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Reforma a la Salud debe ser aprobada así sea por decreto y sin Constituyente



Escribe: CARLOS ALBERTO RICCHETTI*


Las reformas tanto al sistema de salud, como de pensiones o de trabajo, fueron promesas de campaña con las cuales el Presidente Petro se posesionó. Su inmediata implementación y cumplimiento por lo tanto, es un mandato de la voluntad popular, fundamento del sistema democrático, que ni siquiera debió ser puesto a discusión por tener que declararse impedidos además muchos congresistas implicados en el negocio de las EPS.


Muchos cuadros políticos tradicionales son cuotas políticas de las prepagas o de los grandes laboratorios, como Germán Vargas Lleras, cuyo hermano Enrique hizo parte de la liquidada Saludcoop, fue socio de Medimás y presidente de La Nueva EPS o Enrique Gómez, sobrino nieto del presidente "pájaro" nazi fascista Laureano Gómez (1890 - 1965) y actual empleado de la empresa de servicios médicos Bimedco.


Mientras tanto, los medios cómplices se apresuran a decir con sumo beneplácito que la reforma está hundida, cuando aún no es así y en el caso de estarlo, de tocar hacerlo, el mismo pueblo colombiano atropellado en su derechos a una atención digna, saldrá a las calles de todos el país si es preciso, para pedirle a Petro la aprobación por decreto que debió hacerse desde el principio.


Para quienes pasan hambre o tienen serios problemas de salud, un día, una hora, es demasiado tiempo desde esperar postrado en el suelo de los hospitales, hasta deber tolerar el paso de dos casi dos años de gobierno para cambiar las condiciones en el servicio de asistencia pública. Y todo, porque verdaderas organizaciones mafiosas como el Centro Democrático, Cambio Radical, sus cómplices conservadores o los liberales "manzanillos" de siempre, no quieren dejar perder "la gallina de los huevos de oro".


La finalidad del Estado no es la manutención de gobernantes corruptos de generación en generación, sino servir a los contribuyentes a cambio de los dineros pagados. No es caridad, sino un concepto republicano básico, que hace parte de las mínimas condiciones de justicia social a la cual puede aspirar cualquier país.


¿Ahora resulta que se juntan ocho senadores, todos ligados al "negocio de la salud" para frenar la reforma? ¿Con qué autoridad? Si quieren enriquecerse, podrían fundar sus propias clínicas privadas. No, en cambio, ponerse a saquear el Estado en asocio a través de empresas que no le pertenecen. Sí, es posible a lo sumo la existencia de empresas de capitales mixtos, aunque siguiendo un ordenamiento responsable que evite anteponer los intereses de particulares a los de los colombianos y sus necesidades cualitativas.


En el último de los casos que estos criminales de guante blanco logren impúdicamente su cometido, ojalá Gustavo Petro tenga el acierto de agitar el lapicero para firmar el decreto de la Reforma a la Salud que la burocracia pretende impedir. No será un ataque a las instituciones, a la democracia, al Congreso, sino un acto de justicia y reparación a 51.52 millones de colombianos agradecidos, deseosos de tomar a tiempo las citas médicas, los tratamientos y las atenciones correspondientes para tener una mejor calidad de vida.


De lo contario, seguirá siendo inconcebible que multimillonarios usureros con los mejores servicios de salud, pretendan imponer, someter a grandes sectores sensibles de la población a permanecer sin cobertura, mientras conservan intacto un régimen de privilegios condenándolos a muerte.
















*Periodista, escritor, poeta, actor y cantautor. Director general de Diario EL POLITICÓN DE 

RISARALDA y de su suplemento, ARCÓN CULTURAL. Integrante del CIRCULO DE 

POETAS IGNOTOS.

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