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Con "Pacho Malo" preso y Monsalve a juicio; ¿por qué no cae Mancera y eligen fiscal?




El Cuerpo Técnico Investigativo del CTI acaba de capturar a uno de sus antiguos miembros y que recientemente ha sido mencionado como miembro de una red criminal. Se trata de Francisco Javier Martínez, alias Pacho Malo, quien estaría detrás de una banda de contrabando, y posiblemente narcotráfico, que operaba en Cauca y Buenaventura.


El nombre de Pacho Malo salió a relucir a finales de 2023, cuando se supo que dos investigadores del CTI descubrieron los presuntos vínculos criminales del exfuncionario del CTI en el Cauca. Hasta el momento, la Fiscalía General no ha informado por qué hechos procesará a Martínez y se espera que en las próximas horas sea presentado ante un juez para que le impute cargos.


A comienzos de febrero, cuando era inminente que Martha Mancera iba a ocupar el cargo de fiscal general de manera interina, el nombre de Pacho Malo volvió a salir en medios de comunicación. Según el periodista Daniel Coronell, desde la cúpula de la Fiscalía había un plan para proteger a Martínez y que este habría sido cercano a Mancera.


Por su parte la ahora fiscal encargada como el exfiscal general Francisco Barbosa negaron tajantemente las acusaciones hechas por Coronell. Un artículo publicado por la revista Cambio revelaba unos audios que presuntamente implicaban al director del CTI en Buenaventura, Francisco Javier Martínez Ardila, en asuntos de narcotráfico y tráfico de armas.


Sin embargo, la Fiscalía respondió en un comunicado de prensa: “Producto de la actividad investigativa realizada contra la referida organización (Red de narcotráfico que opera en Buenaventura), en dos fases distintas de intervención realizadas entre 2021 y 2022, se logró la captura y judicialización de 19 personas. Ante la contundencia de las pruebas obtenidas, 18 de estas personas aceptaron cargos, 13 de ellas fueron condenadas y en contra de 5 hay sentido de fallo condenatorio, a la espera de conocerse la sentencia. Una mujer enfrenta juicio”.


También añadieron que específicamente a esta red criminal le han logrado incautar 8 toneladas en aproximadamente seis eventos diferentes, así como realizaron extinción de dominio a 61 bienes avaluados en 31.000 millones de pesos. Finalmente, anunciaron que por las denuncias de posible corrupción en la entidad, reubicaron al coordinador del CTI en esa seccional y un investigador.


En este caso, la pesquisa adelantada por un agente del CTI asesinado, Mario Fernando Herrera, contra el mismísimo director de esa institución en Buenaventura, Francisco Javier Martínez. Según las indagaciones adelantadas, este último estaría vinculado con la contaminación de buques del puerto que llevarían cocaína a Europa y Centroamérica.


El agente Herrera, cuya muerte es atribuida a disidencias de las FARC, en otra operación encubierta, elaboró un informe en marzo de 2021 detallando las presuntas acciones del director del CTI, Francisco Javier Martínez. De tal calibre era la pesquisa, que Martínez fue mencionado como alias “Pacho Malo” y tendría vínculos con narcotraficantes de la zona y la corrupción a nivel local.


“‘Pacho’ tiene manejo total en el puerto con los policías y gente que labora dentro del puerto”, citó la Revista Raya, la cual accedió al informe que además contiene un organigrama delincuencial, del cual “Pacho” es eje central, entre narcos como alias El Ingeniero, quien fue capturado el año pasado en Jamundí y señalado de narcotraficante.


Según establecen las piezas periodísticas, los compañeros de trabajo del agente Herrera, Fabio González y Pablo Bolaños, alertaron a la vicefiscal Mancera sobre los hallazgos. Para entonces, la nueva fiscal encargada ya había sido nombrada por el exfiscal Francisco Barbosa como vicefiscal general (febrero de 2020). Las indagaciones contra hoy se hacen efectivas contra “Pacho Malo” y se espera que este viernes 23 de febrero avance su proceso en los estrados judiciales.



A juicio

 

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación en contra de la fiscal Angélica María Monsalve Gaviria por el delito de concusión en la investigación del carrusel de carros blindados de la Unidad Nacional de Protección, UNP.

 

Monsalve es investigada por presuntamente haber pedido dinero, a través de terceros, para archivar un caso contra Martín Ricardo Manjarrés, uno de los procesados por el carrusel de carros blindados de la UNP. La tesis es que, como él no pagó la millonaria suma exigida ni firmó un comprobante del acuerdo realizado, Angélica Monsalve procedió a imputarle cargos.

 

Monsalve ha insistido en que tanto este como otra imputación que pesa en su contra por ser presuntamente responsable de varias irregularidades que ocurrieron mientras se desempeñó como fiscal adscrita a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Bogotá, son muestras de una “persecución judicial” ejercida en su contra por el fiscal general, Francisco Barbosa, y la vicefiscal, Martha Mancera.

 

“La funcionaria judicial, quien es procesada en contumacia por su reiterada negativa a comparecer a las citaciones, es señalada de solicitar, a través de un tercero, 600 millones de pesos para archivar una indagación en contra de un hombre que estaría involucrado en las posibles irregularidades detectadas en el manejo de vehículos blindados en la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, informó la Fiscalía.

 

Es que Monsalve Gaviria ya suma al menos siete ausencias a las audiencias de dos causas penales diferentes que cursan en su contra. En noviembre pasado, el fiscal Egohon Briñez expresó que Monsalve ha sido “rebelde” y “renuente” al atender los llamados a ser imputada.

 

A principios de este mes, la Fiscalía General de la Nación anunció Monsalve Gaviria no seguirá al frente de la investigación adelantada contra Martín Manjarrés y Marcela Montes por el escándalo del uso irregular de vehículos blindados adscritos a la UNP.

 

“Monsalve Gaviria, presuntamente, era consciente de que el supuesto enviado se presentaba a su nombre y se reunió con la víctima en, por lo menos, cuatro oportunidades. En los encuentros, al parecer, pidió el dinero a cambio de no ser imputado y evitar que su compañera sentimental también fuera judicializada”, indicó hoy la Fiscalía en un comunicado. 



Fuente: EL ESPECTADOR

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