decisión ha causado la indignación de varios sectores políticos, que califican a Rojas como uno de los mejores funcionarios del gobierno Petro, quien ha denunciado y combatido la corrupción de las anteriores administraciones al interior de esta entidad.

La Procuraduría argumenta que esta sanción se da porque la SAE no cumplió con la obligación contractual para vender el 82% de las acciones de la Triple A, empresa de acueducto y alcantarillado de Barranquilla y otros municipios del Atlántico.

Estas acciones pasaron a ser propiedad de la SAE en 2018, después del proceso de extinción dominio a la multinacional INASSA, por desfalco y hechos de corrupción.

En el 2021 durante la administración de Iván Duque, se abrió una oferta pública para la venta de las acciones, siendo el principal oferente la empresa de Alcantarillado de Barranquilla, que es público privada.

El contrato fue firmado por un valor de 565 mil millones de pesos, aun cuando las acciones estaban presuntamente avaluadas entre 850 mil millones y 1,9 billones. Es decir, muy por encima del valor de venta.

Es por esto, que para no incurrir en un detrimento patrimonial, el presidente de la SAE, su equipo jurídico y el Superintendente de Servicios Domiciliarios, estaban evaluando con lupa la cuantía de la venta.

El mismo presidente Gustavo Petro, se pronunció sobre este caso, manifestando: “he ordenado bajo mis funciones constitucionales a la Superintendencia de Servicios Públicos realizar un estudio de valoración de la empresa triple AAA de Barranquilla para determinar si las acciones de dicha empresa se vendieron por debajo de su valor”.

Es por esto, que bajo la óptica de algunos sectores, la decisión del órgano de control tiene tintes políticos, por las investigaciones que estaba realizado Rojas sobre presuntos hechos de corrupción en este y otros casos.

Por lo que, relacionan la supuesta cercanía de la procuradura Margarita Cabello con el Clan Char y la cuota de esta fuerza política en la Alcaldía de Barranquilla, que es el acalde Jaime Pumarejo, quien como mandatario pertenece a la Junta Directiva de la empresa que compró las acciones de la la Triple A.

Esto sin desconocer los intereses que tendrían los accionistas privados de la empresa Alumbrado de Barraquilla.

“Obviamente, la cuota política de los Char actúa en favor de sus intereses y favorece ese clan político. En su intento de favorecer la corrupción y clientelismo exculpa bandidos y suspende funcionarios”, trinó el senador del partido Alianza Verde, Ariel Ávila.