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Si uribismo habla de "impunidad"; ¿que haría con un fiscal sin dejar gobernar?

Cuatro organizaciones sociales se pronunciaron sobre las declaraciones realizadas por el fiscal, Francisco Barbosa, puntualmente hechas en contra del proyecto de paz total que propone el gobierno de Petro, señalando que la posición que toma este funcionario constituye una interferencia en la separación de poderes.


En el documento de cinco páginas se recopilaron distintas declaraciones entregadas por Barbosa, las cuales fueron realizadas entre el 16 y 22 marzo; los querellantes exponen cuatro puntos frente a las interferencias hechas con el programa legislativo del Congreso y las propuestas realizadas por el Gobierno Nacional.


El primer punto que se puso en consideración tiene que ver con los obstáculos puestos por parte del fiscal hacia el proyecto de paz total, los cuales estarían impidiendo el desarrollo de la propuesta. Muchas de las aseveraciones que ha tenido Barbosa hacia la iniciativa ha usado calificativos, que al parecer de los querellantes, son de connotación irresponsable.


Es de destacar, que en varias ocasiones y en varias entrevistas entregadas a medios de comunicación donde participa el director del ente investigador ha manifestado textualmente “no voy a dejar que pase esa norma” y otras expresiones parecidas donde afirma que el “país se encuentra en riesgo por el proyecto”.


Otro punto del comunicado tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo, un proyecto que se encuentra actualmente en trámite ante el Congreso de la República, iniciativa en la que Barbosa también manifestó sus reparos en torno al tema de sustitución de cultivos ilícitos que ha planteado en Gobierno Nacional.


“Les van a entregar recursos de forma directa a quienes se dedican a la actividad industrial del narcotráfico”, fueron algunas de las palabras de Barbosa, según los integrantes de los colectivos, estas declaraciones ponen en riesgo a las familias que desarrollan este tipo de actividades y las estigmatizan.


En otro de los puntos, cuestionan la falta de avances en las investigaciones desarrolladas por el ente investigador, algunas de las denuncias entregadas por la actual administración sobre corrupción en entidades como la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o los presuntos casos al interior de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin mencionar el asesinato de los lideres sociales no han mostrado avance alguno.


Entre tanto, el documento realizó un llamado de atención al Fiscal para que “que se abstenga de continuar usando su cargo como un instrumento político para oponerse al programa de gobierno y, en especial, a las acciones encaminadas a reglamentar y poner en vigencia los acuerdos y disposiciones normativas de la Paz Total”.


A su vez, pidieron a la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República iniciar indagaciones en contra del fiscal por “los presuntos ilícitos de abuso y extralimitación en el ejercicio de sus funciones, obstaculización a la labor legislativa y las facultades del Gobierno para conducir la consecución de la paz”.


Es preciso mencionar, que los firmantes de este misiva hacen parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), la Alianza de Organizaciones Sociales Afines, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, y las plataformas de derechos humanos, Coordinación Colombia – Europa- Estados Unidos.


Por su parte, el presidente Gustavo Petro se refirió a una de las mas recientes declaraciones del fiscal, quien en el marco de un seminario con diferentes fiscales de países dijo “en Colombia, a través del Congreso y el gobierno actual, se han presentado propuestas para legalizar toda la cadena del narcotráfico. Yo me he opuesto y como fiscal general no permitiremos que pase porque esto no representa el pensamiento de los colombianos en este momento”.


En respuesta a las palabras del director del ente investigador, Petro señaló “es una verdadera calumnia. Nadie en Colombia ha propuesto legalizar la Cocaína. El fiscal confunde campesinos cultivadores de hoja de coca con narcotraficantes, por eso las cárceles se llenan de campesinos y los narcotraficantes se pasean en helicópteros”.


Corrupción


Evidentemente, fue detenido un día después de esa conversación con El Reporte Coronell y estuvo recluído de manera intramural unos días. Luego, le concedieron la detención domiciliaria abriendo una ventana de negociación con la Fiscalía.


Mientras tanto, el país ha conocido informaciones sobre la operación de una red de corrupción que implica a miembros de la Fiscalía, a policías de la Dijín e incluyendo un alto oficial y al propio Carlos Ramón Zapata.


De acuerdo con versiones que han sido publicadas en noticias de prensa y columnas de opinión, la operación funcionaba así: los oficiales de la Policía ubicaban narcotraficantes con procesos pendientes en la Fiscalía y luego les pedían grandes sumas de dinero para borrar sus procesos y arreglarles la situación.


Yohir Akerman, columnista de Cambio, reveló que la abogada Ruth García, hermana del señalado narcotraficante alias ‘Maracuyá', declaró ante la Fiscalía que Carlos Ramón Zapata le pidió 500.000 dólares a su cliente, el presunto narco Antonio José Flores.


El Reporte Coronell conversó con Carlos Ramón Zapata y le preguntó qué tiene que decir frente a esta acusación de extorsión que le hace la abogada Ruth García.


Ante esto, Zapata respondió sobre si le consta que la vicefiscal haya hecho algo ilegal o si existe algún asunto por el que deba ser investigada.


Además, sobre la detención domiciliaria de Zapata mientras negocia con la Fiscalía, se le preguntó si puede decir qué información está entregando a cambio de lograr un principio de oportunidad.


Por último, Zapata se refirió a las dos fotografías que publicamos a continuación (ver abajo) que muestran que, aparentemente, un agente de la DEA participa en una operación de extinción de dominio en Colombia armado con un fusil de asalto y acompañado por militares colombianos.


El proceso contra Carlos Ramón Zapata puede destapar hechos de corrupción en Colombia y en Estados Unidos que han estado ocultos por mucho tiempo.


Denuncia


Así lo dio a conocer el mismo congresista en las últimas horas.


Ante la Cámara de Representantes, el senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda, instauró una denuncia contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.


De acuerdo con lo manifestado por el senador Cepeda, la denuncia fue interpuesta por los delitos de calumnia, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, intervención en política, y abuso de función pública.


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El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde publicó la fotografía del oficio que presentó la mañana de este viernes ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.


“Presento denuncia ante la Cámara de Representantes contra el fiscal Barbosa por los presuntos delitos de: – Calumnia. – Prevaricato por acción. – Prevaricato por omisión. – Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. – Intervención en política. – Abuso de función pública“, se puede leer en la publicación.


Entre tanto se esperan reacciones del fiscal Barbosa, quien en los últimos días había hechos fuertes declaraciones y cuestionamientos por algunas decisiones y propuestas del presidente Gustavo Petro.



Fuente: CUARTO DE HORA / AL PUNTO

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