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Procuraduría, "antro de corrupción" donde familiares de políticos cobran "millonadas"


Bajo la actual titular, la entidad gubernamental se transformó como nunca antes en el espacio propicio para que familiares de políticos y "fichas" puedan usufructuar
el dinero de los contribuyentes

La senadora Esmeralda Hernández aseguró que más de diez contratos de $2.045 millones fueron destinados a amigos, conocidos o afines políticos a la procuradora Margarita Cabello.


La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández denunció que la Procuraduría General de la Nación tendría serías irregularidades de contratación, falta de transparencia, poca gestión y corrupción.


Los hallazgos fueron difundidos a través de los micrófonos de W Radio, en los que aseguró que va a instaurar la respectiva denuncia en la Corte Suprema de Justicia.


“Encontramos que han destinado más de $2.000 millones, solamente en un año (2023), en contratistas que, en su mayoría, son cercanos a la señora Margarita Cabello o que pertenecen a grupos políticos cercanos a la procuradora”, sostuvo la senadora Hernández al medio citado.


De acuerdo con lo encontrado por la senadora, serían más de diez contratos “corbata”, nombrados por la procuradora Margarita Cabello:


Carvajalino García, con un contrato por valor de $241.142.000 (CO1.BDOS.3852038)
Luis Guillermo Guerrero Pérez, con un contrato por valor de $234.740.000 (CO1.BDOS.3960282)
Clara Cecilia Dueñas Quevedo, con un contrato por valor de $234.740.000(CO1.BDOS.3879097)
Edgardo José Maya Villazón, con un contrato por valor de $213.400.000 (CO1.BDOS.4276135)
José Fernando Bedoya García, con un contrato por valor de $128.000.000 (CO1,BDOS.3979228
Julián Acevedo, con un contrato por valor de $122.398.238 (CO1.BDOS 3849029)
Juan Kumar Caro Escorcia, con un contrato por valor de $121.000.000 (CO1.BDOS.3977550)
Derly Sofia Guerrero Pérez, con un contrato por valor de $117.370.000 (CO1. BDOS. 4029302)
Daniel Enrique Palis Taua, con un contrato por valor de $115.500.000 (CO1BDOS. 3978062)
Martha Elena Espinoza Garzón, con un contrato por valor de $110.600.000(CO1.BDOS 4008290)
Carmen Adriana Monje Sierra, con un contrato por valor de $104.500.000 (CO1.BDOS.3973620)
Lady Yadira Velásquez Perea, con un contrato por valor de $103.155.000 (CO1 BDOS 3875159)
Enrique Santiago, con un contrato por valor de $100.000.000 (CO1.BDOS.4123613)
German Andrés Meza Gallardo, con un contrato por valor de $99.000.000 (CO1.BDOS 4059591)

Hernández expuso que, en el caso la firma Carvajalino García, “le entregaron un contrato a la señora que defendió el nombramiento de Margarita Cabello ante las dos demandas en el Concejo de Estado”.


De acuerdo con lo denunciado por la senadora, Clara Cecilia Dueñas Quevedo, exmagistrada y “muy amiga” de la procuradora General, habría recibido un contrato por servicios de asesorías externas adjuntas al despacho, por más de $234 millones; mientras que a Daniel Enrique Palis Taua, esposo de la hija del polémico exprocurador Alejandro Ordóñez, habría recibido un contrato de más de $100 millones. En total, serían cerca de $2.045.545.238 en contratos a personas que no habrían participado en ningún concurso de mérito para obtener los millonarios pagos.


Añadió que, con corte a julio de 2023, en el periodo de la Procuradora Cabello:


“Se hicieron 335 nombramientos de personas que se vincularon en provisionalidad y en otras figuras, es decir, saltándose y burlándose de la ley y de lo dispuesto por el Estado colombiano a personas de carreras administrativas”.

De otro lado, la senadora aseveró que la Procuraduría presenta unos altos índices de falta de gestión e ineficiencia:


“Nosotros contrastamos el altísimo costo de funcionamiento en el que incurre la Procuraduría con una planta tan amplia versus los resultados que dejan simplemente ratificar los altísimos índices de impunidad, de ineficacia que hay al interior de la Procuraduría General de la Nación”.

En el periodo de Margarita Cabello como procuradora general, los procesos prescritos y caducados han llegado a los 2.600, “una cifra escandalosa”, recalcó Hernández, comparada con la capacidad y la cantidad de funcionarios en la entidad; mientras que los procesos con fallo sancionatorio durante 2023, con corte a julio, fueron 18 fallos ejecutados efectivamente 84 pendientes de fallo ejecutorio; y 349 procesos caducados y 285 procesos prescritos, solo a mitad de ese año.


Por ello, la senadora aseveró que:


“La Procuraduría ha perdido los fallos por hacerlos de manera mal hecha, por hacer fallos pegados con las babas” y añadió, “la Procuraduría se convirtió más que en un ente de control, en un ente de corrupción”.

Por último, la senadora enfatizó en que quiso validar los informes ejecutorios de los contratos, sin embargo, se llevó la sorpresa en que en el Secop, no figuraría dichas evidencias:


“Lo cuestionable es que la ley 80 obliga a que en la plataforma Secop se publique, no solamente la celebración del contrato, sino la ejecución del contrato, es decir, la presentación de los informes mes a mes hasta el momento de su liquidación. Lo grave de esto es que el país no conoce que hacen estos personajes. Uno va a Secop y la información no está publicada o está publicada por partes”.


Fuente: INFOBAE

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