El gobierno de Estados Unidos ha anunciado la prohibición de entrada al país del general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército colombiano, debido a su presunta responsabilidad en violaciones graves a los derechos humanos durante su mandato. Según un comunicado emitido por el secretario de Estado, Antony Blinken, existen “pruebas creíbles” que vinculan a Montoya Uribe con las ejecuciones extrajudiciales de civiles, un delito conocido como los “falsos positivos”, en los que se reportaron falsamente muertes de civiles como víctimas de combates.
Durante su mandato como comandante del Ejército entre 2006 y 2008, Montoya Uribe fue señalado como uno de los principales responsables de la estrategia que resultó en la ejecución de cientos de personas inocentes, quienes fueron presentadas como guerrilleros caídos en combate. Estos crímenes, en su mayoría, ocurrieron en el contexto del conflicto armado interno de Colombia, que implicaba enfrentamientos entre el gobierno, las guerrillas y los paramilitares.
El gobierno de Joe Biden decidió sancionar a Montoya Uribe, quien junto a sus familiares directos ha sido vetado de ingresar a Estados Unidos. Blinken resaltó que este tipo de decisiones subraya el compromiso de Estados Unidos con la defensa de los derechos humanos y la justicia, tanto a nivel nacional como internacional. “Estados Unidos ha apoyado con orgullo la implementación del Acuerdo de Paz de Colombia desde su firma en 2016”, expresó Blinken, destacando el compromiso de su país con la construcción de una paz duradera en Colombia que reconozca las necesidades de las víctimas y los supervivientes del conflicto.
En paralelo, el secretario de Estado aplaudió el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, un tribunal creado tras la firma del acuerdo de paz para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
La JEP ha señalado a Montoya Uribe como uno de los responsables de al menos 130 ejecuciones extrajudiciales de jóvenes inocentes, junto a otros ocho militares. Esta acusación refuerza la creciente presión sobre las autoridades colombianas para garantizar que los responsables de crímenes de guerra enfrenten la justicia y se pongan fin a la impunidad.
La decisión de Estados Unidos llega en un contexto de conmemoración del octavo aniversario del Acuerdo de Paz de Colombia, firmado en 2016 entre el gobierno y las FARC. El acuerdo ha sido considerado un hito en los esfuerzos por poner fin al conflicto armado más largo de América Latina. Sin embargo, el proceso de paz continúa siendo desafiante, en medio de críticas por la falta de avances en la justicia y reparación para las víctimas.
Fuente: CUARTO DE HORA
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