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Suspensión de Daniel Quintero, demuestra que la ley sólo aplica para "algunos"

La Procuraduría General de Colombia suspendió este martes de su cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por un video en el que expresa, de forma indirecta aunque clara, su apoyo a la candidatura del izquierdista Gustavo Petro en las próximas elecciones presidenciales.

La procuradora general colombiana, Margarita Cabello, consideró que Quintero incurrió en "la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas".


"La Procuraduría tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente y sancionar, hasta con destitución e inhabilidad, a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular", argumentó.


La ley colombiana impide a funcionarios públicos participar en política electoral.


La procuradora también anunció la apertura de una investigación y suspensión provisional a otros tres cargos públicos: Andrés Fabián Hurtado, alcalde de Ibagué; Gustavo Adolfo Herrera, concejal de Calarcá (Quindio); y Grenfell Lozano Guerrero, personero de Nátaga (Huila).


En el video en cuestión, publicado por el propio Quintero en Twitter, el alcalde acciona la palanca de cambios de una camioneta y dice "el cambio en primera".


"El cambio en primera" es uno de los eslóganes que está usando la campaña de Pacto Histórico, la alianza de izquierdas liderada por Petro.


Al ser este candidato el favorito en las encuestas, la frase expresa su ambición de ganar las elecciones presidenciales en la primera vuelta, que se disputará el 29 de mayo.


Para lograr esto y evitar ir a una segunda vuelta, necesita obtener más de la mitad de los votos.


Tras conocer su suspensión, Quintero escribió varios mensajes en la red social Twitter, entre ellos: "Ha iniciado el golpe de estado en Colombia", "Uribe y Cabello acordaron sacarme del cargo" o "La democracia está en riesgo".


La procuraduría colombiana tiene un notable poder y suele mostrarlo, sobre todo, en los procesos de sanción y destitución de alcaldes y gobernadores en un país donde la corrupción y clientelismo parecen estar a la orden del día.


Cuando Petro era alcalde de Bogotá, un político afín al uribismo, Alejandro Ordoñez, era el procurador general. Y lo destituyó en un polémico caso que llevó a Petro, quien denunció un golpe de Estado, a la plaza pública y promover su discurso. Luego fue restituido, pero su figura se empoderó.


Ahora, otra política que formó parte de un gobierno uribista, Margarita Cabello, exministra de Justicia del presidente, Iván Duque, destituye a un también polémico -y antiuribista- alcalde de Medellín.


Los argumentos legales de las destituciones bien pueden sonar razonables. Su impacto político, sin embargo, es incalculable.


Incluso si las apelaciones a las que tiene derecho Quintero resultan en su restitución rápidamente, el hecho político, a tres semanas de la primera vuelta de las presidenciales, ya se dio. Y es difícil saber cuáles pueden ser sus implicaciones.


Objeciones


La Procuraduría General de la Nación inició investigación disciplinaria y suspendió de manera provisional del cargo a los alcaldes de Medellín, Daniel Quintero Calle y de Ibagué Andrés Hurtado por su presunta y reiterada participación en política en la actual contienda electoral.


Esta decisión ha suscitado muchas reacciones desde el ámbito político. Katherine Miranda, Roy Barreras, Rodrigo Lara, Juanita Goebertus, César Pachón, Iván Cepeda, Gustavo Bolívar, entre otros; se han pronunciado a este hecho.


El más certero ha sido el senador Barreras, quien dijo que en tan solo 12 horas la Procuraduría sancionó al alcalde Daniel Quintero, pero al general Zapateiro y al presidente Iván Duque, quien, según él, han hecho campaña a favor de Federico Gutiérrez, no les ha pasado nada.


El afectado alcalde de Medellín Daniel Quintero, también se refirió a la sanción que le impusieron y, a través de su cuenta de Twitter, dijo: “Ha iniciado el golpe de estado en Colombia. La democracia está en riesgo. Quieren sacarnos del cargo para intervenir en las presidenciales. Uribe y Cabello acordaron sacarme del cargo. No pasarán”.


El candidato presidencial del Pacto histórico, Gustavo Petro, también se pronunció ante esta decisión de la Procuraduría y en redes sociales escribió: “Golpe de Estado en Medellín. Le pido a toda la ciudadanía y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos defender el voto popular. La Procuraduría no puede evadir el mandato popular”.


Fuente: BBC (GRAN BRETAÑA) / W RADIO

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