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Tras denuncias a Cabal, ahora quisieron atentar contra la vicepresidenta

La Policía avisó de la presencia de explosivos en la zona del Pacífico a la que se dirigía el martes. La región está sumida en una guerra entre el Clan del Golfo y el ELN.


“Otra vez se salvó la vicepresidenta Francia Márquez”, tituló un noticiero de Medellín la nota sobre una nueva denuncia de un posible atentado contra la dirigente colombiana. Es la segunda vez este año que su seguridad alerta de explosivos en inmediaciones de lugares que visitará. En enero, fueron encontrados siete kilos de material explosivo en el camino hacia su casa en Yolombó, en el Cauca, y este martes, mientras se dirigía a Cacarica, en el Chocó, la Policía le advirtió que corría el mismo riesgo.

La vicepresidenta contó que las autoridades le recomendaron cancelar su visita porque no le podían garantizar que iba a estar segura. “Llegué al aeropuerto, se me arrimó un policía de los mandos de la región y me dijo: ‘No está segura la región, al parecer hay información de explosivos que han colocado y ponemos en su consideración las posibilidades de ir o no ir al acto de reconocimiento”, contó Márquez, que decidió asumir el riesgo.


En Cacarica la esperaban para un acto de perdón en el que el Estado reconocería su responsabilidad en la operación militar Génesis, que generó el desplazamiento de 23 comunidades en febrero de 1997. En 2013, la CIDH declaró la responsabilidad del Estado en los desplazamientos forzados contra poblaciones negras que históricamente han habitado la cuenca del río Cacarica. “Reconocemos que ha existido un alto grado de impunidad y rechazamos la crueldad infligida en este caso contra las comunidades negras para intimidar, castigar, controlar, coaccionar y desalojar a sus miembros”, dijo la vicepresidenta ante una población que sigue sufriendo violencia. La guerra se recrudece en el Chocó colombiano El ELN decreta un paro armado e impide el movimiento de personas en varias regiones de Colombia

Cielo Rusinque, miembro del Gobierno y una de las acompañantes de Márquez en el viaje, también denunció el riesgo de un atentado en el Chocó. En un mensaje que publicó en Twitter contó que habían asumido el peligro aun sabiendo que posiblemente había explosivos en la zona. “Fuimos porque había que cumplirle a la comunidad y volvimos felices de haberlo hecho”, escribió la funcionaria. La violencia en la que está sumida la región ha hecho que sucesos como el denunciado por la vicepresidenta no sorprendan a sus habitantes y son una muestra más de la incontrolable inseguridad, que amenaza incluso a funcionarias del nivel de Francia Márquez. Jair Mosquera, periodista de Caracol Radio en el Chocó y director de la emisora Platino Stereo, en Istmina, cuenta que en algunas zonas de ese departamento es “normal” escuchar que han encontrado explosivos. La mayoría, señala, los detectan a tiempo, pero la población vive en una zozobra permanente. Este miércoles, apenas unas horas después de la denuncia de Márquez, Mosquera publicaba en el portal de su emisora una noticia sobre la ubicación de un artefacto explosivo en El Tigre, un caserío del Chocó.

“Lo de la vicepresidenta se puede leer como un hecho que no es totalmente aislado a lo que está sucediendo en el Chocó, donde hay una disputa entre dos grupos, que usan los explosivos como una forma de marcar territorio”, explica el periodista. “Más de una vez no se han detectado a tiempo y han afectado sobre todo a campesinos”. La alerta de la vicepresidenta desvela el riesgo a su seguridad, pero además la grave situación de violencia que vive el Chocó, en medio de la guerra entre el Clan del Golfo y el ELN. Los líderes sociales son hostigados, cuando no es que son asesinados, como ocurrió la semana pasada con José Eduardo Cárdenas, un líder comunal de Quibdó. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta y pidió la presencia institucional en la región para proteger a la población, atemorizada por los enfrentamientos entre estructuras de crimen organizado, como el Clan del Golfo, y guerrilleros del ELN.


“En los últimos días, se han reportado varios casos de homicidios selectivos, desplazamiento forzado, confinamiento y amenazas contra la población civil”, ha alertado la Defensoría. La denuncia de la vicepresidenta en su viaje al Chocó se conoció horas después de que el fiscal general, Francisco Barbosa, asegurara que había sido informado de que Márquez corría peligro también en su natal departamento del Cauca. “Francia Márquez nos informó de que no tenía garantías de seguridad para ingresar al Cauca y que la UNP (Unidad Nacional de Protección) y la Policía nacional le enviaron una comunicación por escrito diciendo que no le garantizaban la seguridad”, indicó Barbosa.


“Es nuestra vicepresidenta y tenemos que protegerla”, aseguró. El experto en seguridad y analista Jairo Libreros ha calificado de “inexcusable” la fragilidad en la seguridad de la vicepresidenta, tras la cadena de alertas. “Se confirma que el crimen organizado controla sin mayores dificultades territorios en el suroccidente del país, en donde se mueve con libertad de acción para planificar atentados en contra de la vicepresidenta, cuya seguridad personal no puede depender solo de su dispositivo de protección”, señaló Libreros al diario El Tiempo. Antes de formar parte del Gobierno, Francia Márquez fue una líder ambiental que se enfrentó a grandes mineras por su comunidad de Suárez, en el Cauca.


Por su visibilidad en la lucha social ha sido amenazada y ha sufrido atentados. En la campaña presidencial tuvo que ofrecer sus discursos en la plaza pública rodeada de guardaespaldas y escudos para protegerse de posibles atentados. La reciente polémica por el uso de un helicóptero para viajar a su casa en Dapa, en el Valle, ha desviado el debate sobre la seguridad de una de las figuras de más alto perfil en el Ejecutivo; es la primera vez que la vicepresidencia es ocupada por una mujer negra, surgida en el movimiento social.


Desde que llegó al cargo, Francia Márquez ha enfrentado insultos, calumnias y una violencia que ella ha señalado de racista y clasista. Explosivos en las vías, un peligro latente El Comité Internacional de la Cruz Roja dice que es imposible saber cuántos estudiantes en Colombia han dejado de ir a la escuela porque cerca de ella había un explosivo o cuántas personas perdieron sus medios de subsistencia por no poder transitar libremente.


Sin embargo, advierte de que estos artefactos son una amenaza constante, sobre todo en las vías rurales. Según la organización, la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos continúan generando múltiples consecuencias humanitarias como el confinamiento, el desplazamiento, afectaciones psicológicas y zozobra en buena parte del país.

El año pasado hubo 515 víctimas de minas antipersona, restos explosivos de guerra, artefactos lanzados y artefactos de detonación controlada. 56 personas fallecieron y el resto sobrevivió con secuelas físicas y psicológicas.



Fuente: EL PAÍS

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