Los jueces del máximo tribunal de justicia; ¿tienen en cuenta que los habitantes de esa importante región no desayunan, almuerzan ni cenan como ustedes, además de pasar hambre y sed? ¿O para complacer a los poderosos de turno, por llevarle la contraria a presidente Petro, vale la pena
hasta el magnicidio de miles de seres humanos?
La Corte Constitucional de Colombia ha revocado la declaración de emergencia económica, social y ecológica emitida por el presidente Gustavo Petro en el departamento de La Guajira el pasado 2 de julio. La medida buscaba abordar la situación de crisis en la región, especialmente relacionada con la escasez de agua y los efectos del cambio climático.
La Corte Constitucional ha dejado sin efecto la mayoría de la declaración de emergencia, a excepción de los artículos relacionados con la disminución de la disponibilidad de agua en la región, los cuales se mantendrán vigentes por un período adicional de 12 meses.
La controversia surgió debido a que la jurisprudencia constitucional establece que las declaratorias de emergencia no deben utilizarse para resolver problemas estructurales a largo plazo, sino que están destinadas a situaciones de emergencia que no pueden abordarse mediante medidas ordinarias. La Corte Constitucional había determinado previamente que existía un “estado de cosas inconstitucionales” en La Guajira con respecto a la protección de los derechos al agua, salud y alimentación de las comunidades indígenas Wayuu, lo que indicaba que la crisis no era una circunstancia nueva.
A pesar de la revocación, ciertas disposiciones relacionadas con el saneamiento y el acceso al agua potable permanecerán en vigencia hasta el 2 de julio de 2024. El Gobierno había argumentado que la declaración de emergencia estaba relacionada principalmente con la falta de agua en la región debido al fenómeno de El Niño, que había disminuido las precipitaciones y aumentado la temperatura media del aire.
En su fallo, la Corte Constitucional insta al Gobierno y al Congreso a adoptar medidas necesarias para abordar la grave crisis humanitaria estructural en La Guajira dentro de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, sin suspender el funcionamiento normal de los sistemas de control y equilibrio.
Fuente: CUARTO DE HORA
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