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Tras presión social, Gobierno de facto peruano aceptaría adelantar elecciones


A través de Twitter, la Presidencia peruana, liderada por Dina Boluarte, lamentó que el Legislativo no aprobara un proyecto para la organización de comicios anticipados en 2023 y llamó a los parlamentarios a "deponer sus intereses partidarios y colocar por encima los intereses del Perú". El lunes se volverá a evaluar la opción en el Congreso, aunque las bancadas aún parecen lejos de ponerse de acuerdo.

La búsqueda de una salida política más rápida para aliviar la crisis institucional en Perú se topó con un primer rechazo del Congreso, que descartó un proyecto de adelanto de elecciones para 2023, aunque dejó abierta la posibilidad a seguir discutiéndolo el lunes próximo. En su primera reacción al infructuoso debate de ocho horas en el Parlamento, el Gobierno de Dina Boluarte -que en la víspera había instado al Legislativo a adelantar los comicios para diciembre de este año- lamentó que "el Congreso de la República no haya logrado ponerse de acuerdo para definir la fecha de las elecciones generales, donde peruanas y peruanos puedan elegir libre y democráticamente a las nuevas autoridades".

"Exhortamos a las bancadas a deponer sus intereses partidarios y colocar por encima los intereses del Perú", añadió la Presidencia del país en su cuenta oficial de Twitter. En el breve texto, la oficina de Boluarte remarcó que "nuestras ciudadanas y ciudadanos esperan con prontitud una respuesta clara que permita allanar una salida a la crisis política y construir la paz social". Boluarte, que llegó al poder tras la renuncia de Pedro Castillo el 7 de diciembre pasado, ha ido modificando su postura frente al reclamo popular, que además del adelanto de elecciones, exige su dimisión, la disolución del Congreso y el llamado a una asamblea constituyente. Si al asumir expresó su deseo de completar el mandato hasta 2026, las protestas posteriores la empujaron a impulsar un proyecto para celebrar los comicios en 2024. Pero esto no conforma a los manifestantes, lo que llevó a Boluarte a exigir, ahora, un anticipo para diciembre de 2023.

El proyecto de adelanto de elecciones choca con la división política en el Congreso

En la noche del viernes 27 de enero, el Congreso rechazó un proyecto del fujimorista Hernando Guerra García, que planteaba la celebración de elecciones generales en octubre de 2023 para permitir que el nuevo Legislativo asuma el 31 de diciembre de 2023 y el nuevo Gobierno el 1 de enero de 2024. Además, la propuesta establecía, de manera excepcional, que el mandato de ambos poderes se extienda seis meses más de lo establecido por la Constitución, hasta julio de 2029, para retomar en el siguiente período la tradicional toma de posesión del 28 de julio, día de la Independencia del país. Al tratarse de un proyecto que supone una reforma constitucional, este debe ser aprobado por 87 parlamentarios en dos legislaturas consecutivas, o contar con un mínimo de 67 para que pueda ser sometido a un referendo. Pero en la votación del viernes, apenas 45 congresistas apoyaron el texto, 65 se manifestaron en contra y 2 se abstuvieron. No obstante, el presidente del Congreso, José Williams, informó que se introdujo un pedido de reconsideración y el pleno volverá a votar sobre la propuesta el lunes.

Detrás del estancamiento hay dos elementos. Por un lado, algunos congresistas, reacios a cualquier adelanto de las elecciones, no aceptan llevar el calendario electoral anticipado más atrás de 2024.


Por otra parte, existe una marcada división entre las bancadas, que plantean demandas opuestas para aprobar el anticipo de los comicios. La izquierda pide convocar a una asamblea constituyente, algo que los conservadores no están dispuestos a aceptar. Y la derecha pide reformas estructurales como la creación de un sistema bicameral que, de facto, permitiría a los legisladores, hoy sin posibilidad de reelección, perpetuarse en el Parlamento al saltar entre cámaras, alternativa que los sectores progresistas no quieren aprobar.


Las protestas no se apagan y dejan al menos 64 muertos


El adelanto de las elecciones es visto por Boluarte y varios dirigentes y analistas como una vía para calmar las demandas de los manifestantes, que mantienen movilizaciones y bloqueos en todo el país, en rechazo a la casta política. De ahí que las dilaciones entre los parlamentarios no hacen más que avivar el fuego.


Desde el 11 de diciembre pasado, según datos recogidos por diversas instituciones, ya son 64 las personas que han muerto en el contexto de las protestas, principalmente por la represión policial, sobre todo en zonas rurales.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 46 personas que participaban en las manifestaciones han fallecido por el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, mientras que un policía murió tras ser quemado vivo por manifestantes.


Además, otras 11 personas murieron en episodios ligados a los bloqueos de carreteras y un deceso confirmado por la policía en la región norteña de La Libertad.


En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) confirmó la muerte de cuatro haitianos que necesitaban atención médica y no la obtuvieron por los piquetes, al igual que un bebé nonato reportado por Unicef.



Fuente: FRANCE 24 (FRANCIA)

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